Perú continúa en protestas; piden dimisión de Dina Boluarte

Las y los peruanos continúan manifestándose en diferentes puntos del país debido a la situación política que enfrentan desde finales de 2022.

De acuerdo con un informe publicado por el Ministerio Público el pasado viernes 13 de enero, las protestas habían dejado hasta esa fecha 42 fallecidos, entre ellos 41 civiles y un efectivo policial, así como 531 heridos, de los cuales 355 fueron civiles y 176 agentes de la Policía Nacional.

Referente a las muertes, el Ministerio detalló que se abrieron, entre diciembre de 2022 a enero de este año, ocho investigaciones fiscales con el fin de dar con los responsables de las pérdidas humanas.

También se informó de la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, a quienes se les investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y “entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”.

Las protestas surgieron desde el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por intentar disolver el Congreso, quedando en su lugar la vicepresidenta Dina Boluntarte.

Desde entonces, los inconformes no han dejado las calles hasta que se cumplan tres de sus peticiones: la dimisión de Boluarte por no haber sido elegida por el pueblo sino por los congresistas por orden de la Constitución, el adelanto de las elecciones generales y la liberación del expresidente.

Según lo confirmó la propia jefa de Estado a la prensa local, las elecciones a la Presidencia se adelantarían a 2024; dos años antes de que ella supuestamente deje el cargo que inició Castillo en julio de 2021.

Sin embargo, debido a la presión social que abarca las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima, donde además de heridos y fallecidos se ha registrado el cierre de calles, el gobierno y las autoridades correspondientes podrían acercar la fecha de la jornada general para este año.

Adelanto de elecciones en Perú

En entrevista, el doctor Fernando Neira Orjuela, miembro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, opina que las elecciones adelantadas serían la solución política que podría ofrecer la mandataria ante la situación que enfrenta el país.

“El país en términos políticos, sociales, no va a aguantar (elecciones hasta 2024), ningún país podría soportarlo. Van más de 40 muertos. Es una situación muy delicada la que está enfrentando hoy en día Perú”, asegura.

Bajo esa perspectiva, el Congreso podría acordar con la presidenta una nueva fecha para llamar a la población a elecciones generales, a más tardar en diciembre de este año.

Con una fecha concreta, los partidos políticos podrían empezar con el lanzamiento de sus respectivos candidatos. El que sea elegido jefe de Estado por mayoría de votos a nivel nacional, se convertiría en el séptimo presidente que tiene Perú en los últimos cinco años.

Desde la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, la mayoría de los presidentes siguientes fueron removidos de sus cargos por acusaciones de presunta corrupción, como también fue el caso de Pedro Castillo, quien en octubre pasado fue denunciado por la Fiscalía de la Nación por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Respecto a la postura que Dina Boluarte debería seguir manteniendo ante la situación que enfrenta su país, y que incluso ha arrastrado desde los últimos cinco años por el cambio de presidentes, el doctor Neira Orjuela comenta que no debe dejar de llamar al orden y a la seguridad.

“Debe conciliar intereses con los sectores inconformes, lo que puede provocar que vengan procesos de negociación muy fuertes”, apunta el especialista.

El pasado 11 de enero, la Presidencia de Perú informó que la presidenta reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el diálogo y la paz social en el país a comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitaron Lima debido a la crisis que vive el Estado.

Respuesta internacional

Ante la situación que enfrenta Perú, además de la CIDH, otras organizaciones han demostrado su interés por mejorar el panorama, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de un comunicado, la ONG exhortó a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar “urgentemente” medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica; a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes; y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis.

De acuerdo con Human Rights Watch, las amenazas a la libertad de expresión siguen siendo un “grave” motivo de preocupación en Perú, donde incluso varios periodistas enfrentan procesos judiciales a causa de su trabajo, llevándolos a pisar la cárcel por hasta dos años por casos de difamación.

Amnistía Internacional Perú también se ha levantado en contra de la situación en la nación, exigiendo a las fuerzas de seguridad del Estado que prioricen una resolución pacífica y detengan de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra la población civil.

Vía redes sociales, Amnistía Internacional ha compartido información a la población peruana para saber exigir sus derechos, así como una guía sobre “Cómo grabar a funcionarios encargados del orden y la seguridad pública”.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de igual manera condenó las muertes y heridos en Perú como producto de enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía.

El secretario compartió que el uso desproporcionado de la fuerza no era admisible, por lo que llamaba a detener la violencia y al más pleno respeto de los derechos humanos.