El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó la decisión el miércoles de disolver la Asamblea Nacional, poniendo fin al proceso de juicio político que buscaba destituirlo. Con esta acción, conocida como la “muerte cruzada”, el político conservador podrá gobernar por decreto durante un máximo de seis meses, con el respaldo de la Corte Constitucional.
La “muerte cruzada” es un término utilizado en Ecuador para referirse a la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente, lo que lleva a un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este mecanismo, establecido en la constitución de 2008, permite al presidente disolver la Asamblea una vez durante los primeros tres años de su mandato en situaciones de grave crisis política y conmoción interna.
¿Qué sigue para los ecuatorianos?
En una transmisión de radio y televisión, Lasso afirmó que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están dirigidos a desestabilizar al gobierno”. Argumentó que esta medida es democrática porque es constitucional y porque devuelve el poder de decisión al pueblo ecuatoriano para las próximas elecciones, considerándola como la mejor opción para recuperar la esperanza y la tranquilidad. Además, agregó que este es un nuevo momento para el optimismo.
Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas, donde los ganadores completarán el actual período presidencial y legislativo hasta mayo de 2025.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nelson Proaño, expresó su respaldo al orden constituido y respaldó la decisión del presidente durante una conferencia de prensa posterior. También llamó a los ecuatorianos a mantener el respeto por la ley y advirtió que no se permitirá la violencia ni la ruptura del orden constitucional, afirmando que las Fuerzas Armadas y la policía actuarán con firmeza para proteger la vida y los derechos.
He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones.
Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y
conmoción interna que soporta…— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2023
¿Qué pasó en Ecuador?
La decisión de Lasso se basa en el artículo 148 de la constitución, el cual le otorga al presidente la facultad de disolver el Legislativo una sola vez durante los primeros tres años de su mandato, bajo tres causales: cuando la Asamblea asume funciones que no le corresponden, cuando obstaculiza el plan nacional de desarrollo o cuando existe una grave crisis política y conmoción interna.
La disolución ocurrió mientras la Asamblea, dominada por una coalición liderada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el partido indígena Pachakutik, llevaba a cabo un juicio político contra Lasso por presunta malversación de fondos.
Lasso ha tenido una relación tensa con el Legislativo, al cual ha acusado de solicitarle cargos estatales, control de instituciones públicas e incluso dinero en efectivo a cambio de votos.
A mis interpelantes de este #JuicioSinPruebas, #YoLosAcuso: pic.twitter.com/GD3GIuOG3s
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 16, 2023
La Asamblea fue desalojada en la madrugada y se implementó un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores para restringir el acceso. La situación en las calles se mantiene aparentemente tranquila y aún no se ha pronunciado la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que en años anteriores ha realizado protestas y manifestaciones que prácticamente paralizaron el país.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, las cuales deben llevarse a cabo en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no establece una duración específica para este proceso, se estima que podría durar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.
¿Qué es la muerte cruzada?
Según Ismael Quintana, abogado y constitucionalista, Lasso tiene la autoridad para gobernar por decreto, aunque estos solo pueden abordar asuntos económicos, y es la Corte Constitucional la encargada de determinar su validez. Sin embargo, Quintana aclaró que dichos decretos podrían ser anulados por la nueva mayoría legislativa surgida de las elecciones anticipadas, ya que la constitución establece que las decisiones del Ejecutivo deben someterse a revisión.
El analista jurídico Ramiro Aguilar señaló a AP que este mecanismo es completamente constitucional y ayuda a resolver el conflicto entre el gobierno y la Asamblea. Agregó que un conflicto de esta naturaleza puede durar hasta cuatro años, paralizando al país, por lo que la “muerte cruzada” (disolución de la Asamblea) establecida en la constitución de 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en peligro a las instituciones y paralizan la gobernabilidad.
Sin embargo, Aguilar destacó que el país también pierde el debate democrático porque habrá una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea, lo que debilita la credibilidad institucional del país.
De acuerdo con las normas establecidas, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones, y sólo su administrador general estará autorizado para mantener en funcionamiento al personal permanente, mientras que los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para proteger el Palacio Legislativo.
Lasso, quien cuenta con apenas 25 asambleístas de un total de 137, asumió el poder en mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.
Con información de AP
