Todos a investigar los #PanamaPapers

Las revelaciones sobre lavado de dinero a nivel internacional hechas por el Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación han puesto a trabajar a las autoridades del mundo.

La presunta red de evasión fiscal que operaba en Panamá a través del gabinete de abogados Mossack Fonseca desató una serie de investigaciones en Francia, España, Islandia, Italia y, obvio, México, no es la excepción.

Nuevamente una filtración, como se hizo con WikiLeaks, pone en evidencia a los grupos de poder. Los rastreos de delincuencia financiera de las naciones implicadas quedaron mal parados.

Las fiscalías francesa y española abrieron una investigación preliminar por blanqueo de fraude fiscal agravado. En un comunicado el gobierno francés aseguró que el sistema de evasión fiscal develado por el trabajo periodístico es susceptible de involucrar a más personas que residen en Francia y por eso es imperativo indagar.

El propio presidente François Hollande prometió que toda la información que sea publicada dará lugar a investigaciones por parte de los servicios fiscales del país.

La revelación de los datos es ya un escándalo internacional. A unas cuantas horas de que fue dado a conocer por decenas de medios internacionales se hizo trending topic en las Twitter.

Las reacciones de los gobiernos no se hicieron esperar. En todos los países involucrados, sin excepción, se lanzaron comunicados presumiendo que se tomarán cartas en el asunto.

En México, Aristóteles Núñez Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adelantó que realizarán las investigaciones que sean necesarias. Señaló que los paraísos fiscales se utilizan siempre con tres objetivos: protección de activos, confidencialidad y evasión fiscal.

El funcionario dijo que se tiene, primero, que establecer en cuál de estos supuestos están los mexicanos presuntamente involucrados. Aseguró que tener inversiones en países considerados paraísos fiscales no es en sí un delito, pero que si esas operaciones generan rendimiento o intereses y no se declararon en tiempo y forma entonces sí es causante de delito en México.

“Se tienen que revisar los nombres que son públicos. ¿Quiénes de ellos sí pudieron presentar en su declaración anual sus rendimientos? Si se acogió al pago anónimo o si puede entrar en el programa de retorno de inversiones que está vigente hasta junio.

De encontrarse que los presuntos implicados no cumplieron con sus obligaciones fiscales estarían obligados a pagar 30 por ciento de los montos totales y una multa que podría ser equivalente al 100 por ciento de lo no declarado. El daño fiscal, de ser comprobado, alcanzaría prisión desde tres meses hasta cuatro años.

El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que su partido celebra que se hayan dado a conocer estas filtraciones para que la Secretaría de Hacienda investigue y castigue si existen responsables.

“Todos, sin excepción, empresarios, políticos, artistas, deportistas. La autoridad en México tiene que determinar  si efectivamente el dinero que tienen esos paraísos fiscales corresponde a lo que han declarado en nuestro país. Y si no fuera así, aplicar las sanciones correspondientes; no importan los nombres, ni el nivel social, ni la filiación partidista que tengan”, advirtió.

El extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aseguró que el SAT no persigue a quien acumula riqueza, sino a quien se burla de las leyes fiscales del país.

La IP se suma

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la revisión del caso por parte de las autoridades mexicanas tienen que ir en serio y a fondo.

“Todos los mexicanos tenemos que pagar nuestros impuestos. En la generación de valor hay un impuesto que es el Impuesto Sobre la Renta (ISR); todos debemos contribuir con el erario. Si las operaciones se clarifican y hay responsabilidades se tiene que ejercer y si están dentro de la ley tiene el derecho de argumentar los mecanismos”, dijo Juan Pablo Castañón, titular de la organización empresarial.

“Se debe de investigar, que se aclare y que se encuentren los mecanismos que estén fuera del marco legal y jurídico. Y los que sean así, pues que se les sancione y se llegue hasta las últimas consecuencias”, expuso Castañón