Han pasado siete meses desde que las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega iniciaron en su país, y el mandatario ya comenzó a reprimir a sus críticos.
“Esperemos que (Daniel Ortega) comprenda que por ese camino, de reprimir a la oposición, lo único que va a conseguir es terminar de hundir toda posibilidad de sobrevivencia política de su régimen”, declaró a un medio local el general opositor en retiro Hugo Torres.
Una líder costarricense feminista fue expulsada del país, así como dos activistas españolas y una suiza, que también forman parte del movimiento. El gobierno nicaragüense les prohibió participar en actos políticos y les exigió presentarse cada 15 días ante las autoridades migratorias
Las feministas nicaragüenses han mantenido una posición crítica y un rechazo frontal contra la administración de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Debido a ello, Ana Quirós, líder del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), recibió el precio de representar la oposición. Fue expulsada del país después de la marcha contra la violencia machista, que fue prohibida por el régimen.
Ana Quirós tiene una larga trayectoria reivindicando los derechos de las mujeres. Nacida en Costa Rica en 1956, llegó a Nicaragua 16 años después como parte de las brigadas de solidaridad que se desplegaron para atender la emergencia causada por el terremoto que destruyó Managua en 1972 y que dejó al menos 12 mil muertes.
Años más tarde, la costarricense se involucró en la solidaridad internacional con la lucha guerrillera sandinista, que buscaba derrocar a la dictadura somocista que había gobernado Nicaragua durante 47 años bajo una ideología militar.
De acuerdo con el movimiento feminista, las autoridades nicaragüenses detuvieron a Quirós por supuestamente encabezar actividades terroristas. Después, funcionarios de Migración la deportaron a su país de origen.
Así como Quirós, también fueron detenidas las españolas Ana Ara, María Jesús Ara y la suiza Beatriz Huber, quienes llevan décadas viviendo en Nicaragua, apoyando el trabajo de las organizaciones feministas del país centroamericano. Compañeras suyas del movimiento aseguraron a medios locales que las autoridades retuvieron sus documentos y les ordenaron que no participaran en actividades políticas.
