La confrontación entre el gobierno regional de Cataluña y el Gobierno de España no cesa, y a seis días del referéndum unilateral convocado por las autoridades catalanas nadie cede un mínimo en sus posturas.
Mientras los independentistas parecen dispuestos a todo para llevar a cabo la consulta del próximo domingo -aun sin las condiciones propicias- el Estado español despliega todos sus recursos para impedirla.
El gobierno regional ya ha advertido de que, en caso de que el resultado en las urnas sea a favor de la independencia, iniciarán el proceso separatista de manera unilateral.
Pase lo que pase este 1 de octubre, todo parece indicar que el conflicto entre Madrid y Cataluña no ha hecho más que comenzar.
Una muestra de la tensión que se vive en el país ibérico fue la movilización sin precedentes del pasado jueves 21 de septiembre, cuando miles de catalanes salieron a las calles para protestar por el operativo de la Guardia Civil un día antes y la detención de 14 funcionarios del gobierno catalán vinculados a la organización del referéndum.
La mayoría de los manifestantes, liderados por las organizaciones independentistas Ómnium y Asamblea Nacional Catalana, se concentraron frente al Tribunal de Justicia catalana para exigir la liberación de los detenidos.
El viernes, la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia en contra de los líderes de ambas organizaciones por actos de sedición. La vía legal y la intervención financiera han sido los principales mecanismos del Estado en contra de la organización de la consulta.
Ante el temor que las manifestaciones se prolonguen e intensifiquen en los próximos días, el gobierno central continúa movilizando a miembros de la Guardia Nacional hacia Cataluña.
El portavoz del gobierno español justifica el envío de efectivos policiacos a Cataluña argumentando que se deben evitar las manifestaciones multitudinarias. Igualmente ha recalcado que el referéndum no se va a celebrar y que el Estado dispondrá de todas las medidas legales para evitarlo.
Contra la pared
Precisamente la operación de la Guardia Civil efectuada el pasado miércoles 20 de septiembre -la más importante contra el referéndum hasta la fecha- ha dejado a los organizadores en una situación tan adversa que compromete la celebración de la consulta.
El golpe no fue solo por la detención de los 14 funcionarios ligados directamente a la organización de la jornada de la consulta, sino por el decomiso de insumos vitales para la misma, entre los que se encuentran 10 millones de boletas electorales.
Aunque en lo público los principales impulsores del referéndum, comenzando por el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, siguen insistiendo en que habrá consulta, las condiciones están totalmente en su contra.
No solo es la logística para la organización de la consulta lo que está comprometida, sino que las condiciones precarias en las que hipotéticamente se realizaría sería un argumento perfecto para cuestionar cualquier legitimidad, sobre todo tomando en cuenta que ningún gobierno extranjero -a excepción de Venezuela- ha respaldado el referéndum catalán.
Puigdemont insiste en que a pesar del panorama adverso el referéndum se realizará porque tiene previstos planes de contingencia en caso de una intervención de la autoridad central.
“(El referéndum) se hará sobre todo porque se tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Quiero apelar a la gente a que siga defendiendo su celebración hasta el 1 de octubre, con el mismo entusiasmo, civismo y firmeza con que lo ha hecho hasta ahora”, declaró Puigdemont.
Una de las últimas medidas anunciadas, ante la falta de espacio para la instalación de centros de votación, ha sido la utilización de cerca de 80 unidades móviles de atención médica del Departamento de Salud de la Generalitat (Ejecutivo catalán) como colegios electorales.
A pesar de la insistencia de Puigdemont y los impulsores del referéndum sigue habiendo muchas dudas sobre la operación del día de la jornada, como por ejemplo la forma en que serán seleccionadas y notificadas las personas que estarán en los centros de votación, el mecanismo para el escrutinio de votos, entre otras interrogantes.
El Gobierno de España detuvo el miércoles pasado a 14 funcionarios del gobierno catalán vinculados a la organización del referéndum
Quieren referéndum
De acuerdo a encuestas recientes de algunos medios en Cataluña, la población aprueba la consulta:
55 a 60
57 a 61
48
Lo que dicen los números
A pesar de que algunas de las más recientes experiencias electorales han demostrado que los sondeos no son siempre un vaticinio de lo que al final ocurre en las urnas, los resultados de recientes encuestas en España reflejan la división que se vive en torno al referéndum.
En una encuesta encargada por el Gobierno de Cataluña en junio de este año, 49 por ciento de los catalanes encuestados se oponían a la independencia, y un 41 se manifestaron a favor, mientras que un 48 por ciento apoyaba a que se realizara la consulta.
Sin embargo, en los últimos días, encuestas de algunos diarios o de forma independiente muestran una tendencia a la alza en cuanto a las preferencias para el sí, con una franja que va del 57 al 61 por ciento aproximadamente.
De igual forma, entre un 55 y 60 por ciento -según la encuesta- está a favor de que se celebre la consulta aún con la oposición del gobierno central, independientemente del sentido de su voto.
“Quiero apelar a la gente a que siga defendiendo su celebración hasta el 1 de octubre, con el mismo entusiasmo, civismo y firmeza con que lo ha hecho hasta ahora”
