Panamá apuesta por la regularización

Los dos primeros años de Julia Rodríguez en Panamá fueron duros.

Había dejado atrás su país, Colombia, y a su hijo. Tenía una situación migratoria irregular y en el negocio de venta de motocicletas donde trabajaba le pagaban 300 dólares por mes, muy por debajo del salario mínimo promedio, que en ese entonces era de casi 400 dólares.

“El fuerte vive del más débil”, comenta hoy al recordar esa época.

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Por ciento Desempleo s la tasa de Panamá
Las autoridades migratorias panameñas argumentan que se trata de una “necesidad” coyuntural por el auge económico que vive el país, que ha aumentado la demanda de mano de obra

Los dos primeros años de Julia Rodríguez en Panamá fueron duros.

Había dejado atrás su país, Colombia, y a su hijo. Tenía una situación migratoria irregular y en el negocio de venta de motocicletas donde trabajaba le pagaban 300 dólares por mes, muy por debajo del salario mínimo promedio, que en ese entonces era de casi 400 dólares.

“El fuerte vive del más débil”, comenta hoy al recordar esa época.

La existencia de la mujer, no obstante, cambió radicalmente en julio del 2010, cuando el gobierno del presidente Ricardo Martinelli permitió a los extranjeros que llevaban al menos dos años viviendo en el país sin autorización legal sacar permisos de residencia y de trabajo por dos años.

Rodríguez, oriunda de Cartagena, de 31 años, recibe desde entonces todos los beneficios laborales, incluido el pago de horas extras y derecho a recibir atención médica de la Caja de Seguro Social, entidad estatal.

La cartagenera renovó en junio pasado ese permiso migratorio por dos años más, hasta mediados del 2014.

“Amo a mi país. Si tuviera (allá) una oportunidad como las que nos ofrece Panamá en este momento, créeme que me regreso”, aseguró la mujer en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La feria del “Crisol de Razas”

Rodríguez es una de miles de extranjeros, mayormente colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos, que han podido regularizar su estatus migratorio con ese proceso, que el gobierno bautizó como la feria “Crisol de Razas”. En la última feria, realizada a principios de octubre, a quienes renovasen permisos se les dio una estadía de 10 años.

Las autoridades migratorias panameñas argumentan que se trata de una “necesidad” coyuntural: el auge económico que vive el país demanda mano de obra para numerosos proyectos de construcción, áreas técnicas y ligados al turismo.

Al mismo tiempo, aseguran que el extranjero que se regularice puede contribuir al pago de impuestos y de las cuotas por los servicios de la seguridad social.

Momento de bonanza

El auge económico que vive Panamá desde hace 6 años ha motivado a que miles de extranjeros lleguen y permanezcan en este país de servicios y dolarizado, de 3.5 millones de habitantes, en busca de una buena paga.

“Panamá pasa por un período de gran crecimiento económico y gracias a su estabilidad política y social se ha convertido en un lugar de destino para muchos migrantes”, planteó a la AP Alberto Brenes, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá.

“El país ha sido muy exitoso en la atracción de inversión extranjera, lo cual aunado a los mega-proyectos de infraestructura que se están construyendo produce una gran demanda de mano de obra que no ha podido ser cubierta por la oferta local”.

La economía panameña ha sido una de las de mayor crecimiento en América Latina desde el 2006, gracias a un descomunal auge en la industria de la construcción ligado al sector inmobiliario, en el turismo y en el transporte de carga.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) anunció a principios de octubre que Panamá será nuevamente el país que mantendrá el mayor nivel de crecimiento regional en 2012, de 9.5 por ciento, y para el año entrante figurará también con un 7 por ciento entre los de mayor actividad.

Los proyectos

Megaproyectos como la ampliación del Canal de Panamá por 5 mil 250 millones de dólares, que arrancó en 2007, y la construcción de una línea del tren metropolitano (Metro de Panamá) por mil 452 millones de dólares, que comenzó en febrero del 2011, requieren una mano de obra de la que el país no dispone.

“Hay una demanda voraz por mano de obra, la cual es muy escasa en el país, donde hay poco desempleo. El vacío lo han venido a llenar los migrantes”, abundó Brenes.

El desempleo en Panamá pasó de 6.6 por ciento en 2009 a 4.6 por ciento en 2012, con una fuerza económica activa de 1.6 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo.

“Se está requiriendo una gran cantidad de mano de obra que, de hecho, se estaba llenando con extranjeros que se mantenían ilegales”, apuntó el director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo.

En las diez ferias realizadas hasta ahora, 30 mil 437 migrantes lograron obtener el permiso migratorio. De ellos 16 mil 321 son colombianos, 6 mil 708 nicaragüenses, mil 574 dominicanos, mil 562 venezolanos y el resto de otras nacionalidades, según el jefe migratorio.

Los costos

La más reciente jornada de regularización se realizó entre el 2 y 11 de octubre en un gimnasio de esta capital. Las autoridades migratorias decidieron en esta edición otorgar a aquellos que llegaron a tramitar la renovación del carnet una extensión por 10 años de permanencia en el país. A ese carnet lograron acceder un total de 3 mil 424 extranjeros.

Carrillo explicó que ello se hizo porque los trámites resultaban muy costosos.

Los costos varían dependiendo de los países de donde provienen los inmigrantes y van desde los mil 267 dólares por los dos permisos hasta los 3 mil 102 dólares.

“Como sabemos, la mayoría de los migrantes irregulares son personas de escasos recursos para quienes no es sencillo pagar estas altas sumas de dinero y menos por una solución temporal”, dijo Brenes.

Los oriundos de países a los que Panamá no les exige visa –Colombia, Venezuela y los centroamericanos–, pagan 767 dólares por el permiso migratorio y 500 por el laboral.

Los extranjeros de esos países ingresan generalmente con visa de turista por un periodo de 6 meses y luego deciden quedarse a trabajar o hacer algún negocio informal, como vender comida en las calles, sin sus documentos en orden.

Los extranjeros de países que requieren visa para entrar a Panamá, como los dominicanos, tienen que pagar algo más por el permiso migratorio (mil 272 dólares) e igual cantidad por el laboral (500), mientras que los migrantes de países con los que Panamá tiene visado restringido, como los cubanos, haitianos, chinos, indios y africanos, deben destinar 2 mil 602 y 500 dólares, respectivamente.

El visado restringido exige mayores trámites a los inmigrantes y las fuerzas de seguridad deben autorizar el ingreso de esas personas.

Los costos son probablemente una de las razones por la que más gente no se acoge a esta

posibilidad de regularizar su situación.

Las ventajas

Carrillo dijo que no podía precisar la cifra de los extranjeros que permanecen sin documentos en el país, en tanto que varias ONGs consultadas por la AP tampoco manejaban estadísticas al respecto.

Pero Myrna López, la directora de La Fundación Casa Latinoamericana (CASALAT), estima que su organismo no gubernamental asesora a 10 mil extranjeros cada año y dice que del 2002 a la fecha ha orientado aproximadamente a unos 100 mil.

Cuando los inmigrantes regularizan su situación, señaló Carrillo, se los obliga a “contribuir con el pago de impuestos y la seguridad social y se evita que sean víctimas de explotación, tráfico y trata de personas. Además pueden exigir sus derechos laborales”.

“El otro (motivo para regularizar el status de los extranjeros) es la seguridad, saber quiénes están conviviendo con nosotros en el país”, agregó. “En estos procesos se le toman las huellas dactilares y entran a la base de datos plenamente identificadas”.

El gobierno exige que los migrantes con menos de dos años de estadía en Panamá presenten un historial policial de su respectivo país, y en el caso de que tengan dos años o más en Panamá antecedentes expedidos por las autoridades panameñas.

Los escépticos

La dirigente de COSALAT no ve con buenos ojos esta política de regularización del status de extranjeros sin papeles.

“Después de haber tenido una ley migratoria en su conjunto muy estricta, en los últimos tiempos hemos abierto las compuertas”, planteó López a la Associated Press.

“No sabemos en 10 años más, viendo la situación económica internacional, qué va pasar con Panamá”, agregó. “Tampoco podemos darle documentación a tantas personas que podrían ser una carga para el Estado panameño”.

Algunos temen que colapse el sistema de atención médica en la Caja de Seguro Social, criticada desde hace mucho tiempo por sus carencias en medicamentos y demora en la atención, y advierten que una avalancha de extranjeros podría afectar las condiciones laborales de los nacionales, incluyendo el salario.

“Se está fomentando que se pueble Panamá con personas foráneas que no tienen los recursos para poder subsistir”, planteó a la AP Ernesto Cedeño, especialista en derecho Administrativo, Constitucional, Procesal, Comercial y Civil en Panamá.

Agregó que se corre el peligro de que “esta aventura migratoria” haga “que colapse el sistema de salud, por la atención a los menesterosos foráneos”.

“Significa también que los nacionales tendrán problemas para conseguir trabajos” y “que se vayan practicando nuevas figuras delictivas”, como el “secuestro exprés” y ejecuciones, delitos más comunes en otras naciones, manifestó Cedeño.

Crisol de Razas, por otro lado, irrita a extranjeros que buscaron regularizar su situación por conductos ordinarios, como el matrimonio con un nacional.

Un extranjero que se casa con un nacional también tiene que renovar anualmente y por 10 años el permiso de trabajo. Y si enviuda y no tiene hijos, pierde el derecho.

La medida, empero, le resuelve la vida a miles. (AP)

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