Sudán, al mando del general Al-Burhan tras nuevo golpe de Estado; estas son las consecuencias

Con banderas de su país sobre sus manos, miles ciudadanos de Sudán no han dejado de protestar en las calles. En Jartum, su capital, así como en diferentes ciudades de provincia, se han manifestado en contra de una única razón: el golpe de Estado de los militares.

El pasado 25 de octubre, el general Abdel Fattah al-Burhan tomó el poder absoluto disolviendo el gobierno civil con el que había colaborado desde 2019, y detuvo al primer ministro Abdalla Hamdok y a varios altos cargos civiles del Ejecutivo. Y aunque el día de ayer se dio a conocer que el funcionario fue liberado, lo cierto es que continúa en arresto domiciliario.

Según afirmó el general Al-Burhan, el golpe se originó con el fin de evitar una guerra civil y para proteger a sus ciudadanos de un nuevo periodo gubernamental. Sin embargo, la gente se ha ido en su contra por sus acciones, así como diferentes gobiernos internacionales y organizaciones mundiales.

Estados Unidos, por ejemplo, confirmó a través de Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, que su administración sigue en estrecho contacto con los líderes regionales, incluso en el Golfo, para hacerle saber a los militares sudaneses que deben liberar a los detenidos y volver a la vía democrática, un mensaje al que se han unido gobiernos como el de Francia, Gran Bretaña y la Unión Europea.

Además, enfatizó que a la pausa del envío de suministros económicos proporcionados por Estados Unidos a Sudán, podrían sumarse otros actores regionales y países clave para que también frenen sus apoyos a la nación africana, con el único propósito de dirigir al gobierno sudanés a un proceso más positivo.

Tras darse a conocer esta declaración, el Banco Mundial fue una de las primeras instituciones en dar respuesta, asegurando que suspenderá la ayuda económica al Estado, a fin de presionar al general Al-Burhan para que permita dar paso a un gobierno civil en paz y democrático.

Respecto a la estadía militar, es la doctora Beatriz Escobar, especialista en estudios de Asia y África de la UNAM, quien opina que durante su mandato podría haber violaciones a los derechos humanos de toda la población, afectando principalmente a las mujeres y a las minorías étnicas.

Por otra parte, también podrían incrementarse las detenciones, heridos y fallecidos por las protestas, las cuales dejaron el día de ayer al menos 10 personas sin vida.

De acuerdo con la también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), esos escenarios podrían evitarse siempre y cuando la sociedad civil asuma una postura muy definitiva en contra de este gobierno golpista. De lo contrario, este mandato puede seguir en el poder a pesar de la falta de apoyo económico que carezca del exterior.

“Sudán ha tenido una larga historia de sanciones económicas y en general las posturas de los gobiernos no han cambiado de fondo. Cuando se impusieron sanciones contra el mandato anterior, éste pudo resistir mucho tiempo”, dice la doctora, haciendo referencia al periodo de Omar al Bashir, quien estuvo al frente de Sudán por 30 años hasta que la sociedad civil se unió para derrocarlo.

Sudán, ¿lejos de la democracia?

Tomando en cuenta los antecedentes de un gobierno que permaneció en el poder por tres décadas a pesar de los golpes económicos, es poco probable que con la misma presión internacional el general Abdel Fattah al-Burhan deje a un lado su mandato y le dé paso a un nuevo periodo democrático.

La maestra Arcelia Flores, profesora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, comenta que esa decisión quedó clara desde que se dio el golpe de Estado el lunes pasado, pues con ello Al-Burhan confirmó que no le dejaría el mando total a los civiles, a pesar de que así estaba acordado.

“En enero de 2019, cuando se derrocó el gobierno de Omar al Bashir, se dieron una serie de negociaciones hasta agosto de ese año, lo que llevó a la creación de un organismo híbrido, que es el Consejo Soberano de Transición conformado por militares y civiles (…) Con esto, el ahora gobierno golpista debía entregarle el poder a los civiles el próximo 17 de noviembre para que entraran en funciones hasta los siguientes 18 meses, pero no fue así”, explica.

Además, añade que los militares reafirmaron que no se harían a un lado tras anunciar que las próximas elecciones generales se darían hasta julio de 2023.

Ante este escenario, la maestra sostiene que por ahora el único factor que podría frenar el mandato militar es que la comunidad internacional siga presionando económicamente al país, y al mismo tiempo sus propios ciudadanos no pausen las protestas que se han llevado a cabo.

“Este gobierno golpista no está mínimamente pensando en dar una tregua a esta situación; sin embargo, me parece que hay un factor que puede contrarrestar esta decisión: que la sociedad civil continúe manifestándose contra lo que considera un gobierno ilegal e ilegítimo, y que haya presión económica. Me parece que estos dos elementos combinados pudieran ser las únicas alternativas por las cuales todo esto pueda dar un paso atrás”, dice.

En caso de seguir ese camino y la administración golpista dimita, es la maestra Norma Soto Castañeda, internacionalista y académica de la Universidad La Salle, quien comparte que Sudán requeriría de un gobierno en coalición que principalmente cree un plan en favor del impulso económico y social.

Para ella, el nuevo mandato no tendría que ser individualista, pues al haber en Sudán 80 partidos políticos, eso desorientaría a los electores, dejándolos en un escenario en el que no sabrían a quién elegir. Sin embargo, si se conforman por grupos, tendrían una mayor posibilidad de ganarse su confianza.

De ese modo, se espera que con el paso de las semanas los sudaneses no abandonen las calles y más gobiernos internacionales se sumen a la pausa de apoyo económico, para sólo así llegar a unas elecciones justas y democráticas.

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