En el Foro Nacional de Inmigración se confirmó que la expansión del sistema de detención de inmigrantes había beneficiado al sector de las compañías privadas de prisiones
"Es obvio que desde el 11-S ha habido más concentración en la detención... van a capturar a más gente. Por lo tanto diría que es algo positivo... (…) El negocio federal es el mejor negocio para nosotros y... el 11-S está aumentando ese negocio."
Dina Rasor publicó el 10 de mayo en Truthout un artículo titulado “Breathing While Latino” Laws Boom for Private Prison Profits que revela cómo las compañías de prisiones más importantes de Estados Unidos buscan llenar las camas de las cárceles públicas que administran y de las que son de su propiedad.
Truthout es una organización sin fines de lucro dedicada, según explica en su sitio de internet, a “proveer de noticias independientes”.
Rasor, además de investigadora y periodista, es autora de Betraying Our Troops: The Destructive Results of Privatizing War. El libro, publicado en mayo de 2007, revela las consecuencias para los soldados norteamericanos de la privatización de la guerra.
En la investigación publicada en Truthout, Ruser busca los orígenes de la tendencia privatizadora de las prisiones para acabar desvelando el modo en el que las dos compañías más importantes -Corrections Corporation of America (CCA) y Geo Group (GEO)- cabildearon a gobiernos como el de Arizona para que endurecieran las políticas de inmigración y, de este modo, aumentar el número de detenidos y, en consecuencia, sus beneficios.
Esos orígenes los sitúa en 1983, cuando la CCA firma su primer contrato con el ya inexistente Servicio de Inmigración y Naturalización del Gobierno Federal para administrar a los detenidos federales de inmigración.
Desde entonces, según explica, docenas de compañías han aparecido para competir por contratos gubernamentales.
Dina Ruser muestra además cómo el 11S y la crisis económica fueron puntos clave para estas compañías.
El 11S
Antes del 11S, CCA y otras compañías menores vieron en los inmigrantes indocumentados –aproximadamente unos 12 millones- un sector que podía contribuir a aumentar la cantidad de camas.
Sin embargo, se trataba de un “producto” inseguro porque los políticos nacionales cambiaban de opinión continuamente.
Después del 11S, apareció un nuevo grupo potencial de detenidos.
Un informe de la organización sin ánimo de lucro Detention Watch Network recoge las siguientes palabras de Steven Logan, director ejecutivo de Cornell Industries, ahora parte de Geo Group, en una conversación telefónica con analistas en el tercer trimestre de 2001:
“Es obvio que desde el 11-S ha habido más concentración en la detención… van a capturar a más gente. Por lo tanto diría que es algo positivo… con el enfoque en la gente ilegal y también de origen de Medio Oriente, en Estados Unidos hay más de 900 mil individuos indocumentados originarios de Medio Oriente… es una población que por numerosos motivos está siendo considerada… El negocio federal es el mejor negocio para nosotros y… el 11-S está aumentando ese negocio”.
Pero tampoco el 11S fue la panacea para las empresas privadas de prisiones.
La crisis
Con la recesión iniciada en 2008, las compañías de empresas privadas vieron aumentar sus esperanzas.
En un informe de 2007 enviado a la Comisión de Seguridad y Cambio, CCA afirmaba: “Dependemos de asignaciones gubernamentales… La demanda de nuestras instalaciones y servicios podría verse afectada negativamente por la reducción de los esfuerzos de vigilancia y control, o a través de la descriminalización de ciertas actividades que son actualmente proscritas por nuestro derecho penal”.
Pero cinco años más tarde, el panorama es diferente. En medio de una crisis económica más aguda que en sus inicios, James Hyman, presidente de la compañía Cornell, dijo a un potencial inversor inquieto por una posible reducción de las detenciones: “No creemos que haya una disminución en la necesidad de camas de detención, particularmente en una economía con creciente desempleo entre trabajadores estadounidenses”.
Beneficios comprobados
Dina Rasor también incluye en su artículo algunos datos relevantes del Foro de Inmigración Nacional de EU celebrado en agosto de 2011.
En este foro se afirmó, entre otras cosas, que la expansión del sistema de detención de inmigrantes había beneficiado al sector de las compañías privadas de prisiones.
Además, se expuso que CCA era la mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), pues contaba con 14 instalaciones contratadas por el ICE, 7 mil 183 camas en total.
Las cifras, dice el dicho, no mienten. En 2010, CCA reportó unos ingresos de mil 690 millones de dólares y GEO, por su parte, informó que los suyos alcanzaban los mil 170 millones de dólares. Esta última, además, adquirió BI Incorporated, una empresa que también tenía contratos lucrativos con el gobierno.
Condiciones de los reclusos
La autora, que también es conocida por fundar y dirigir un proyecto que se encargó de exponer la mayor parte del fraude de armas en los años 1980 y 1990, incluye en su artículo las características de las personas que se encuentran en las prisiones federales, de acuerdo al informe de Detention Watch Network.
El grupo que conforman los inmigrantes detenidos está compuestos por familias, indocumentados, sobrevivientes de torturas, demandantes de asilo político, documentados y otros grupos vulnerables por estar enfermos sin estar recibiendo la atención médica adecuada.
Por otra parte, según esta organización, el costo promedio de la detención de un inmigrante es de 122 dólares por día.
La alternativa, un monitoreo electrónico de registro, es de 12 dólares por día. Un argumento que esgrimen muchas organizaciones para poner fin a este tipo de detenciones no criminales por violaciones civiles.
Además, aunque el responsable de este tipo de detenciones es el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y posee sus propios centros, también “compra” espacio en 312 prisiones de condados y ciudades de todo el país para albergar a más del 67 por ciento de los detenidos.
Allí, con frecuencia, estas personas se mezclan con prisioneros que sí han cometido crímenes.
Cerca de la mitad únicamente están privados de su libertad por cuestiones migratorias.
El caso Arizona
Pero el gobierno federal no fue tan agresivo con la llegada de la crisis como esperaban las empresas de prisiones privadas. Por eso, varios estados, entre ellos el de Arizona, recurrieron a ALEC, Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense. El objetivo era “producir una ley que permita que los gobiernos estatales y locales también participen en el logro del negocio de los inmigrantes indocumentados”, en palabras de Dina Rasor.
La Ley Arizona, aprobada en 5 estados, surge en este marco gracias a cuatro agentes: legisladores de Arizona, incluido su autor principal, el senador Russell Pearce, miembro de ALEC junto con otros 35 legisladores estatales; organismos de mantenimiento del orden; el actual gobierno de Arizona; y, por último, las compañías de prisiones que ofrecieron dinero como cabildeo para expandir el negocio.
Su particularidad reside en que permite que los funcionarios estatales y locales determinen el estatus de inmigración de las personas que sospechen que están ilegalmente en EU. Esas sospechas se asientan en perfiles raciales que se crean.
Así, los estados que la aprueban funcionan diferente a lo establecido por el gobierno federal en esa materia.
En el caso Arizona, los lazos entre CCA y el gobierno estatal eran los siguientes.
En primer lugar, según se informa en Prison Legal News, CCA contrata a Highground Consulting poco después de que la gobernadora Jan Brewer promulgue la ley en abril de 2010.
Esta consultora es una de las firmas más influyentes de cabildeo en Phoenix para representar los intereses en el Estado. El propietario es Charles Coughlin, el jefe de campaña de Brewer.También el condado Maricopa contrató la contrató durante el periodo en el que se elaboró la ley.
En segundo lugar, el actual portavoz de Brewer, Paul Senseman, estuvo cabildeando, según informes de lobbies estatales, explica Rasor, como lobista jefe de CCA en el Estado en calidad de empleado de Policy Development Group, Inc., otra consultora de Phoenix, desde 2005 hasta 2008.
En enero de 2009, Senseman fue nombrado portavoz de Brewer, recién salido de su trabajo en CCA.
Además, su esposa sigue empleada en Policy Development Group, Inc., cabildeando al Estado para CCA.
Rasor concluye que en 2005 y 2006 legisladores de Arizona redactaban lo que sería HB2577 ( sobre la que la corte suprema aún no ha tomado ninguna decisión) mientras el director de campaña de Brewer cabildeaba por cuenta de CCA.
