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"Este es un trágico caso que activistas ya están aprovechando para argumentar contra cualquier tipo de cambios (migratorios)"
Existen circunstancias especiales que permitirían a los fiscales buscar la pena de muerte contra el mexicano
Ni dos deportaciones, ni un arresto por tráfico de drogas en Arizona detuvieron a Luis Enrique Monroy Bracamonte de realizar un crimen que ahora pone en jaque a la administración del presidente Barack Obama.
La justicia de Estados Unidos (EU) señala a Monroy, de 34 años, como el responsable de asesinar a dos sheriffs del norte de California en un tiroteo de seis horas, el pasado viernes.
La cuestión es que el mexicano ya había sufrido dos deportaciones, una en 1997 y otra en el 2001, cuando lo arrestaron por tráfico de armas y drogas en Arizona.
“Cómo escapó a ser detectado es un misterio”, publicó el domingo CBS Sacramento.
“Su historial ciertamente lo habría marcado para expulsarlo del país otra vez, pero se mantuvo fuera del radar hasta su arresto el viernes bajo sospecha de asesinato, intento de homicidio y robo de automóvil con violencia”.
Ahora los analistas vaticinan que Obama afrontará una nueva crisis de migración, pues los grupos conservadores están cuestionando el sistema de control y deportaciones.
“Este caso muestra que nuestras leyes no se están ejecutando y hay trágicas consecuencias al no hacerlas cumplir”, expresó a la prensa Ira Mehlman, vocero de la Federación para la Reforma Migratoria (FAIR), que pide más restricciones.
Burla al sistema
Desde el inicio de su primera gestión, en el 2008, el Gobierno de Obama ha deportado cerca de 2 millones de personas bajo tres prioridades: aquellos que sean una amenaza a la seguridad, aquellos con un serio historial migratorio y los recién llegados.
Pero esto no detuvo a Luis Enrique Monroy, quien vivía en Utah bajo el nombre de Marcelo Márquez junto a su esposa Janelle Márquez Monroy, una ciudadana estadounidense que también está implicada en el caso como cómplice.
Ambos esperan sentencia en una prisión del Condado de Sacramento.
Incluso, registros estatales de Utah muestran que el mexicano acumula 10 violaciones de tránsito desde el 2003 al 2009, pero evitó que se descubriera su estatus migratorio.
El suegro del sospechoso, Mauro Márquez, confió a Los Angeles Times que siempre lo conoció como Luis Monroy y que trabajaba como pintor.
Las autoridades aún desconocen qué motivó el asesinato de los policías ni cómo consiguió el sospechoso un rifle AR-15, arma con la que disparó.
“El reporte de 13 páginas, que el juez de Sacramento leyó completo, también enlista circunstancias especiales en su contra, incluido asesinato de un oficial activo y evasión de arresto, lo que permitiría a los fiscales buscar la pena de muerte”, reportó ayer The New York Times.
Un caso de miles
La historia de un migrante que burla varias deportaciones no es exclusiva de Monroy, agrega el diario neoyorquino.
El Instituto de Política Migratoria estima que del 2003 al 2011 cerca de un tercio del 1.1 millón de deportaciones fueron casos de migrantes que ya habían afrontado expulsiones previas.
El Centro de Estudios de Inmigración reporta que el 60 por ciento de las deportaciones que hizo el Sistema de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el 2013 fueron a extranjeros expulsados en ocasiones anteriores.
“(El caso de Monroy) es sintomático de todo el sistema”, argumentó a AP Peter Nunez, quien pertenece a esta organización, que busca una política más restrictiva.
Hay otros que insisten en que esto es caso de violencia aislada, difícil de predecir y que los conservadores usarán con motivos políticos.
“Cerrar la frontera, deportar a todos y no dejar a nadie entrar en futuro, siquiera como turista para ir a Disneyland, les parece la única respuesta, y esa no es realmente una solución”, indicó a AP Dan Kowalski, un abogado de migración de Austin.
