"Procurar la adhesión de la ciudadanía a través del miedo y concebirla como objeto de sospecha y no como sujeto de derechos y libertades es propio de un estado autoritario”
El Colectivo Novecento considera que las sanciones contravienen los derechos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Los castigos consisten en la apertura de un expediente y en el pago de multas que pueden ir desde los 300 hasta los 6 mil euros
El pasado domingo 18, el Colectivo Novecento, un blog de economía crítica y pensamiento político, publicó una entrada bajo el título “#yosoy301”. Esta contenía un video de una campaña que ha surgido recientemente y que lleva ese nombre, aprovechando el alcance internacional que tuvo el movimiento #yosoy132, de cuya grabación inicial tomaron su estrategia.
La idea que comparten ambas campañas es la de sumar autoinculpaciones para dotar de legitimidad a una causa.
Así, el movimiento #yosoy132 surge a partir de un video realizado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana como respuesta a las declaraciones del Presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, quien dijo que las personas que increparon al entonces candidato a la presidencia y actual presidente electo, Enrique Peña Nieto, en su visita a la institución educativa, no eran universitarios.
En ese video, 131 jóvenes mostraron las credenciales que les identificaban como estudiantes de la Universidad Iberoamericana y, después, como muestra de solidaridad, alumnos de otras universidades aparecieron afirmando que ellos eran el número 132.
Por su parte, el video realizado por el Colectivo Novecento surge como una iniciativa solidaria con las 300 personas que fueron identificadas por la policía el pasado 27 de octubre (esto es, se les solicitó el Documento Nacional de Identidad y se anotaron sus datos) durante una manifestación pacífica que tuvo lugar en los alrededores del Congreso.
Esta se había convocado para protestar contra las políticas de recortes del gobierno y para exigir la dimisión del presidente conservador Mariano Rajoy así como la apertura de un proceso constituyente, que tiene como fin crear una nueva constitución adaptada las necesidades de la población.
Al día siguiente, la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que se abriría expediente a esas personas y que se les sancionaría con multas de entre 300 y 6 mil euros.
Es para impedir que se materialicen estas penalizaciones que surge la campaña #yosoy301. Y es que el Colectivo Novecento considera que aunque la protesta no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, la medida punitiva contraviene las leyes vigentes, las libertades recogidas en la Constitución y los derechos fundamentales expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, explica que aunque en el punto 2 del artículo 21 de la Constitución Española –que recoge el artículo 20 de la Declaración Universal por el que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y manifestación pacíficas– se indique que cuando se interrumpa el tránsito público las marchas deben ser comunicadas, el artículo 23 C de la Ley de Seguridad Ciudadana especifica que la falta de comunicación previa sólo podrá implicar sanción para los convocantes de la concentración.
Asimismo, señalan que según el artículo 513 del Código Penal, sólo se considerará ilegal la manifestación que se convoque para cometer un delito o en la que haya armas.
Así lo expone el colectivo en una petición para recoger, a través de la página Change.org, firmas con las que pretende exigir a la Delegación del Gobierno “la retirada inmediata de las sanciones” y “el pleno restablecimiento de las libertades de reunión y de manifestación pacíficas”.
En la exposición de motivos se hace hincapié en que “como se hizo saber enseguida desde la Comisión Legal Sol el mismo 28 de octubre, una reunión o manifestación no comunicada en ningún caso equivale a ilegal y las normas no contemplan que puedan ser sancionados los participantes”.
También recuerdan que sancionar a una persona sin una base legal es una práctica arbitraria de la administración y un comportamiento inconstitucional porque el artículo 9 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.
Participantes
En el video aparecen personas corrientes –un contable, un trabajador audiovisual, una profesora de inglés, una maestra de literatura, una jubilada y varios desempleados (un psicólogo, una traductora, un profesor universitario y un doctor en biología)– y otras no tan desconocidas.
Entre estas últimas destaca Alberto Garzón Espinosa, diputado en el Congreso a través del partido Izquierda Unida; Isaac Rosa, escritor, columnista del diario Público y colaborador en eldiario.es; Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y escritora; Yayo Herrero, ecofeminista y co-coordinadora estatal de Ecologistas en Acción; Carlos Morcillo, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); y académicos como Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia o Bibiana Medialdea, profesora de Economía en la Complutense.
El video, que comienza enumerando los motivos para protestar, expone las razones del Colectivo Novecento para emprender la campaña #yosoy301 y concluye con los participantes de la grabación diciendo su nombre, su número de DNI (Documento Nacional de Identidad) y afirmando que ellos también son el 301.
“Desde el Colectivo Novecento os invitamos a uniros a esta campaña #yosoy301 porque de esta situación solo se sale con más democracia. No podemos permitir que además de robarnos nuestros derechos económicos y sociales, acaben con nuestras libertades políticas básicas”, dice Ricardo Molero Simarro, miembro del grupo, en el video.
Razones para protestar
Entre los motivos para protestar los distintos participantes del video destacan el aumento de los problemas de salud mental como consecuencia de la crisis; el despojo de la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas; la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, a la que el diputado Alberto Garzón califica de “escandalosa”; el retroceso en materia de salud sexual y reproductiva y el desempleo de más de la mitad de los jóvenes que quieren trabajar.
También la modificación de la ley de costas, que supone, según uno de los participantes del video, una privatización encubierta del litoral; el hecho de que a finales de 2011 más del 57 por ciento de la deuda procediera de bancos y grandes empresas y que ahora “todas estemos pagando por ella”; que la banca sea la responsable de más de 500 desahucios diarios; y por último, los recortes educativos.
Libertades políticas
Pero además de recordar las razones para protestar, la campaña ha surgido con un propósito claro: reivindicar libertades políticas básicas, como el derecho de reunión y el de manifestación. Y es que desde el 15 mayo de 2011, 752 personas han sido sancionadas por acciones políticas relacionadas con el movimiento 15M.
Este dato es, para el Colectivo Novecento, la prueba de una estrategia “basada en infundir miedo a la población para que no ejerza sus derechos políticos” y “para que no exprese su disensión” que tanto el grupo como los participantes del video consideran antidemocrática.
“Procurar la adhesión de la ciudadanía a través del miedo y concebirla como objeto de sospecha y no como sujeto de derechos y libertades es propio de un estado autoritario”, expresó el abogado Endika Zulueta en el video.
