El programa Quédate en México ha resultado una trampa para el país, que ahora se ha convertido en el muro de contención de la migración centroamericana —y de otras partes del mundo— hacia Estados Unidos.
El asunto parece estar saliendo de control. El número de migrantes que han sido devueltos a México superó los 26 mil entre febrero y julio del presente año.
La medida de enviar a los migrantes de regreso a México ha sido fuertemente cuestionada en Estados Unidos no solo por activistas, sino por la clase política que considera que este programa obliga a los solicitantes de asilo a enfrentar situaciones violentas en territorio mexicano.
En este sentido, Quédate en México se ha convertido en una trampa doble: una para el gobierno mexicano que debe mantener a los migrantes en su territorio y otra para las personas en situación de movilidad que se arriesgan a sufrir violencia en el país.
El plan surge con la intención de desahogar los centros de detención en los que colocaba a los migrantes arrestados. Las autoridades mexicanas acordaron su implementación en toda la frontera cuando el presidente Donald Trump firmó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un acuerdo en el que México se comprometió a albergar a los migrantes que esperan la decisión de un juez sobre sus peticiones de asilo.
Esto, a cambio de que la administración estadounidense no aumente los aranceles a las importaciones mexicanas.
Cifras del proyecto Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Syracusa en Nueva York, revelan que tan solo en julio pasado Estados Unidos envió 11 mil 804 migrantes a México para esperar por sus audiencias en los tribunales de Inmigración.
Esta cifra duplica los casos que se daban antes del acuerdo con México. En mayo, fueron enviadas 5 mil 161 personas; en junio, 5 mil 883.
Los migrantes enviados al país son principalmente de Centroamérica. De Guatemala son 9 mil 354, 8 mil 859 hondureños, 3 mil 197 salvadoreños, 2 mil 804 cubanos, 761 ecuatorianos, 444 nicaragüenses y 430 venezolanos. El resto fueron de otras nacionalidades.
Mientras la clase política mexicana —tanto de Morena como de la oposición— guarda silencio sobre lo que sucede en los puntos fronterizos del norte del país, en Estados Unidos diversos grupos han pedido frenar esta política.
La semana pasada, un grupo de 23 senadores demócratas enviaron una carta a Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos; y a Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Interior, en la que piden que se cancele el programa Quédate en México.
“Bajo la política de Quédate en México, Estados Unidos ha dado la espalda a sus obligaciones legales nacionales e internacionales al obligar a hombres, mujeres y niños a esperar la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos en partes de México plagadas de violencia”, exponen los senadores en su misiva.
Los legisladores agregan que el programa daña aún más el estatus de Estados Unidos como líder mundial en la protección de refugiados y socava la capacidad de pedir a otros países que cooperen en cuestiones de migración.
Esta política también tiene implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que corre el riesgo de aumentar la inestabilidad en las ciudades fronterizas mexicanas que no pueden manejar el aumento del número de solicitantes de asilo
23 senadores demócratas contra Quédate en México
Los políticos estadounidenses afirman que quienes buscan asilo enfrentan condiciones peligrosas en México.
En Tijuana, señalan, hubo más de 2 mil homicidios el año pasado, con un incremento del 22 por ciento respecto al 2017. En Ciudad Juárez, hubo mil 247 casos de homicidio en 2018, un aumento del 62 por ciento.
Los senadores precisan que debido a la prevalencia de los crímenes violentos y actividad de las bandas criminales en Tamaulipas, que incluye ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros, el Departamento de Estado estableció una alerta de viaje para esa área.
Los demócratas también perciben más reportes en la frontera por casos de secuestro, extorsión, tráfico, violaciones y asesinato de migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos.
“Individuos de la comunidad LGBT e indígenas enfrentan un riesgo más alto y estamos muy perturbados por reportes de que mujeres embarazadas han sido regresadas a estas condiciones precarias en México”, detallan los demócratas.
En su misiva, afirman que en diciembre del 2018, dos adolescentes de Honduras fueron asesinadas afuera de un refugio en Tijuana.
De enero a mayo del 2019, la organización Médicos Sin Fronteras trató a 378 pacientes en Nuevo Laredo. De estos, más de 45 por ciento han experimentado al menos un episodio de violencia y al menos el 12 por ciento fueron secuestrados mientras intentaba cruzar a los Estados Unidos.
En abril del 2019, una mujer de Honduras y su hija de 5 años, quienes habían sido devueltas a Ciudad Juárez, fueron secuestradas por el chofer de un taxi, quien las amenazó con matarlas si su familia no pagaba un rescate.
En Estados Unidos, los espacios para los migrantes se han ido reduciendo, mientras el gobierno de Donald Trump continúa con acciones contra la población indocumentada.
Registrar el ADN
Además, la administración de Trump planea establecer un mecanismo para recolectar el ADN de todas las personas indocumentadas que se encuentren en custodia, de acuerdo con información publicada por BuzzFeed.
La regulación fue propuesta por el Departamento de Justicia y aunque se encuentra como programa piloto, ya se está implementando a pequeña escala en la frontera sur de ese país por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Las tomas de ADN se han realizado de forma voluntaria a migrantes indocumentados, sobre todo a familias donde había sospecha de que había fraude al querer hacerse pasar como familiares.
“ICE ha identificado docenas de casos en que los niños no tenían ningún vínculo familiar con los adultos que los acompañaban. En un primer operativo, llamada Operación Doble Hélice 1.0, 16 de 84 familias fueron identificadas como fraudulentas por sus resultados negativos en las pruebas de ADN”, dijo un oficial de ICE a BuzzFeed.
El agente añadió que en un segundo operativo, llamado Operación Doble Hélice 2.0, 79 de 522 familias fueron identificadas como fraudulentas, con base en los resultados negativos de ADN”,
Esta medida levantará protestas de organizaciones civiles en los Estados Unidos, que ven en la recolección de información una violación a los derechos humanos.
