Sin derecho a juzgar al mundo

España es desde hace dos décadas el país que más ha utilizado el recurso de Justicia Universal, que permite condenar crímenes contra la humanidad de cualquier nación donde suelan quedar impunes.

Pero la presión internacional y los escándalos internos de corrupción, personificados por el presidente Mariano Rajoy y la infanta Cristina de Borbón, le acaban de arrebatar a los españoles el derecho de ser “jueces del mundo”.

"Se ha acusado a España de ver la paja en el ojo ajeno y no verla en el propio. Pero también es cierto que la única forma de que prospere la justicia universal es que un país pueda aplicarla sin costes políticos o económicos"
Antonio Ramiro BrotonsProfesor de la Universidad Autónoma de Madrid
"España no es el juez del mundo, perseverar en la idea de que la Audiencia Nacional debe perseguir delitos cometidos en Chile, China o Centroáfrica es una manera de crear en las víctimas ilusiones imposibles de atender"
Diario ABC
Unos consideran que la jurisdicción universal se utiliza de forma exagerada y otros califican su limitación como un retroceso
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España es desde hace dos décadas el país que más ha utilizado el recurso de Justicia Universal, que permite condenar crímenes contra la humanidad de cualquier nación donde suelan quedar impunes.

Pero la presión internacional y los escándalos internos de corrupción, personificados por el presidente Mariano Rajoy y la infanta Cristina de Borbón, le acaban de arrebatar a los españoles el derecho de ser “jueces del mundo”.

El Congreso de España aprobó el martes una reforma propuesta por el Partido Popular (PP) que restringe la capacidad de los tribunales de esa nación para colaborar en la persecución de crímenes perpetrados en otras naciones.

La Justicia Universal permitió a los jueces españoles inter- venir en procesos como el de Augusto Pinochet en Chile, el genocidio de Ruanda, la matanza de mayas en Guatemala y la orden de detención emiti- da el lunes contra el expresidente chino Jiang Zemin.

La nueva reforma provocó debate entre los que apoyan la medida por considerar que la jurisdicción universal se utiliza de forma exagerada y los que califican su limitación como un retroceso para los derechos humanos internacionales.

‘El buen juez por su casa empieza’

La impunidad de las desapariciones forzadas durante el franquismo y la guerra civil, además de los actuales casos de corrupción del Gobierno y la Familia Real, muestran que España no es el país idóneo para ser abogado del mundo, afirman los críticos.

“No solo se negó siempre a juzgar los crímenes de su guerra civil y dictadura franquista sino que nunca apoyó, a través de la fiscalía, las causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad, genocidios o torturas”, reportó ayer la agencia argentina Télam.

Ahora, la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que entrará en vigor en cuatro meses, solo permitirá perseguir delitos internacionales en los que haya víctimas de nacionalidad española.

“España no es el juez del mundo”, publicó ayer el diario ABC, “perseverar en la idea de que la Audiencia Nacional debe perseguir delitos cometi- dos en Chile, China o Centroáfrica es una manera de crear en las víctimas ilusiones imposibles de atender”.

‘Venden la justicia’

La reforma frenará 12 causas que por ahora están abiertas y que incluyen investigaciones del genocidio del Tíbet, el Holocausto, matanzas en el Sáhara, genocidio de los mayos en Guatemala y vuelos irregulares de la CIA.

Por ello, organismos defensores de los derechos humanos consideran que esto representa un retroceso que conduciría a un paraíso mundial de impunidad.

“Significa un considerable paso atrás y empaña el compromiso español con el sistema universal de derechos humanos. España transmite así el mensaje de que sus autoridades se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad”, manifestó ayer Amnistía Internacional en un comunicado.

“Es cierto que se ha acusado a España de ver la paja en el ojo ajeno y no verla en el propio. Pero también es cierto que la única forma de que prospere la justicia uni- versal es que un país pueda aplicarla sin costes políticos o económicos”, expresó el catedrático Antonio Ramiro Brotons a BBC Mundo.

Los detractores de la reforma argumentan que el gobierno del presidente Mariano Rajoy quiere quedar bien con los demás países para no entorpecer el comercio.

Esta opinión se basa en el reclamo de Beijing luego de que el lunes un juez español ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin y del ex primer ministro Li Peng por delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad en el Tíbet.

“El PP busca limitar la jurisdicción universal ‘para contentar a grandes potencias’”, declaró a CNN en Español la familia del periodista español José Couso, muerto en la guerra de Iraq en 2003.

Para el mundo
Tibet

Tras atender la anuncia de monjes tibetanos, España ordenó este lunes detener al expresidente chino Jiang Zemin y al ex primer ministro Li Peng por colaborar en el genocidio de un millón de personas del Tíbet.

Pinochet

El juez español Baltasar Garzón ordenó en 1998 arrestar al exdictador chileno Augusto Pinochet por violar los derechos humanos. Aunque no lograron extraditarlo a España, su caso sentó el precedente más famoso.

Argentina

El argentino Ricardo Cavallo recibió una condena de España por ser represor de los derechos durante la última dictadura de Argentina en 1976, tras la que enfrentó cargos por 227 desapariciones y 110 torturas.

Para España
Rajoy

En enero del 2013, el presidente de España y líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, fue centro del escándalo por presuntas acusaciones de que su partido cobró dinero irregular a través de sobres.

Infanta

A la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina de Borbón, se le ha imputado de fraude fiscal y lavado dinero por presuntamente ser cómplice de su marido Iñaki Urdangarin en el desvío de 8.7 millones de dólares.

Franquisimo

En octubre pasado, la ONU recriminó a España que ha dejado en la impunidad por falta de investigación y sanción judicial los casos de 100 mil desapariciones forzadas durante el franquismo y guerra civil.

 

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