Este mes, jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobaron que la investigación sobre asuntos de lesa humanidad en Venezuela, durante el gobierno del presidente Nicolas Maduro, continúe.
Dentro de la investigación se centran presuntos crímenes de lesa humanidad, incluyendo privación de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución por motivos políticos.
La investigación de la CPI se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde 2017, incluyendo privación de la libertad física, tortura y violencia sexual, así como persecución por motivos políticos.https://t.co/QJZGqlmXx7 pic.twitter.com/s7btn0Tv46
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 30, 2023
La investigación fue abierta por primera vez en noviembre de 2021, pero se detuvo en abril del año pasado debido a que el gobierno chavista solicitó al tribunal de la Corte remitirse al análisis del propio Estado venezolano.
Según declararon los jueces de la CPI, debido a que las autoridades venezolanas “no han investigado ni tienen intención de investigar las acusaciones fácticas sobre crímenes de lesa humanidad”, dieron luz verde para que dentro del mismo órgano se dé continuidad al análisis de la situación en el país.
“Los procedimientos llevados a cabo por las autoridades venezolanas no están suficientemente fundamentados (…) No reflejan el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”, detalló un fiscal de la CPI, luego de examinar los materiales presentados al tribunal por el gobierno venezolano, así como las observaciones de las víctimas y sus familiares.
La decisión de la #CPI el día de hoy es un logro de las víctimas. Mi solidaridad y acompañamiento a las más de 8.500 víctimas que presentaron su caso ante la justicia internacional.
También, es un reconocimiento de que en #Venezuela no hay un sistema de justicia confiable, por… https://t.co/IFM9Z0yeUo
— Leopoldo López (@leopoldolopez) June 27, 2023
La CPI actúa como un tribunal de última instancia, por lo que interviene sólo cuando los tribunales de un país no investigan o enjuician “de forma genuina” los crímenes de competencia de la Corte.
Sobre el caso de Venezuela, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, declaró que con esta decisión los jueces de la CPI dieron luz verde al principal, o único, camino creíble para lograr justicia para las víctimas de los abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela🇻🇪| La @Intlcrimcourt concluyó que las autoridades locales no han investigado las acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, como privaciones de la libertad, torturas, violencia sexual y persecución política.@hrw_espanol:https://t.co/g3t2r5Oj20
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 28, 2023
¿Cómo se originó la investigación?
En noviembre de 2021, el fiscal de la CPI anunció la apertura de la investigación durante una visita a Caracas, después de que en 2018 seis países de la región dieran a conocer la situación en Venezuela.
La Fiscalía de la Corte tardó tres años en hacer un examen preliminar sobre lo que se vivía en el país petrolero para autorizar oficialmente el inicio de la investigación.
Antes de comenzar su trabajo en 2021, el fiscal de la CPI firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Fiscalía y el presidente Maduro “para facilitar la cooperación y la asistencia mutua”.
De acuerdo con Human Right Watch, aunque el gobierno venezolano trató de emitir algunas reformas para revertir el “grave daño” a la independencia judicial en el país y para investigar violaciones de derechos humanos, se realizaron movimientos internos no genuinos.
Por ejemplo, en 2022, la Asamblea Nacional controlada por aliados de Maduro, nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo; sin embargo, “el procesos de selección no fue independiente y se volvió a nombrar a magistrados que no habían actuado como freno al poder ejecutivo”.
Venezuela ya había recibido señalamientos de Embajada de EU y ONU
Mientras que por petición de la CPI en 2022 dentro de Venezuela se investigaban crímenes de lesa humanidad, diversas organizaciones criticaron actos cometidos al interior del Estado.
En septiembre del año pasado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) detalló actos no permitidos contra la disidencia.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual.
“Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, especificó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
En otro informe, la MIIV destacó, además, la situación en Bolívar, al sur del país, donde actores estatales y no estatales cometieron una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.
En abril de este año, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela también publicó el Informe de Derechos Humanos en Venezuela 2022, a través del cual detectó violaciones a los derechos humanos en el interior del país.
Entre las acciones que encontró la diplomacia estadounidense fueron asesinatos ilegales o arbitrarios, incluyendo homicidios extrajudiciales cometidos por las fuerzas del régimen; desapariciones forzadas; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o castigos por parte de las fuerzas de seguridad.
