El gobierno de Nicaragua decidió dar un paso inesperado. A unos días de que el Congreso del país latino aprobó la Ley de Amnistía, con el voto mayoritario del oficialismo, la administración liberó a partir de ayer a opositores del presidente Daniel Ortega.
“En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía, se han puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúan preparando la liberación de presos por estos delitos”, se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de gobierno.
Entre los liberados este martes aparecieron líderes estudiantiles como Yubrank Suazo y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de información del Canal 100 por ciento Noticias, que fueron detenidos el 23 de diciembre, cuando la Policía nacional asaltó y confiscó la redacción de dicho medio.
También fue liberado el campesino Medardo Mairena, quien había sido detenido en junio pasado en el aeropuerto de Managua, cuando intentaba viajar a Estados Unidos. Fue acusado de ser el presunto responsable del ataque a una aldea del sur de Nicaragua, que dejó varios policías muertos.
Entre los liberados se encuentran estudiantes y periodistas
“El único delito ha sido levantar nuestra bandera azul y blanca, y voy a seguir levantando. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan, pero no voy a dejar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense”, dijo el también liberado periodista Marlon Powell a la prensa internacional.
Por su parte, la alta comisionada de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación de que la amnistía impida el procesamiento de los responsables de “graves” violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“El gobierno (de Daniel Ortega) tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, demandó la también expresidenta chilena a través de un comunicado.
En abril del año pasado, algunos ciudadanos nicaragüenses se manifestaron en contra de una reforma al seguro social que el mandatario deseaba implementar, sin embargo, el registro de algunas muertes y heridos hizo que Ortega no aplicara tal ley. Pero las protestas no cesaron, pues comenzaron a luchar para que el jefe de Estado dimitiera.
