El gobierno de Australia sigue en medio de un alegato legal relacionado con sus medidas sanitarias y un personaje en particular, el mejor tenista del mundo, Novak Djokovic.
A pesar de que hace tres días el serbio fue liberado de un hotel en Melbourne y fue rechazada la anulación de su visa por no haber estado vacunado contra el COVID-19, el deportista aún podría ser deportado del país oceánico, evitando su participación en el Australian Open, a celebrarse el próximo 17 de enero.
La última decisión la tiene Alex Hawke, ministro de Inmigración australiano, quien en las próximas horas deberá analizar tanto las reglas que ha implementado su país en los últimos dos años, las cuales le han permitido registrar a la fecha menos de tres mil muertos por coronavirus, y la posición de Djokovic, quien debido a sus últimas declaraciones podría desfavorecer su defensa.
Según un comunicado compartido por el propio tenista el pasado 11 de enero, su equipo de trabajo cometió un error en el formato que las autoridades australianas solicitan al momento de entrar al país, asegurando que el serbio no había viajado en los últimos 14 días previos a su arribo al Estado, lo cual es falso, pues estuvo presente en Marbella, España, y en Belgrado, Serbia.
Además, asistió a un evento y a una entrevista con un diario de manera presencial, a pesar de estar infectado por COVID-19, lo cual no tenía asegurado en ese momento, pero estaba en espera de conocer los resultados de una prueba de PCR.
Pero a pesar de las críticas, es poco probable que el serbio no sea deportado, pues de lo contrario sería contraproducente para la administración de Morrison y sus políticas sanitarias.
“En caso de que por alguna razón (Novak Djokovic) consiguiera jugar en el abierto de Australia, sería contraproducente para el gobierno australiano por sus medidas tan estrictas (…) Sería un golpe terrible, y sobre todo reactivaría los movimientos tanto antivacunas como de aquellos que se han opuesto al uso del cubrebocas”, opina por su parte el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
Para los grupos antivacunas, personajes internacionales como Djokovic han sido ejemplo de su lucha, convirtiéndose en los rostros que representan sus ideales, como el que ellos son los únicos que pueden decidir por su cuerpo y no el gobierno.
Ante esas perspectivas, el profesor Daniel añade que sería la decisión del ministro Alex Hawke de deportar al deportista lo que podría llenar esos espacios de crítica hacia la administración Australia, volviendo a reivindicar su posición como uno de los Estados más rigurosos en materia sanitaria.
“Si no lo deportan, el gobierno se vería mermado, disminuido socialmente al no poder actuar acorde a lo que ha estado alegando todos estos meses”, resalta.
Sin necesidad de nuevas medidas
En caso de deportar de Australia al tenista, la administración del primer ministro Scott Morrison podría analizar aumentar sus prevenciones sanitarias con el fin de que no vuelva a ocurrir una situación similar. Sin embargo, no es factible que lo haga.
El investigador Muñoz Bravo señala que lo más probable es que el gobierno continúe con sus medidas y posturas actuales, sin dejar de lado el aprendizaje que le dio este caso al no haberse puesto en comunicación de manera previa con otras autoridades federales y la organización del propio Australian Open para evitar “este bochornoso hecho” que incluso ha generado un roce diplomático.
Hasta el momento, la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, se ha puesto en contacto con su homólogo australiano para reafirmar que no se violen los derechos humanos de su ciudadano, no sin antes advertir que el tenista podría enfrentar consecuencias en caso de haber ignorado sus reglas sanitarias, como el salir a eventos públicos con una prueba positiva de COVID-19.
