El informe ‘Rápido y Furioso: Anatomía de una operación fallida’ no contempla una posible indemnización a las víctimas mexicanas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha fallado en todo con Rápido y Furioso. Falló en hacer cumplir la ley, en garantizar la seguridad pública y en hacer rendir cuentas a los responsables de esta operación “mortal y desastrosa”.
A estas conclusiones llegan los congresistas estadounidenses Darrel E. Issa y el Senador Charles E. Grassley, en la segunda entrega de su informe “Rápido y Furioso: Anatomía de una operación fallida”, del que Reporte Indigo tiene copia. El Comité Judicial y de Vigilancia del Congreso de EU opina que en los 19 meses que lleva la investigación sobre el caso Rápido y Furioso, los oficiales del Departamento de Justicia “no han hecho nada”.
Estados Unidos no debe tolerar otro “Rápido y Furioso”. El Departamento de Justicia no debe ser manager ausente de las agencias que implementen operativos así.
Issa y Grassley han sostenido posturas bastante críticas contra el procurador de justicia Eric Holder y el Departamento de Justicia en torno de este caso, desde hace meses.
Ahora que ha empezado en México una nueva legislatura, los diputados federales Manuel Huerta, del PT, y Aleida Alavez. del PRD, han iniciado pláticas con ambos estadounidenses en vías de conformar una agenda común y de manera inmediata exigir resultados.
Mientras el Congreso de Estados Unidos ha entregado dos de tres partes de un informe detallando lo ocurrido en torno a las responsabilidades del caso “Rápido y Furioso, en México las autoridades solo han presentado documentos que deslindan a funcionarios del gobierno mexicano de responsabilidad.
Eric Holder, procurador de justicia estadounidense, ha reconocido que el operativo fallido estaba enfocado en atacar en especial el liderazgo y bienes del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, las armas de “Rápido y Furioso” acabaron algunas veces en las manos de otros cárteles, como Los Zetas, a quienes se les relacionó con el asesinato de Jaime Zapata, agente de ICE, el 16 de febrero de 2011 en San Luis Potosí.
En las 104 páginas del informe de los congresistas estadounidenses, aparece en más de 20 ocasiones alguna referencia a México.
No obstante, resulta notorio que ninguna referencia aborda el tema de una posible indemnización a las víctimas mexicanas, lo cual luce como una grave omisión para con los connacionales que resultaron afectados por las torpezas en el desarrollo del operativo estadounidense.
En cambio, el informe sí aborda el caso de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza asesinado con un arma de “Rápido y Furioso” por el sinaloense Manuel Osorio Arellanes, en diciembre de 2010, quien hace unos días se declaró culpable de disparar contra el oficial, lo cual podría derivar para él en cadena perpetua.
En uno de los párrafos de las conclusiones, el documento, fechado en octubre 29 de 2012, se refiere que si bien el procurador Eric Holder ha calificado correctamente al operativo como “fundamentalmente defectuoso”, ha fallado en reconocer que la operación no fue estrictamente solo una aberración local.
De hecho, se asienta en el informe, “Rápido y Furioso tuvo muchos facilitadores entre los más elevados niveles del Departamento de Justicia”.
Los congresistas buscan que nunca se repita algo como “Rápido y Furioso”, para lo cual piensan que el Departamento de Justicia debe hacer cambios que aseguren que su personal no impulse o implemente operaciones “diseñadas pobremente”.
