El gobierno de Uruguay rechazó este lunes la solicitud de asilo político que el expresidente peruano Alan García emitió en la embajada de este país en Lima.
El pasado 18 de noviembre el exmandatario solicitó asilo político a Uruguay después de que se le prohibiera salir de Perú por 18 meses debido a la investigación que se lleva a cabo por su presunta implicación en el caso de corrupción de Odebrecht.
La primera razón expuesta por parte de la administración uruguaya fue que en Perú funcionan automática y libremente los tres poderes del Estado, especialmente el sistema de justicia, el cual está llevando a cabo las investigaciones de los eventuales delitos económicos del líder del Partido Aprista Peruano.
Además, Vázquez aseguró que estudió el expediente que el gobierno de Perú le mandó respecto al caso del exmandatario, así como los argumentos de los abogados de Alan García, y una carta que éste último le envió. Agregó que su equipo dejó de lado las opiniones que le remitieron la ONG y dirigentes políticos.
El Canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, quien acompañó a Vázquez a la conferencia de prensa, agregó que el Artículo IV de la Convención sobre Asilo de Caracas de 1954 establece que no es ilícito conceder refugio político a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios y por delitos comunes.
Nin Novoa también citó el libro “Derechos sobre asilo diplomático” del jurista Manuel Vieira, quien señaló que el derecho de asilo constituye uno de los factores fundamentales para la protección de las vidas humanas, cuya única culpa es la de clamar por la libertad de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas.
En ese sentido, el Canciller explicó que Vieira refirió en su libro los graves peligros que puede causar el mal uso del asilo para impedir el accionar de la justicia proclamando así la impunidad.