¿Se acabó la fuga de armas?

La paz sea quizás una utopía pero el mundo dio ayer un paso más hacia ella.

Estados Unidos, el mayor mercader de armas a nivel mundial, firmó el Tratado de Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), seis meses de haber sido aprobado de manera abrumadora en las Naciones Unidas.

John Kerry, secretario de Estado norteamericano, fue el encargado de estampar su firma en el documento con el que se pretende poner fin al flujo de armas a zonas conflictivas y así evitar que estas sean utilizadas para asesinar civiles inocentes o cometer crímenes de guerra.

“Firmo esto porque el presidente (Barack) Obama sabe que después de décadas de esfuerzos para hacer frente al tráfico ilícito de armas convencionales, hacemos al mundo un lugar más seguro”, comentó Kerry en la sede de la ONU en Nueva York.

“Esto (el acuerdo) se trata de mantener el armamento lejos de las manos de terroristas y criminales”, acotó.

Aunque la administración de Obama está todavía a la espera de que el tratado sea ratificado por el Senado –donde seguramente encontrará una amplia oposición de parte de los grupos conservadores–, la medida es un triunfo para muchas naciones, especialmente México.

De acuerdo a un estudio del Instituto Trasfronterizo de San Diego, más de 250 mil armas compradas de manera legal en Estados Unidos son transportadas al territorio mexicano cada año.

La investigación titulada “El camino de las armas: el tráfico estimado a través de la frontera Estados Unidos-México” señala que este contrabando equivale a 127.2 millones de dólares.

La senadora demócrata Dianne Feinstein, férrea partidaria de la política de mayores controles armamentistas, emitió junto con otros congresistas un reporte en el que informan que más del 70 por ciento de las 29 mil 284 armas que el gobierno mexicano entregó al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos entre 2009 y 2010 tienen origen dentro de las fronteras norteamericanas.

Gran parte de este armamento va a parar a manos de cárteles de la droga mexicanos, cuyas actividades delictivas, en conjunto con la denominada guerra contra el crimen organizado, han acabado con la vida de decenas de miles de inocentes.

“El flujo de armas de alto calibre de Estados Unidos a Latinoamérica y el Caribe exacerba los elevados niveles de violencia relacionada con los fusiles”, escribió Julia Sweig en un reporte del Consejo en Relaciones Exteriores.

“El mercado civil de armas continúa abasteciendo a redes criminales transnacionales con fusiles de gran poder que se adquieren con una supervisión limitada, especialmente a personas sin licencia en ferias, mercados pequeños, tiendas de empeño y por Internet.

“Las leyes laxas estadounidenses permiten a los compradores adquirir miles de rifles AK-47 y AR-15 para traficarlos a través de la frontera y así venderlos de manera ilegal”, continuó Sweig.

Meses antes de que Kerry firmara el tratado, el analista político Nathaniel Parish Flannery escribió para Forbes y lanzó la interrogante: ¿deberían las manufactureras de armas norteamericanas hacerse responsables de la violencia que ocurre en México?

Nadie puede cederles toda la culpa a estos actores situados al norte de la frontera mexicana, sin embargo, abundan las estadísticas que los colocan como cómplices del intercambio de disparos entre autoridades y narcotraficantes, con el triste eufemismo de “daños colaterales” de por medio.

Charles Schumer, uno de los congresistas norteamericanos que contribuyó con el reporte de Feinstein, dijo: “Todavía es demasiado fácil para los capos de la droga mexicanos hacerse con armas letales de uso militar dentro de nuestras fronteras”.

“Necesitamos redoblar esfuerzos para mantener los fusiles lejos de las manos de estos traficantes”, agregó.

El ATT representa un paso para alcanzar esa meta planteada por muchos legisladores y activistas en derechos humanos, especialmente para aquellos pertenecientes a Amnistía Internacional (AI).

AI celebró la noticia, la cual fue calificada por su secretario general, Salil Shetty como “un hito para poner fin al flujo de armas convencionales que alimentan las atrocidades y los abusos”.

En su página Web, publicaron un mensaje en el que se lee: “A veces, una simple pero potencialmente revolucionaria idea puede cambiar el mundo para bien”.

Lo anterior, en referencia a las dos décadas de lucha iniciada después de la Guerra del Golfo Pérsico en 1991.

Dicho conflicto, originado por la invasión de las tropas del entonces presidente iraquí Sadam Hussein a Kuwait, develó un problema que era un secreto a voces: el Ejército de Irak rebozaba de armas suministradas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sobre quienes debería recaer la responsabilidad de promover la paz.

¿En qué consiste el tratado?

Los más de 20 años de activismo se cristalizaron el 2 de abril de 2013, fecha en el que el pleno de la ONU aprobó el ATT, el cual se convirtió en el primer tratado internacional cuyo principal fin es regular la transferencia internacional de armas convencionales.

Pero, ¿qué elementos entran en el renglón de armas convencionales? 

Carros de combate, vehículos blindados, sistemas de artillería de gran calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles, armas ligeras, municiones y componentes.

El documento trató de ser lo más amplio posible para evitar vacíos legales en los que se vieran beneficiados grupos paramilitares, criminales y los conocidos como “señores de la guerra”.

El principal argumento del Tratado de Comercio de Armas es prohibir a los países la “transferencia de fusiles en determinadas circunstancias, incluidos los casos en que haya conocimiento de que las armas serían utilizadas para perpetrar crímenes de guerra, genocidio, ataques contra civiles”, etc.

Para que los Estados partes cumplan con el tratado, deberán “tomar medidas apropiadas para hacer cumplir las leyes y los reglamentos nacionales que se encargan de la aplicación de las disposiciones” presentes en el documento.

Lo anterior, mediante mecanismos policiales y judiciales que promuevan la supervisión y evaluación de riesgos; sanciones civiles o penales a quienes incumplan con las legislaciones pertinentes y, por último, facultando a las instancias correctas para inspeccionar y/o incautar envíos sospechosos de violar el tratado.

Datos y cifras clave

De acuerdo a un comunicado de Amnistía Internacional, cada año mueren al menos 500 mil personas y millones más son víctimas de desplazamiento y de abusos a causa de la violencia armada.

Estados Unidos, por su parte, es responsable de aproximadamente 30 por ciento de las transferencias de fusiles convencionales en términos de valor.

Empresas privadas y gubernamentales norteamericanas son las encargadas de suministrar armamento a más de 170 países y tienen una trayectoria irregular a la hora de suspender sus envíos por motivos de derechos humanos.

En el papel, la violencia debe reducir. ¿Surtirá efecto este acuerdo internacional o se quedará en solo buenas intenciones?