Las marchas en Islandia superaron en movilización a las del 2009, tras el estallido de la burbuja financiera que dejó al país casi en ruinas después del colapso de sus bancos
El primer ministro de Islandia no sobrevivió ni tres días al escándalo de los Panama Papers.
Enredado en uno de los casos de evasión fiscal que se dieron a conocer el domingo por la investigación de Panama Papers, Sigmundur David Gunnlaugsson es el primer líder mundial en ser forzado a renunciar a sus funciones.
Según datos de la policía local, entre 8 mil y 22 mil personas salieron a las calles para exigir su renuncia. Una cifra inédita que por tratarse de una isla de 330 mil habitantes, la convierten en la protesta más importante en la historia de este país.
Las marchas de ayer por la tarde en Reykjavik superan en movilización a las del 2009, que tuvieron lugar tras el estallido de la burbuja financiera que dejó a este pequeño país casi en ruinas después del colapso de sus bancos.
Hay que recordar que parte de la popularidad de Gunnlaugsson vino después de que en 2008 dirigiera una campaña contra el rescate de estos bancos y el encarcelamiento de sus directivos. Este movimiento le supuso la presidencia del Partido Progresista en abril del 2009.
Cuatro años más tarde, en 2013, con la promesa de perseguir los delitos financieros y poner por delante el interés nacional, llevó a los progresistas a ganar la mayoría parlamentaria y él se convirtió en el Primer Ministro más joven de la historia de Islandia.
Pero este domingo su credibilidad se desplomó.
De acuerdo a los documentos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los datos del despacho Mossack Fonseca señalan que, el ahora exministro de 41 años, destinó millones de dólares a una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris, creada en 2007 en sociedad con su esposa.
Cuando Gunnlaugsson fue elegido líder de su partido en el 2009, omitió mencionar la existencia de “Wintris” en su declaración de bienes, mientras que la ley islandesa se lo exigía, y en su lugar, a finales de ese mismo año, transfirió el 50 por ciento de sus acciones a su esposa, quien las compró por la cantidad simbólica de un dólar.
A pesar de las protestas masivas de este lunes, un portavoz expresó en un comunicado de prensa que “el primer ministro y su esposa estaban adheridos a la legislación de Islandia, declarando todos los bienes, valores e ingresos en las declaraciones de impuestos en Islandia desde 2008”.
Con este comunicado, Gunnlaugsson buscaba deslindarse de las acusaciones de evasión fiscal y expresó su determinación por seguir al frente del gobierno. Pero el día de ayer el acoso por parte de los medios, de los partidos de la izquierda y de los miles de manifestantes que pedían su renuncia afuera del Parlamento, lo llevaron finalmente a dimitir del puesto que ocupaba desde el 2013.
En busca del sucesor
La renuncia del primer ministro se dio después de que amenazara -a través de su cuenta de Facebook- con disolver la Asamblea Nacional para convocar a elecciones anticipadas si el resto de los partidos se negaba a apoyarlo. Esto lo haría siempre y cuando el presidente de Islandia y el Partido de la Independencia -que gobierna en coalición con el Partido del Progreso, del cual es dirigente-, se lo permitían.
El presidente islandés, Òlafur Ragnar Grímsson, que se encontraba de viaje en Estados Unidos –y que aterrizó en Islandia en medio de una protesta nacional sin precedentes– rechazó la petición de Gunnlaugsson para convocar a elecciones anticipadas y se reunió con los diferentes miembros de los partidos para conocer sus posturas.
Tras la renuncia de Gunnlaugsson, el Partido del Progreso y el Partido de la Independencia –las dos fuerzas políticas que gobiernan en coalición– tienen que elegir a un sucesor.
Un primer nombre ya se inclina para el puesto, Sigurdur Ingi Johannsson, vicepresidente del Partido del Progreso y actual Ministro de Agricultura y Pesca.
La nominación del Ministro de Agricultura, es un intento de descartar las elecciones anticipadas y de salvar la coalición gobernante, una medida que rechaza la oposición -conformada por los partidos de izquierda el Social Demócrata, el Partido Pirata y la Izquierda Verde- que exigen al presidente convocar formalmente a una nueva elección.
