"Obama se ha mostrado reticente a liderar procesamientos, pero la evidencia es convincente y está bastante claro que la CIA sabía que lo que hacía era ilegal"
"En lugar de que sea otra razón para revivir viejas discusiones, espero que el reporte pueda ayudarnos a dejar esas técnicas a donde pertenecen, en el pasado"
El presidente Barack Obama quiere dejar en el pasado la tortura que cometió la CIA.
Tras la publicación esta semana del reporte del Senado que evidencia los métodos de interrogación poco ortodoxos que la agencia usó con sospechosos de terrorismo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos pidieron castigar.
Pero Obama no ha mostrado interés en iniciar procedimientos legales contra los agentes involucrados, e incluso ha pedido concentrarse en que en el futuro no suceda algo similar, lo que ha molestado a los activistas.
“La Administración Obama se ha mostrado reticente a liderar procesamientos, pero la evidencia es convincente y está bastante claro que la CIA sabía que lo que hacía era ilegal”, declaró ayer a El País, Sarah Margon, directora de Human Rights Watch en Washington.
“Son necesarias investigaciones más extensas. Esto (el reporte) debería ser el principio, no el final”.
Esta reacción ocurre luego de que, el martes, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos (EU) reveló un informe que exhibe la brutalidad y engaños de la CIA en su Programa de Detención e Interrogación en la presidencia de George W. Bush.
El reporte concluye que, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, los agentes torturaron a sospechosos, arrestaron a personas sin justificación y mintieron a los medios y al Gobierno sobre la efectividad del programa.
Ante esto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, exigió ayer iniciar un procedimiento legal contra los responsables, pues EU ratificó en 1994 la Convención de la ONU contra la tortura.
“Si alguien ordena, permite o comete tortura, reconocido como un serio crimen internacional, no se puede simplemente conceder impunidad por conveniencia política”, manifestó Raad al-Hussein a la agencia AP.
Aunque algunos políticos conservadores justifican el uso de la tortura, a pesar de que la investigación del Senado afirma que no sirvió para obtener información valiosa, Amnistía Internacional (AI) también demanda acciones legales.
“Bajo la Convención de la ONU, ninguna circunstancia especial en absoluto puede invocarse para justificar la tortura, y los responsables de autorizar o usar la tortura deben ser investigados”, indicó en un comunicado, Steven Hawkins, director de AI en Estados Unidos.
El informe del Senado es resultado de más de 5 años de investigación, una inversión de 40 millones de dólares y un análisis de seis millones de páginas clasificadas.
Obama pide olvidar
El líder de la Casa Blanca tiene molestos a los demócratas en el Senado y a los activistas que exigen justicia, pues en sus declaraciones públicas el mandatario ha sido tibio.
“En lugar de que sea otra razón para revivir viejas discusiones, espero que el reporte pueda ayudarnos a dejar esas técnicas a donde pertenecen, en el pasado”, señaló Obama en un comunicado el día que se publicó la investigación.
De hecho, el jefe de Estado se ha mostrado empático con su predecesor, George W. Bush, al argumentar que enfrentó una situación difícil que requería medidas complicadas.
“En los años posteriores al 9/11, con legítimo temor de futuros ataques y con las responsabilidad de prevenir más catastróficas pérdidas de vida, la anterior administración afrontó opciones agonizantes sobre cómo perseguir a Al-Qaeda”, agregó Obama en su declaración.
El Departamento de Justicia también ha mostrado poco interés en iniciar investigaciones.
Incluso, ante la ambigüedad del poder Ejecutivo, algunos activistas, como el director de American Civil Liberties Union, Anthony Romero, solicitan que el perdón sea explícito.
“El espectáculo del presidente concediendo perdones a los torturadores hace que me duela el estómago”, escribió Romero en The New York Times, “pero hacer eso podría ser la única forma de asegurar que el Gobierno jamás torture de nuevo.
“Los perdones dejarían claro que se cometieron crímenes, que los individuos que autorizaron y cometieron tortura eran criminales, y que los futuros arquitectos y perpetradores de la tortura deberían tener cuidado”.
