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Daniel Noboa llegó a la Presidencia durante el año más violento de Ecuador y con un mandato de tan solo 18 meses. Foto: Especial

Referéndum de seguridad, un triunfo de Noboa

La crisis de violencia en Ecuador ha impulsado una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país, las medidas aprobadas el fin semana modifican la constitución para expandir la actuación militar

En nueve de las 11 preguntas que conformaron el referéndum y la consulta popular en Ecuador, los cuales consistieron en preguntarle a la ciudadanía si aceptaba mayor presencia de las Fuerzas Armadas y cambios en la Constitución, el gobierno de Daniel Noboa obtuvo la victoria; sin embargo, la oposición celebró que no se llevara el rotundo “sí” por parte de los ecuatorianos.

El Gobierno federal realizó este cuestionario nacional en medio de críticas contra el mandatario de centro derecha que pretende poner mano dura contra la delincuencia. Ecuador, anteriormente uno de los países más tranquilos de Sudamérica, ha visto en años recientes una escalada en la violencia. Según datos de la Policía Nacional, en 2017 la tasa de homicidios era de 5.81 por cada 100 mil habitantes, para 2023 esta estadística alcanzó 43.94 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Daniel Noboa llegó a la Presidencia de su país en el año más violento de la historia de Ecuador. Las promesas de campaña, enfocadas principalmente en los problemas económicos, dieron un viraje una vez que el escape de prisión del reo más peligroso de Ecuador detonó una crisis de seguridad a la que el mandatario respondió declarando un estado de excepción  y un conflicto armado interno que permitieron  a las Fuerzas Armadas operar en contra del crimen organizado.

A pesar de que tanto la policía como el presidente señalaban los efectos benéficos del estado de excepción, durante los primeros dos meses de la implementación de este régimen los homicidios reportaron una baja del 60 por ciento de acuerdo con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, esta medida siempre se consideró temporal. La Constitución ecuatoriana solo permite que el estado de excepción se extienda por 90 días consecutivos; plazo que se cumplió el pasado 9 de abril.

¿Qué dio origen al referéndum en Ecuador?

Si bien durante los primeros días de la Presidencia de Noboa la violencia en Ecuador alcanzó nuevos niveles, el alza sostenida de los homicidios desde 2018 y el avance del crimen organizado habían obligado a su antecesor a proponer cambios constitucionales que requerirían de aprobación popular. El referéndum votado este fin de semana responde a esa necesidad y si bien su proceso inició el gobierno de Guillermo Lasso, tanto las preguntas realizadas como la implementación de las propuestas recaen en la administración de Noboa.

De las 11 propuestas votadas el fin de semana cinco tenían la capacidad de modificar la constitución y otras seis necesitarán la modificación de leyes adicionales por las cuales el presidente Noboa tendrá que envíar una propuesta de reforma a la Legislatura ecuatoriana, que tendrá 60 días para analizar.

Las tres propuestas aprobadas en el referéndum permiten aumentar el tiempo en el que las Fuerzas Armadas pueden actuar en el combate al crimen organizado y autorizan la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La consulta popular tuvo como resultado un apoyo mayoritario, pero no significativo, para medidas punitivistas que aumentan penas carcelarias y amplían ciertos delitos.

Para la doctora Claudia Edith Serrano, latinoamericanista y docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la baja participación electoral del domingo significa que si bien la preocupación por la seguridad continúa presente, el apoyo por estas medidas no es unánime.

“Habría que mencionar que pese a que ya se anticipaba que probablemente iba a tener un apoyo masivo sobre el eje de seguridad, resulta que, a excepción de la primera pregunta donde tuvo un apoyo mayor a la 70 por ciento, la victoria no fue tan avasalladora. Entonces hay ciertos elementos que hacen notar el hecho de que sí hay una preocupación latente por el tema de la inseguridad y el alcance que han llegado a tener las organizaciones del crimen organizado en el país, pero no es una mayoría absoluta” comenta la especialista.

¿Qué cambia con la aprobación de este referéndum?

La doctora Serrano explica que, en la práctica, una vez declarado el estado de excepción las Fuerzas Armadas adquirían un rol protagónico en la seguridad ecuatoriana, pues en esos casos la Policía Nacional quedaba bajo el control táctico y logístico de la milicia, y lo aprobado en el referéndum no cambia la operación de la procuración de la seguridad en Ecuador.

“La pregunta asociada darle mayor tiempo a esa coordinación por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que es una reforma parcial, pues no contempla un cambio de fondo sino sólo aumentar el tiempo en el cual las Fuerzas Armadas pueden estar en esta coordinación táctica y estratégica de los operativos que se llevan a cabo. El nuevo periodo es de más de 180 días, el doble de lo que tenía anteriormente,  entonces eso de alguna manera permite que ya no se estén generando estos decretos de excepción de manera constante para, supuestamente, permitir tener un mayor margen en cuanto a la operación”, señala la académica.

En opinión de la doctora Serrano estas medidas no solamente tendrán un impacto en el combate a la delincuencia organizada. En Ecuador hay movimientos sociales que se oponen a políticas extractivistas y estas nuevas medidas de seguridad son preocupantes para los defensores del territorio, en especial pueblos indígenas y personas de escasos recursos.

“Lejos de abonar a una resolución de las diferencias que existen entre la población local y las empresas transnacionales, la presencia de las Fuerzas Armadas puede contribuir a una sensación de mayor control social (…) esto podría ser un revés importante para los derechos humanos y las garantías pues, ante la falta de un protocolo de carácter humanitario que acompañe las actividades tácticas del ejército, se corre el riesgo de tener lo que denominan como ‘daños colaterales’, que desafortunadamente se quedan en la población civil que nada tiene que ver con actividades delictivas”, finaliza la académica.

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