Ultimátum a Cataluña

El gobierno español ha dado como plazo máximo hasta el próximo jueves para que Carles Puigdemont, presidente del gobierno autonómico catalán, aclare si en su comparecencia del pasado 10 de octubre declaró o no la independencia de Cataluña.

Mariano Rajoy ha vuelto a emplazar a Puigdemont a que vuelva a la legalidad como condición para cualquier diálogo con los independentistas, mientras ya prepara la respuesta del Estado en caso de que continúe la indefinición del dirigente catalán.

El aparato del gobierno español, con el respaldo del PSOE, principal partido de oposición, alista la aplicación del artículo 155, que, aunque no suspendería el gobierno autonómico sí podría implicar medidas como la convocatoria a nuevas elecciones o el despliegue de efectivos de la policía para retomar la legalidad.

El citado artículo, que no ha sido invocado en los 40 años de vida de la Constitución española, faculta al Estado para tomar las ‘medidas necesarias’ en caso de que alguna de las comunidades autonómicas no cumpla con sus obligaciones de ley o en su actuación afecte al interés general de España.

La redacción del artículo, sin embargo no incluye medidas concretas ni específicas para obligar el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, lo que permite al gobierno, en teoría, un amplio margen de maniobra para intervenir en supuestos especiales.

Sin embargo, integrantes del gobierno han descartado por el momento la suspensión plena del aparato gubernamental regional u otras medidas excepcionales como el estado de sitio, aunque algunas de las primeras medidas estarían enfocadas en el control de las áreas financieras y los cuerpos de seguridad catalanes.

Mientras tanto, la ‘Guerra Fría’ se mantiene entre las autoridades catalanas y el Estado español, con un Carles Puigdemont que se mantiene en la indefinición en un intento de prolongar la incertidumbre hasta el máximo posible, y el gobierno central trasladando la responsabilidad al líder catalán sobre las medidas extraordinarias que se pudieran adoptar.

Después de su discurso del 10 de octubre en el Parlamento catalán, Puigdemont inauguró un nuevo episodio en el pulso que mantiene con el gobierno español, proclamando la independencia, pero suspendiendo su ejecución indefinidamente en vías de buscar el diálogo.

El mensaje del líder catalán no fue bien recibido por los partidarios más fervientes de la proclamación de independencia, ni por algunos aliados de Puigdemont que no dejan de exigir que declare unilateralmente la independencia.

El gobierno español por su parte ha pedido al presidente catalán que aclare si ya ha declarado o no la independencia, y en caso de haberlo hecho que rectifique para volver al cauce de la legalidad.

El plazo vence este jueves a las 10 horas (tiempo local), aunque desde el gobierno asumen que las posibilidades de un paso hacia al frente de Puigdemont son casi nulas, por lo que el viernes el Consejo de Ministros podría dar a conocer las medidas de intervención en Cataluña. Un nuevo episodio del conflicto es inminente.

Respuesta a medias

Apenas el día de ayer, unas horas antes de que venciera el primer plazo establecido por el gobierno español, Carles Puigdemont respondió al requerimiento de Mariano Rajoy sin esclarecer el sentido de su pronunciamiento hace una semana.

A través de una carta enviada al Ejecutivo español, Puigdemont mantuvo la ambigüedad sobre si fue declarada o no la independencia en la región, y volvió a hacer un llamado al diálogo, asegurando que la prioridad de su gobierno es agotar la vía de la negociación, asegurando que la suspensión de la declaración de independencia es una muestra de la voluntad de encontrar una solución y evitar el enfrentamiento.

En el documento de cuatro hojas, el presidente catalán pidió un encuentro con Rajoy para llegar a acuerdos y que se termine con la represión contra el pueblo y el G﷯obierno de Cataluña y ofreció un plazo de dos meses para abrir un camino de negociación en donde se incluyan a mediadores externos.

“No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución”, pide Puigdemont en la misiva.

La repuesta del gobierno de España fue casi inmediata, y por la misma vía, a través de una carta, lamentó que Puigdemont no haya respondido con claridad al requerimiento del Estado y confió en que en las próximas horas responda con la claridad que exigen las circunstancias.

“Prolongar esta situación de incertidumbre sólo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña”, dijo el jefe de Estado español.

Por su parte, la Vicepresidenta Soraya Sáenz coincidió con la postura de Rajoy y calificó la respuesta de Puigdemont como insuficiente y que lo único que hace es que se prolongue la situación de forma deliberada. De igual forma invitó al presidente catalán a formular sus planteamientos en el Congreso español.

Pedro Sánchez, líder del PSOE calificó como ‘absolutamente inadmisible’ la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Estado español y confirmó que preparan un acuerdo con el gobierno para la aplicación del artículo 155.

Encarcelan a líderes por delito de sedición

Anoche, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana y Jordi Cuixart, responsable de Ómnium Cultural, dos de las organizaciones más activas en pro del independentismo fueron ingresados a prisión por Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional.

Los dirigentes fueron imputados por el delito de sedición por presuntamente dirigir y movilizar a miles de manifestantes los días 20 y 21 de septiembre para intentar impedir que se llevara a cabo un operativo del Estado en contra de la organización del referéndum del 1 de octubre.

Esos días, más de 40 mil personas protestaron frente a la Consejería de Economía del gobierno catalán en protesta por la detención de 11 funcionarios que participaban en la organización del referéndum, dificultando la labor judicial y causando daños a algunos vehículos.

En su argumento, la jueza determinó que los hechos no constituyeron una protesta ciudadana aislada, ni casual ni convocada pacíficamente, sino que formaron parte de una compleja estrategia elaborada por Sánchez y Cuixart, lo que constituye un delito de sedición.

De igual forma, Lamela prohibió la salida del país de Josep Lluís trapero, jefe de los Mossos d’Esquadara (la policía catalana), quien está siendo investigado por la inacción de este cuerpo antes y durante el referéndum del 1-O.