Presidenta de Perú, Dina Boluarte, es citada para hablar de las muertes que dejaron las protestas en su país

Por primera vez desde que tomó posesión en diciembre del año pasado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentará ante la Fiscalía de la Nación.

La jefa de Estado será cuestionada por las muertes que han surgido de las protestas en su país, las cuales son adjudicadas a algunas de sus decisiones, como enviar a las Fuerzas Armadas a los enfrentamientos.

Joseph Campos, abogado de Boluarte, dijo al medio local Radio Exitosa que, aunque la cita de su clienta en la Fiscalía es el próximo 31 de mayo, intentará reprogramarla para el 1 de junio debido a que el último día de este mes la presidenta participará en el Simulacro Nacional Multipeligro 2023.

Según Campos, Boluarte no utilizará de ninguna manera el silencio como defensa, por lo que se prevé que no siga aplazando sus encuentros con las autoridades.

Sin credibilidad

Claudia Edith Serrano Solares, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, considera que el llamado a Boluarte por parte de la Fiscalía abre aún más el debate en cuanto a qué tanta credibilidad tiene su gobierno no sólo por las condiciones en las que tomó posesión, sino porque gran parte de sus primeras decisiones tuvieron como consecuencia decesos humanos.

“Esto le abre la puerta al cuestionamiento sobre el rumbo de la democracia del Perú a nivel regional e internacional, y a Boluarte le sigue generando una situación de descredibilidad a pesar de que (su investigación) es un proceso que sigue en curso y en el cual no tendremos un veredicto de manera inmediata”, menciona.

Antes de que la Fiscalía llamara citar a la presidenta, desde enero el órgano gubernamental había iniciado una investigación en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidas durante las manifestaciones.

Para la doctora Serrano Solares, el hecho de que el poder judicial haya iniciado una investigación en forma y ahora cite a la presidenta puede permitir que Boluarte tome con mayor cuidado o cautela la forma en la que las Fuerzas Armadas están respondiendo a los inconformes.

“El que las fuerzas armadas no respondan con violencia podría provocar una mayor tranquilidad a los manifestantes”, dice la docente.

Respecto al futuro que le podría esperar a la presidenta dentro de la política de Perú, la especialista en la región considera que aún es complicado saberlo debido al proceso al que se está enfrentando la jefa de Estado no sólo por la crisis social sino por su política exterior.

Además de que Boluarte tiene una investigación abierta por genocidio, mantiene cierto cuestionamiento por el nivel de distanciamiento que está generando con sus interlocutores de la región, como Colombia, México y Chile, ente otros.

“Ese comportamiento está minando la proyección que había adquirido Perú frente a sus homólogos regionales (…) Creo que Boluarte finalmente será una figura transitoria que dará pie para que alguien más llegue a tener un rol más destacado dentro de las fuerzas políticas, porque ella ya está desgastada”, declara la doctora.

Los antecedentes

De acuerdo con un informe publicado ayer por Amnistía Internacional titulado “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, el saldo de las manifestaciones llevadas a cabo de diciembre a febrero pasado fue de 49 muertes, de las cuales 25 fueron registradas al sur y sureste del país, en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.

De esos casos se encontraron 20 fallecidos que pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales.

Amnistía Internacional encontró que los uniformados estaban armados con rifles de asalto, por lo que dispararon munición real “indiscriminadamente” contra civiles y causaron “una importante” pérdida de vidas.

Ante esos antecedentes, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró que el uso de armas de fuego contra manifestantes “muestra un flagrante desprecio por la vida humana”.

“A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, agregó.

En otro informe publicado por Human Rights Watch el mes pasado, la organización también halló el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.

En el documento “Abusos brutales cometidos por las fuerzas de seguridad” se especifica que al menos 39 de las personas que perdieron la vida durante las manifestaciones murieron por heridas de bala.

Human Rights Watch verificó que los militares y soldados portaban armas de fuego gracias al acceso de más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, además de que se revisaron autopsias e informes de balística, registros médicos y expedientes penales.