Ante los problemas políticos detonados por la falta de control y atención a las personas migrantes, investigadores del Migration Policy Institute (MPI) y El Colegio de México (Colmex) presentaron el avance de un reporte en el que recomiendan a los gobiernos de México y Estados Unidos trabajar en conjunto para lograr que las personas tengan una migración de manera segura, ordenada y regular.
En el documento al que tuvo acceso Reporte Índigo, las dos instituciones comparten que es indispensable que los gobiernos de ambos países trabajen juntos mediante estrategias articuladas para solucionar los problemas relacionados con la migración.
Además, los autores del avance consideran que las medidas que implementaron ambos gobiernos en los últimos dos meses son difíciles de mantener debido a la debilidad crónica de sus instituciones y a estructuras de política pública poco planificadas en ambos países.
“Sugerimos que lo necesario sería en realidad repensar cómo se toman las decisiones de asilo, pero siempre asegurando que podemos tener procedimientos justos y prontos”, explica en entrevista Claudia Masferrer, coautora del avance del reporte y profesoraen el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (Cedua) de El Colmex.
La primera recomendación de los investigadores que redactaron el documento es reformar cómo las decisiones de asilo se toman en ambos países, con el fin de asegurar procedimientos justos y en periodos breves.
En este sentido, los autores sugieren triplicar o cuadruplicar el presupuesto (actualmente alrededor de 1.3 millones de dólares) de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) porque esa decisión podría expandir de manera sustantiva la capacidad para dar abasto al crecimiento exponencial del número de solicitudes de asilo.
De acuerdo con el avance del reporte, los gobiernos de Estados Unidos y México también pueden considerar los esfuerzos bilaterales como un complemento a los cambios que hagan a nivel nacional.
Dentro de estas estrategias, los investigadores recomiendan establecer un proceso de asilo dentro de consulados de Estados Unidos y México en Centroamérica o crear una zona segura en el sur de México para solicitudes de asilo bajo los auspicios de la ONU y con la participación de otros gobiernos regionales que acordarían aceptar refugiados.
El segundo bloque de recomendaciones es fortalecer las instituciones migratorias mediante la restructuración de la principal agencia de migración en México y la actualización de los recursos y la infraestructura fronteriza de las agencias migratorias estadunidenses.
Según los autores del adelanto, el gobierno mexicano necesita restructurar el Instituto Nacional de Migración (INM) para abordar de manera efectiva las funciones asociadas a la migración: aplicación de la ley, políticas de visados e integración de migrantes.
Según el avance del reporte, México necesita crear un servicio profesional de carrera para agentes de migración con altos estándares de reclutamiento, entrenamiento, remuneración y desarrollo profesional e invertir en fuertes controles internos para prevenir la corrupción.
Los investigadores también aseguran que México tiene que invertir en programas de integración tanto para los extranjeros que llegan al país como para aquellos mexicanos que regresan, sea dentro del INM o en una dependencia distinta.
El tercer paquete de recomendaciones implica desarrollar un enfoque regional y coordinado para enfrentar las redes de contrabando de personas.
Las instituciones educativas mencionan en el avance que los gobiernos de México y Estados Unidos necesitan empezar a compartir información e inteligencia sobre estas redes y desarrollar un mapeo que permita ir no sólo tras los traficantes, sino también investigar y desarticular las operaciones logísticas y financieras que los apoyan, así como los vínculos a negocios legales, tales como compañías de autobuses y hoteles.
El avance puntualiza que la atención prioritaria de los gobiernos sobre este tema debe enfocarse en grupos de contrabando que realicen prácticas predatorias o aquellos que estén vinculados con el crimen organizado. Los autores detallan que los gobiernos deben evitar perseguir a grupos de la sociedad civil que proporcionan asistencia humanitaria a migrantes.
Los investigadores aseguran que esta estrategia debe involucrar a los gobiernos de países claves en Centroamérica, así como a Brasil, Ecuador, Panamá y Costa Rica.
Desde octubre de 2018, MPI calcula que alrededor de 7 por ciento de los migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos y 16 por ciento de aquellos detenidos en México no son mexicanos ni centroamericanos, entre ellos se encuentran asiáticos y africanos que cruzan Brasil y Ecuador y luego el istmo centroamericano, así como cubanos que llegan a través de Panamá y Nicaragua.
El cuarto bloque de recomendaciones aborda la creación de vías legales para la migración en ambos países.
De acuerdo con el informe Can Regular Migration Channels Reduce Irregular Migration? desarrollar políticas para migrar de forma legal reduce la movilización irregular.
Ante esta realidad, las dos instituciones sugieren que los gobiernos de ambos países abran oportunidades para trabajar de forma legal en sus países con la finalidad de persuadir a los migrantes de que esperen su turno para obtener una visa en lugar de emigrar de forma ilegal.
La quinta recomendación es invertir en desarrollo y seguridad pública. Según el avance, los gobiernos de Estados Unidos y México pueden ayudar a mejorar las condiciones en las que viven las personas en Centroamérica y así evitar que quieran migrar, pero primero necesitan hacer un mapeo claro de las necesidades en la comunidades y regiones de donde parten los migrantes.
El avance menciona que en Honduras y El Salvador es esencial apoyar esfuerzos enfocados en mejorar la seguridad pública, mientras que inversiones en partes de Guatemala y Honduras que enfrentan sequías, escasez crítica de alimentos y pobreza profunda podrán tener un efecto de corto plazo de igual forma.
“Si queremos reducir la presión migratoria en Centroamérica de manera permanente debemos cambiar las condiciones en la región. No solo para que tengan mejor calidad de vida y para que decidan migrar o no, sino para que en general la región crezca”, comenta Masferrer.
Estas sugerencias a los gobiernos de México y Estados Unidos son el resultado de las discusiones que tuvo en los últimos meses un grupo de estudio convocado por el MPI y El Colmex. Los otros autores del documento son los presidentes de estas instituciones, Andrew Selee y Silvia Giorguli, y el analista Ariel Ruiz Soto.
Las cinco medidas deben ser de manera articulada y pensadas como estrategias a largo plazo para que la migración poco a poco sea ordenada, regular y segura, pero sin dejar de lado que estos procedimientos tienen que ser justos y sin violaciones a los derechos humanos
El reporte completo de las dos instituciones se publicará en agosto, pero los investigadores consideraron importante compartir un avance de las recomendaciones al gobierno mexicano y a medios de comunicación porque este lunes termina el periodo de 45 días propuesto por la administración del presidente Donald Trump para evaluar el éxito del acuerdo del 7 de junio
