La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que impulsó a Donald Trump hacia la presidencia en 2016, podría perder su influencia política de cara a la elección presidencial en Estados Unidos.
NRA es la organización que defiende la Segunda Enmienda constitucional en Estados Unidos, relacionada con la portación legal y el uso de armas de fuego, tema que ha sido un debate en el país debido al aumento de los ataques en contra de civiles en los últimos años.
La asociación está envuelta en escándalos como resultado de acusaciones de corrupción y malversación de fondos, que podrían afectar su poder de recaudación, lo cual repercutirá con la pérdida de su fuerza en la vida política estadounidense.
La fiscal de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda para disolver la asociación después de culpar a su vicepresidente, Wayne LaPierre, de realizar desvíos millonarios para gastos personales. Estas acusaciones alcanzan a otros tres miembros de alto rango de la NRA por cometer actos de corrupción.
La fiscal, quien aseguró que ninguna organización está por encima de la ley estadounidense, detalló que la demanda es por incumplir leyes estatales y federales, acciones que contribuyeron a un desvío de 64 millones de dólares en los últimos tres años.
De acuerdo con la demanda de James, los cuatro acusados no cumplieron con su deber como fiduciarios de donaciones y utilizaron las reservas de la NRA para costear viajes privados para ellos y sus familias a destinos como Bahamas y África.
“Los miembros de la junta de la NRA abusaron de su poder y desviaron ilegalmente o facilitaron el desvío de millones de dólares. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la NRA, una de las organizaciones más poderosas de este país”, declaró la fiscal.
Por separado, el fiscal general de Washington, Karl Racine, presentó una demanda en contra de la Fundación NRA, y acusó a sus directivos de malversación de fondos caritativos para financiar gastos de la NRA y sus ejecutivos.
En su demanda, el fiscal de Washington argumenta que la fundación incumplió la ley al no operar de forma independiente y anteponer los intereses de la NRA a sus fines caritativos, con una desviación de aproximadamente seis millones de dólares, disfrazado como un préstamo que no fue finiquitado. A esto se suman los aumentos salariales injustificados para los ejecutivos de la asociación, por el orden de cuatro millones de dólares.
“Con esta demanda, nuestro objetivo es recuperar los fondos donados que la Fundación NRA desperdició. Las organizaciones sin fines de lucro deben estar al tanto de que la Oficina del Fiscal General presentará una demanda si encontramos evidencia de comportamiento ilegal”, declara el fiscal Karl Racine.
El golpe político a la NRA
Wayne LaPierre calificó las acusaciones de venganza política, con el fin de silenciar y acabar con la organización, por lo cual también presentó las demandas correspondientes.
“Es un intento de sumar puntos políticos y atacar a la voz líder de oposición a la agenda de izquierda. Esta es una toma de poder de oportunistas políticos, un movimiento desesperado que es parte de una vendetta política de rango”, declaro el vicepresidente de la NRA.
Sin embargo, las demandas en contra de la Asociación Nacional del Rifle llegan en un momento crucial en la elección y podrían afectar su capacidad política y financiera para respaldar la campaña reeleccionista del presidente Trump, como ocurrió en el proceso electoral de 2016.
Al respecto, Monserrat Castillo, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que la organización podría enfrentar problemas para recaudar fondos y financiar los gastos derivados de las demandas, las cuales podrían resolverse una vez que el proceso electoral haya concluido.
A esto se suma que diversos legisladores republicanos reciben fondos de la NRA como parte de sus movimientos respecto a la desregulación de las armas de fuego, que se mantiene en debate ante el aumento en los tiroteos en los que mueren decenas de civiles inocentes.
Es sabido que la organización defiende la tenencia de armas de fuego entre civiles, mientras que sus líderes, entre ellos el acusado LaPierre, atribuyen que los tiroteos son ejecutados por personas que padecen desórdenes mentales y no por el fácil acceso a armas.
A lo largo de los últimos 50 años, la NRA ha presionado fuertemente para evitar cualquier medida de control de armas bajo el argumento de que estas hacen que Estados Unidos sea un país más seguro y de que es un derecho respaldado por la Segunda Enmienda de la Constitución.
“Esta organización se ha asegurado de dar donaciones a políticos republicanos que defienden su ideología sobre la tenencia de armas y en caso de que los Demócratas ganen la elección podrían perder fuerza y hasta perder este debate, aunque no en el corto plazo”, opina Castillo.