Este viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió una demanda del Gobierno de México contra varios fabricantes de armamento estadounidenses por su responsabilidad en la violencia en nuestro país. En los próximos días decidirá si procede bajo la ley federal.
En 2021, México demandó a ocho empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos, acusándolas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito hacia las bandas criminales. La acusación fue presentada por Marcelo Ebrard, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Posteriormente, un juez desechó la demanda que reclama 10 mil millones de dólares como indemnización citando el Acta de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 que otorga inmunidad a las empresas armamentísticas ante litigios de carácter civil, y que les ha protegido incluso en casos de tiroteos masivos escolares.
No obstante, en enero de 2024 jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston revivieron la demanda al considerarla ajustada a una excepción de la ley que permite exigir responsabilidades a las armamentistas cuando sus perjuicios se relacionan con la normativa local o estatal.
Los fabricantes de armas acusados, entre los que destacan Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, solicitaron al Tribunal Supremo que revierta esta decisión impulsada por una corte inferior.
Sin embargo, México afirma que los empresarios tenían conocimiento de que las armas se estaban vendiendo a organizaciones delictivas, por lo que presentó pruebas que hicieron proceder la demanda hasta la máxima instancia de justicia estadounidense.
Aunque la Corte todavía analizará las pruebas presentadas por ambas partes, cabe señalar que la industria armamentística estadounidense cuenta con múltiples recursos legales que la protegen ante casos similares.
Con información de EFE
