A sólo unas semanas de que el presidente de Túnez, Kais Saied, declarara que asumiría nuevos poderes al frente de su país, el mandatario encomendó a Najla Bouden Ramadhane como su primer ministra.
Con esa noticia, los tunecinos tendrán por primera vez a una mujer bajo ese puesto, dejándole diferentes tareas por delante, como formar un nuevo gobierno.
De acuerdo con la doctora Beatriz Escobar, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, la nueva funcionaria tiene la oportunidad de afrontar ese reto principalmente por un aspecto: el no haber llegado de parte de ningún partido político.
“En los últimos años, en Túnez han habido muchas confrontaciones entre partidos, y el que ella no venga de ese entorno puede ofrecer un espacio de oportunidad para tener acuerdos con actores que antes no se hubieran sentado en la misma mesa”, señala.
Asimismo, detalla que otro de sus puntos a favor puede ser su experiencia en el Ministerio de Educación, donde estuvo muy vinculada con los jóvenes. En ese sentido, puede impulsar a ese sector de la población en el mercado laboral y así tratar de ayudar a enfrentar el desempleo.
Sin embargo, la doctora hace ver que uno de los cuestionamientos en torno a la primer ministra, es que no tiene una formación económica, lo cual es importante hoy en día para Túnez debido a la crisis por la pandemia que ha debilitado al país, principalmente a su turismo.
“Es todavía una moneda en el aire, no se sabe cómo va a funcionar este nuevo gobierno (…) Pero creo que el hecho mismo de que suba una mujer a este cargo es algo digno de resaltarse y que va en contra de esta idea que generalmente se tiene de relegar a la mujer a un segundo término en todos los países árabes”
El nombramiento de esta nueva líder política, de 63 años, se produce en medio de múltiples críticas en torno al jefe de Estado, principalmente impulsadas por algunos grupos políticos.
Los partidos Corriente Democrática y Afek Tounes, por ejemplo, dieron a conocer a través de un comunicado que denunciaban al gobierno de Saied como un golpe contra la Constitución, pues el presidente “ha perdido su legitimidad” al imponer sus decisiones políticas individuales como hechos consumados.
Así también, el Partido de los Trabajadores dio un total rechazo a su mandato, señalándolo de “tiránico” luego que Saied detuviera las funciones del Parlamento y congelara los salarios de los congresistas.
