En Perú las libertades civiles y democráticas están en riesgo

Tras la detención del presidente Pedro Castillo en 2022, la democracia en Perú se ha deteriorado, así lo indica el reporte de la organización no gubernamental Freedom House en la que califica al país sudamericano con una nota de 66 sobre 100.

La constante persecución de los partidarios del expresidente, los casos de corrupción, la falta de transparencia en el gobierno de Dina Boluarte y unas elecciones que aún no llegan, perjudican la calificación de Perú en este 2024 y ponen en riesgo a su población.

Este no es el primer año en que el país andino desciende en la clasificación de Freedom House. Desde 2019 ha visto una constante baja; sin embargo, este año la caída fue la cuarta más grande a nivel mundial. La metodología de la ONG toma en cuenta derechos políticos, funcionamiento de gobierno, transparencia, libertades civiles y garantías jurídicas, en un proceso de encuesta que toma en cuenta la opinión de más de 150 analistas, académicos y activistas.

De acuerdo con Freedom House, a pesar de las instituciones democráticas establecidas en Perú que hicieron posibles múltiples transferencias de poder pacíficas, los casos de corrupción de alto nivel han debilitado la confianza de la población en el gobierno y han producido desestabilidad dentro de una clase política dividida; manifestación de esto fue la destitución del expresidente Castillo.

Violaciones de derechos humanos y conflicto de interés

A partir del ascenso al poder de Dina Boluarte, quien fungía como vicepresidenta de Castillo hasta su destitución, las libertades de reunión en Perú han sido gravemente afectadas. La dureza con la que la presidente manejó las protestas en favor de su antecesor provocaron pérdidas humanas que organizaciones como Human Rights Watch clasificaron como “ejecuciones extrajudiciales”.

Mientras la presidenta asegura que los abusos de las fuerzas policiacas serán investigadas,  activistas denuncian que a la fecha no han habido condenas y las investigaciones parecen estar detenidas. Freedom House considera que debido a este clima de represión, particularmente en zonas rurales e indígenas donde Castillo tenía mayor apoyo, las protestas han disminuido desde julio del año pasado.

En conjunto con la represión usada en las protestas, Freedom House apunta que la transparencia gubernamental ha disminuido. Como ejemplo cita la decisión de febrero pasado del Tribunal Constitucional de limitar la vigilancia al Poder Legislativo.

El conflicto de interés encapsulado en la decisión del Tribunal ejemplifica lo que grupos de la sociedad civil han visto como un retroceso en la lucha contra la corrupción en Perú. Otro ejemplo que muestra el debilitamiento institucional fue el despido de los fiscales que procesaban el Caso Odebrecht por parte de la fiscal General Patricia Benavides, quien tras otro escándalo por conflicto de interés tuvo que renunciar a finales de 2023.

A estos casos se suma el juicio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), llevado a cabo por el  Congreso que acusa al JNE de haber operado un fraude electoral a favor de Pedro Castillo en las elecciones de 2021, esto sin ninguna evidencia que respalde las acusaciones. Ante este panorama, y la decisión de Boluarte de conservar el poder hasta el término de su mandato, Freedom House expresa preocupación respecto a la legalidad de las votaciones de 2026.

La presidenta Boluarte acusada de corrupción

Un caso que ejemplifica la lucha intestina entre la clase política y la corrupción de los altos mandos del país es el intento de destitución que enfrenta la presidenta. Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito después de una aparición pública en la que vistió un reloj con un valor de 14 mil dólares que no reportó en su declaración patrimonial.

La investigación de la fiscalía no solo ha involucrado en allanamiento de su domicilio y del Palacio Presidencial, sino también ha sido citada en petición de algunos legisladores de oposición para remover a Boluarte del poder bajo cargos de incapacidad moral.

De acuerdo a Claudia Edith Serrano, doctora en Estudios Latinoamericanos y catedrática de la Facultad de Estudios Superiores  (FES) Aragón de la UNAM, la investigación a la presidenta se implanta dentro de las prácticas de la política peruana.

“Los últimos seis presidentes han tenido alguna investigación por su vinculación en actos relacionados a corrupción, algunos han decidido mejor dimitir para no someterse a la investigación, por lo que pareciera que es parte de un deterioro de las instituciones y la representatividad política en la que el líder político no alcanza a formar empatía ni preocupación por el ciudadano y están más pendientes a sus intereses particulares y partidistas.

“Pese a ello, con Dina Boluarte ya existían reclamos por violación a derechos humanos; entonces, esta investigación por enriquecimiento ilícito (se) suma a las exigencias de una rendición de cuentas por parte de la presidencia hacia los otros poderes, pero también hay que mencionar que hay una tensión muy fuerte entre los poderes públicos en Perú”, mencionala especialista.

Ante un panorama donde las instituciones responden a agendas propias y dejan de lado las necesidades ciudadanas, la doctora Serrano señala que la movilización ciudadana  y la protesta pública eran los medios en los que la ciudadanía podía exigir un cambio a las instituciones, pero como respuesta solo obtuvieron represión.

“El camino más viable sería que se empiece a fortalecer la movilización para que de esta manera se modifique el funcionamiento de las instituciones, pero la representatividad a través del partido político ha provocado que haya una disputa de poder muy fuerte y que las distintas fuerzas políticas estén en una constante lucha de poder que no ha logrado darle a la ciudadanía la participación que buscan”, añade la catedrática.

En opinión de Serrano, si no se garantiza a los ciudadanos la libertad para exigir, el miedo a la represión retrasará la generación de contrapesos que actúen de forma abierta hacia los poderes en función.