Las primeras propuestas de Donald Trump una vez en la Casa Blanca

El próximo 20 de enero, Donald Trump tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos con un Congreso republicano y una Suprema Corte conservadora. Así, el segundo periodo del trumpismo se encamina a poner a prueba los contrapesos del sistema político estadounidense.

Durante la campaña presidencial, Trump prometió no ser un dictador “a excepción del día uno”, y a dos meses de su toma de protesta ese primer día se ha llenado de más promesas desde la deportación masiva de migrantes, aumentar la producción petrolera, eliminar los fondos federales para las escuelas con curriculas progresistas y el despido de servidores públicos federales, pero muchos de los compromisos del presidente electo no están al alcance del poder ejecutivo.

Pese a ello, la futura jefa de gabinete, Susie Wiles, ha señalado que el primer día en la Oficina Oval estará llena de órdenes ejecutivas que permitirán a Trump gobernar sin esperar los procedimientos del Congreso; y si bien en casi dos años de campaña las promesas para el inicio de gobierno del republicano fueron innumerables, miembros de la futura administración han desarrollado un plan de acción para su siguiente mandato.

One thing states can do to help break the Left’s institutional capture over K-12 education is eliminating state based certification requirements that force would-be teachers to go through leftist universities before entering the classroom.@lindseymburke pic.twitter.com/Ovrka0tka8

— Heritage Foundation (@Heritage) November 19, 2024

Project 2025, una plataforma política conservadora ideada por The Heritage Foundation, ofrece una guía para la transición presidencial en la que especifican los pasos a seguir para tomar el control del aparato burocrático estadounidense y “avanzar significativamente los principios conservadores en la práctica”.

Trump propone un gobierno sin burocracia profesional

La reconstrucción del gobierno federal estadounidense, que el presidente electo ha denominado como “drenar el pantano”, se ha traducido en la promesa de despedir a miles de servidores públicos de carrera bajo el argumento de que “una burocracia autónoma no tiene ni un estatus constitucional independiente ni legitimidad moral separada” para implementar el mandato con el que fue electo el presidente.

La legislación actual protege los derechos laborales de los empleados federales; sin embargo, Project 2025 propone convertir puestos del servicio civil de carrera, actualmente no partidistas, en posiciones políticas confirmables por el Congreso. Como presidente, Trump tiene la facultad de re catalogar una cantidad incierta de estos puestos con una orden ejecutiva, de hacerlo, se verían afectados los trabajos de 50 mil a dos millones de burócratas.

Con los puestos clave en la administración federal ocupados por burócratas designados y al servicio no del Estado sino del gobierno en turno, el presidente electo y sus asesores apuestan por una implementación más eficiente de los principios de su movimiento.

However wasteful you think the federal government is, it’s much worse! @DavidADitch has been tracking the waste for years.

Follow him to read his threads on where @DOGE, lead by @VivekGRamaswamy & @elonmusk, can make monumental improvements to government efficiency & spending👇 https://t.co/iua1BPSkES

— Heritage Foundation (@Heritage) November 20, 2024

En opinión de la doctora Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, las modificaciones que plantea la nueva administración de Trump apuntan a un proyecto de gobierno que llevaría al republicano a ser el segundo presidente en servir tres periodos.

“Donald Trump está pensando en un modelo de gobierno para ocho años, no cuatro, y además de tener el respaldo del Congreso también está apoyado por importantes actores políticos que pueden no solo empujar sus reformas sino también apuntalar sus ideas de adelgazamiento burocrático; los primeros dos años de gobierno van a ser decisivos para él” apunta la académica.

Deportación masiva de migrantes

Para Trump y millones de sus simpatizantes, los principios de “America First” se reflejan en los hechos en una declaratoria de emergencia nacional que clasifique a los migrantes indocumentados en Estados Unidos como agentes invasores y, a través de una ley del siglo XVIII, dé al presidente la facultad de utilizar a la Guardia Nacional para deportarlos.

Project 2025 propone disolver el Departamento de Seguridad Nacional y crear una agencia que absorba sus tareas migratorias de seguridad fronteriza que tenga la capacidades tanto investigativas como ejecutivas al momento de detener y deportar migrantes; de acuerdo con la plataforma de The Heritage Foundation, el futuro mandatario estadounidense tiene la capacidad, mediante una orden ejecutiva, de retomar el programa “Quédate en México”, así como ordenar al aparato de inteligencia del Departamento enfocar sus investigaciones en ofensas migratorias y redadas en centros laborales.

JUSTICE FOR LAKEN RILEY! The Illegal who killed our beloved Laken Riley was just found GUILTY on all counts for his horrific crimes. Although the pain and heartbreak will last forever, hopefully this can help bring some peace and closure to her wonderful family who fought for…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2024

Pese a la intenciones de Trump, cualquier deportación de migrantes requiere el consentimiento de los países receptores, muchos de los cuales no se encuentran en condiciones de recibir oleadas de miles de personas en sus territorios. En varias ocasiones, el presidente electo ha amenazado con imponer aranceles como medida de presión para convencer a los países de aceptar a sus ciudadanos o fungir como tercer país seguro.

“No va a ser que lo acepten por las buenas. Como con México en las negociaciones del TMEC o los aranceles, Donald Trump se va a valer de mecanismos de coerción para presionar a los gobiernos, quizá incluso con sanciones; esta medida tiene un respaldo legal importante y a través de la declaratoria que catalogue a los grupos como una amenaza interna puede lograr una respuesta positiva para su agenda”, apunta la doctora Ramírez Uresti.

La especialista anota que para México, como país expulsor de migrantes y socio comercial estadounidense, la afectación económica y social sería mayúscula al entorpecer el flujo de bienes y servicios en la frontera más activa del mundo, mientras que para Trump la sustitución de los productos mexicanos significaría un obstáculo menor que a mediano plazo podría beneficiar al país.

“El impacto va a ser brutal, si no estamos preparados para mitigar ese impacto va a ser muy complejo (…) La política migratoria de México no ha sido de contención, al contrario, el sexenio pasado vimos la invitación del expresidente a los migrantes a quedarse incluso cuando estamos rebasados en los servicios; a mí me preocupa que el flujo migratorio inicial sea muy superior a la capacidad del Instituto Nacional de Migración en los albergues, no se ve que haya una política migratoria de contención o asimilación para todos los mexicanos que regresan de Estados Unidos”, finaliza la académica.