Con el objetivo de limitar la llegada de personas del norte de África a Europa, España e Italia han propuesto una medida radical: hundir los barcos que utilizan los traficantes de personas, antes de que sean abordados.
Y es que en las últimas semanas, más de mil 300 migrantes han muerto a causa de naufragios en el mar Mediterráneo. Otras decenas de miles han llegado desde Libia a las costas italianas, donde el espacio para alojarlos y procesarlos está llegando a su límite.
“Hundir las barcazas significa cortar la más macabra agencia de viajes de la historia”, declaró esta semana el ministro italiano del Interior Angelino Alfano, quien precisó que “ir ahí con nuestras naves sin autorización sería una declaración de guerra, por esto se lleva a cabo una negociación con la ONU y con la Unión Europea”.
“El objetivo es hundir los barcos de los traficantes antes de que partan”, dijo Alfano en un programa de televisión de Italia.
El ministro recalcó que la solicitud italiana es claro: “realizar acciones precisas” contra Libia, el lugar de origen de la gran mayoría de los barcos con migrantes, y “contra los traficantes que son los nuevos esclavistas del siglo 21”.
Este abril ya es el mes más letal del que se tengan registros en términos de muertes de inmigrantes en el mar Mediterráneo, con más de mil 300 fallecidos. Más de mil 776 han perdido la vida en lo que va del año, según reportes de la ONU, aproximadamente la mitad de los que murieron en el mar en todo 2014.
Australia opina
Tony Abbott, primer ministro de Australia, país receptor de migrantes ilegales a bordo de barcos, comentó este martes que la Unión Europea debe seguir el ejemplo australiano.
Su Gobierno conservador inició en 2013 una operación militar continua que identifica los navíos migrantes y bloquea su paso antes de que lleguen a la costa australiana, aun cuando se sabe que los pasajeros son refugiados genuinos.
“Es urgente que los países de Europa adopten políticas fuertes que terminen el tráfico de personas en el Mediterráneo”, dijo Abbott.
Sin embargo, el australiano no mencionó que su política ha sido condenada por la ONU y otros grupos de derechos humanos, quienes afirman que viola la Convención de Refugiados de 1951, de la cual Australia es signatario.