La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación porque “aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula” tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Al presentar el Informe Final del Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial), tras su séptima visita oficial a México del pasado 26 de noviembre de 2018 emitió una serie de recomendaciones a las autoridades señaladas en el caso.
“Persisten una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”, advirtió la Comisión.
Por otro lado, la CIDH pidió profundizar la investigación en torno al Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS), mecanismos de coordinación municipales, estatales y federales, que pudieron ser activados antes a la noche del 26 de septiembre.
El Informe señaló que funcionarios militares del 27 Batallón pudieron haber comenzado un seguimiento sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva.
“La CIDH considera necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala”, solicitó la Comisión
A la Policía Federal pidió contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la Procuraduría General de la República (PGR) y clarificar la cadena de mando, así como el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala.
“La PGR ha identificado nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales”, aseguró el Informe.
“Sigue pendiente de resolverse un recurso de Amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el Río San Juan. Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales”, aseguró la CIDH.
La CIDH pidió seguir dando atención médica permanente y a las medidas de asistencia requeridas para Edgar Vargas y Aldo Gutierrez Solano, los dos estudiantes agredidos y heridos de la escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y que permanecen hospitalizados.
Durante los dos años de funcionamiento del Mecanismo, la CIDH hizo 6 visitas oficiales, 5 visitas técnicas, 5 reuniones de trabajo y 4 audiencias públicas; además revisó 618 tomos remitidos por la PGR, con información actualizada hasta julio de 2018.