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Presidentas bajo la lupa

Un sismo político sacude a Sudamérica, donde las lideresas de la región sufren problemas de popularidad y legalidad.

En sus respectivos países, la presidenta chilena Michelle Bachelet, la argentina Cristina Fernández y la brasileña Dilma Rousseff, afrontan acusaciones por encubrir delitos de corrupción o terrorismo.

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, los escándalos han golpeado a las mandatarias debido al escrutinio de la justicia, la opinión pública y los partidos de oposición.

30%
es el nivel de aprobación de la presidenta de Argentina
Aunque las jefas de Estado libren las consecuencias legales, sus partidos tendrían problemas en las próximas elecciones

Un sismo político sacude a Sudamérica, donde las lideresas de la región sufren problemas de popularidad y legalidad.

En sus respectivos países, la presidenta chilena Michelle Bachelet, la argentina Cristina Fernández y la brasileña Dilma Rousseff, afrontan acusaciones por encubrir delitos de corrupción o terrorismo.

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, los escándalos han golpeado a las mandatarias debido al escrutinio de la justicia, la opinión pública y los partidos de oposición.

Los analistas estiman que, aunque las jefas de Estado libren las consecuencias legales, los partidos que representan tendrán problemas en las próximas elecciones.

Dilma: escándalo ‘negro’

La polémica de corrupción de Petrobras, la petrolera brasileña, ha salpicado a Rousseff.

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, entregó esta semana una lista con 54 implicados en denuncias de corrupción de la compañía petrolera, entre los que destacan funcionarios del Partido del Trabajo (PT), en el que milita Dilma.

Ante el escándalo, ciudadanos planean una marcha para el 15 de marzo en la que pedirán la impugnación de la mandataria.

Pero ella ha librado las investigaciones judiciales porque la ley brasileña contempla que sólo puede investigarse a un jefe de Estado por irregularidades cometidas durante el actual ejercicio de su presidencia.

Los casos investigados ocurrieron entre 2003 y 2010, cuando fue ministra de la Casa Civil y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. 

“El mayor riesgo al que se expone Rousseff no es ser acusada de cometer delitos, sino de encubrirlos o ignorarlos durante su mandato”, reportó ayer El País.

“Pero un proceso para destituir a la presidenta brasileña no es tan sencillo”.  

Aun así, el daño a su imagen es evidente: la encuestadora Datafolha revela que su nivel de aprobación popular está en 23 por ciento y el de desaprobación en 44 por ciento, los peores indicadores de un presidente brasileño desde 1999.

Cristina: presidenta imputada

Desde que murió el fiscal Alberto Nisman, el pasado 18 de enero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta la peor crisis de su mandato.

Nisman había acusado a la mandataria de encubrir la culpabilidad de Irán en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina.

Además del descontento popular que provocó la misteriosa muerte del jurista, el fiscal Gerardo Pollicita dio paso a la denuncia contra Cristina, quien insiste en que hay un complot orquestado por un exespía que esta molesto con su gobierno.  

Aunque un juez federal desestimó la imputación contra Kirchner, Pollicita apeló la sentencia, por lo que el problema legal de ella no ha terminado.  

“Querer clausurar la denuncia de Nisman, que tiene tanta transcendencia institucional, sin investigar, sólo alimentaría la interpretación de que el Gobierno está escondiendo hechos que aún no se conocen”, publicó ayer Clarín. 

Esto ha propiciado que las encuestas le den un 30 por ciento de aprobación a Cristina y que ninguno de los tres candidatos favoritos en las próximas elecciones presidenciales de este año sea kirchnerista. 

Bachelet: familia incómoda

Los escándalos ocurren hasta en las mejores familias, incluyendo las presidenciales.

La revista chilena Qué Pasa reveló hace un mes que el hijo de Michelle Bachelet, Sebastían Dávalos, consiguió en el Banco de Chile un crédito por más de 10 millones de dólares apenas 48 horas después de la victoria electoral de la mandataria.

Esto despertó cuestionamientos de la oposición de presunto tráfico de influencias, por lo que Dávalos renunció a su puesto como director del Área Sociocultural de la Presidencia.

Al respecto, Bachelet afirmó que no sabía de la transacción y que se enteró por la prensa.

Pero una encuesta de la firma Cadem muestra que 60 por ciento de los chilenos no creen en el argumento de la presidenta, quien ahora tiene un nivel de aprobación de apenas 31 por ciento.

Cristina Fernández
> La muerte y denuncia de Alberto Nisman  

Las autoridades hallaron el cadáver del fiscal Alberto Nisman el 18 de enero, días después de haber denunciado a la presidenta por encubrir a Irán en un atentado. 

El fiscal Gerardo Pollicita dio paso a la acusación de Nisman, pero un juez federal desestimó la imputación de Cristina.

Aun así, Pollicita apeló el fallo y los ciudadanos protestan para que se esclarezca la misteriosa muerte de Nisman. 

Dilma Rousseff
> Corrupción en Petrobras

El procurador general de Brasil entregó esta semana una lista con 54 implicados en sobornos de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando Dilma fue presidenta del Consejo de Administración y ministra de la Casa Civil. 

La mayoría de los involucrados son del partido de Rousseff, el PT.

El 15 de marzo, los brasileños realizarán una marcha para pedir la impugnación de la presidenta, para que la puedan investigar. 

Michelle Bachelet
> Tráfico de influencias familiar

La revista chilena Qué Pasa reveló hace tres semanas que el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, consiguió un crédito del Banco de Chile por 10 millones de dólares, apenas 48 horas después de la victoria electoral de Bachelet. 

Esto despertó cuestionamientos por tráfico de influencias y la subsecuente renuncia de Dávalos de su puesto como director del Área Sociocultural de la Presidencia. 

Casos ¿cerrados?
Aunque han buscado darles carpetazo, la Justicia y los ciudadanos insisten en que las mandatarias deben esclarecer su participación en escándalos de corrupción, encubrimiento y tráfico de influencias. 

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