Organización de derechos humanos en el El Salvador informa sobre tortura en centros de detención

En un año, 139 personas perdieron la vida en El Salvador mientras se encontraban bajo custodia del Estado.

Ese dato fue recopilado por Cristosal, una organización que defiende los derechos humanos en el país centroamericano, a través de su último informe titulado “Un año bajo el régimen de excepción” (mayo 2023).

El régimen de excepción es una medida de seguridad impulsada por el gobierno del actual presidente Nayib Bukele basada en capturas masivas de presuntos delincuentes.

Aunque esta medida también fue promovida para controlar los homicidios en el país a través de los encarcelamientos, Cristosal encontró que las detenciones se realizaron “sin investigación previa y violación sistemática y continua de los derechos humanos fundamentales” de las personas detenidas y sus familiares.

La organización recibió información testimonial sobre muertes de mujeres y de decenas de hombres que perdieron la vida por torturas, golpizas y falta de atención médica en el “Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza” y el “Centro Especial de Salud Quezaltepeque”, entre otros.

Situación en las cárceles

Según el informe, si los internos se quejan o hacen ruidos, se les rocía gas pimienta o los sacan de las celdas durante la noche para golpearlos.

En el penal de Izalco, ubicado en el lado este del centro del país, un hombre que estuvo retenido allí declaró de manera anónima que en ese centro son comunes los castigos cuando los internos se mantienen en las puertas para tratar de respirar mejor. En una ocasión, los custodios tiraron agua con detergente en el pasillo e hicieron que los internos corrieran, lo que provocó que varios se cayeran y se lesionaran. Al no levantarse, les daban patadas o golpes con su macana.

En la prisión de Quezaltepeque, por ejemplo, se dio a conocer que había una pizarra donde se anotaba el número de reos que iban muriendo. Uno de los presos que salió en libertad de ese lugar en abril pasado, dio su testimonio.

“Un día nos llegaron a hacer un recuento de madrugada dos veces. Corrió el rumor de que se había fugado un interno de otra celda y módulo, el cual había sido encontrado en el módulo B, descuartizado”.

De acuerdo con el documento divulgado por Cristosal, de las 139 personas fallecidas de marzo de 2022 al mismo mes del presente año, 135 eran hombres y cinco mujeres; cifras que pueden ser mayores porque dentro de los centros penitenciarios no se avisa a la familia del detenido sobre su muerte, por lo que entierran los cuerpos como personas desconocidas.

En los casos documentados se determinó que los fallecidos, en su mayoría, se trataban de personas jóvenes. Mientras que el 46.3 por ciento se encontraba en edad reproductiva, entre 18 y 38 años, el 40.5 por ciento estaba entre los 38 y 48 años. Las personas fallecidas también vivían en condición de pobreza y/o bajo dominio o control de las pandillas, de las que fueron víctimas o colaboradores.

De las 139 personas registradas sin vida en un año, sus causas de muerte se dividieron en cuatro: muerte violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad.

“Las condiciones a las que son sometidas las personas privadas de su libertad por el régimen de excepción son propias de tratos crueles inhumanos y degradantes, debido a que sufren hacinamiento extremo, falta de alimentación, asistencia y servicios de salud y medicamentos; a lo que se suma la práctica de tortura, golpizas, castigos, encierro permanente sin acceso a luz solar; así como falta de agua para consumo, aseo personal, de servicios sanitarios y limpieza de las celdas, entre otras”, se lee en el informe.

A un año de vigencia del régimen de excepción, se han capturado a 66 mil 417 personas, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La voz de los detenidos

A través de su informe, Cristosal compartió que entrevistó a decenas de personas que estuvieron detenidas entre siete y 11 meses. Según su declaración, en las celdas o sectores donde estaban casi no había pandilleros; éstos no sobrepasaban el 30 por ciento del total de encarcelados.

De acuerdo con sus testimonios, durante el procedimiento de ingreso se les clasificaba por civiles, civiles manchados (tatuados), activos (integrantes de pandillas como MS-13, 18-R, 18 Sureños, entre otras) y retirados.

Al llegar a los centros penitenciarios, comúnmente en buses o microbuses, cuentan que eran recibidos por agentes custodios quienes los esposaban unos con otros, los colocaban de rodillas con la cabeza hacia abajo y por lo general permanecían bajo el sol y el cemento o grava por más de una hora.

Posteriormente, mientras se les obligaba a avanzar en cuclillas, los custodios los golpeaban con macanas, les daban patadas o golpes en la cabeza, lo que provocaba que algunos se desvanecieran. Para despertarlos, empezaban a darles palizas.

“Cuando llegamos al penal nos bajaron de la coaster y lo primero es que nos hincaron a todos donde había grava. Estuvimos media hora en grava y temblando de miedo porque mirábamos cómo los ingresaban; agachados, hincados y los golpeaban.

“A la par mía había un chamaco que tenía osteoporosis, él temblaba de miedo y me decía ‘aquí me van a matar’, y yo le decía ‘tranquilo’. A mí no me golpearon, pero a ese chamaco como iba enfermo no podía correr, venía lento y lo golpearon aunque estuviera enfermo, eso no les importa. Él les dijo que se tenía que tomar una pastilla porque llevaba unas, y dijo que le iba a dar como un ataque. No les importó, se las botaron, Ahí no tienen respeto, para ellos no servís y sos prácticamente una basura”, relató de forma anónima un joven de 23 años.

Otro exencarcelado de 20 años compartió que después de que un custodio les pidió que subieran sus manos, les advirtió que a quienes las bajaran los iban a matar.

“Mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre. Al entrar al sector donde iban a quedar, los custodios les dieron una golpiza”, compartió.

Sobre la escasez de agua, además de que se registró que en algunos casos sólo se les permitía a los presos tomar un vaso o una pequeña botella de agua durante el día, un hombre de 20 años relató que los baños de su prisión estaban tapados, que quienes habían estado en ese lugar antes que él “habían dejado todo sucio”, tanto que resbalaba hasta el piso.

“Pasaban tres baldes diarios para defecar, no había nada de agua para limpiar (…) Algunos dormían en los suelos de los baños, allí se llenaron de hongos en las espaldas”, narró.

A pesar de la exposición de esta situación, el gobierno federal ha remarcado que es importante que todos los delincuentes sepan cómo se les tratará en las cárceles para que eviten cometer crímenes. Sin embargo, diversas organizaciones exigen un trato digno a los detenidos.