Uno de los objetivos del presidente Donald Trump desde que comenzó su administración es que los gobiernos de otros países protejan a las personas que quieren llegar a Estados Unidos, bajo el concepto del tercer país seguro. Su intención es recibir cada vez menos migrantes y que otras naciones se hagan responsables de protegerlos.
Trump ya logró un primer paso para llegar a esta meta. El presidente estadounidense anunció el viernes pasado que Guatemala firmó un acuerdo que exige a los solicitantes de asilo pedir refugio primero en la nación centroamericana antes de continuar su camino hacia Estados Unidos.
Ante este nuevo acuerdo, defensores de derechos humanos, organizaciones y ciudadanos no están conformes con esta medida porque consideran que el gobierno guatemalteco la aceptó presionado por las amenazas de Trump.
El acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y Estados Unidos pretende impedir que los solicitantes de asilo sean candidatos a recibir la protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron refugios primero en ese país.
Conforme al acuerdo, se pretende permitir a las autoridades estadounidenses regresar a esos migrantes a Guatemala para aliviar la presión del sistema migratorio estadounidense.
La medida puede evitar en gran medida que personas provenientes de Honduras y El Salvador, dos de las principales fuentes de migrantes en este momento, soliciten asilo en Estados Unidos.
El año pasado, alrededor de 62 mil personas tan solo de El Salvador y Honduras solicitaron asilo en Estados Unidos, según los registros de Naciones Unidas. La mayoría de ellas ingresaron al país por la frontera suroeste. En contraste, sólo 257 personas buscaron asilo en Guatemala.
El nuevo acuerdo también busca bloquear a las personas solicitantes de asilo que provienen de otros países latinoamericanos y de otras regiones del mundo que viajan por tierra a Estados Unidos a través de Guatemala, sin embargo, los guatemaltecos y mexicanos no serán afectados.
No quieren el acuerdo de tercer país seguro
Después de que los dos gobiernos firmaron el acuerdo, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala presentó este lunes una demanda ante la Corte de Constitucionalidad de su país.
“Presentamos un amparo para que se declare nulo lo firmado y no entre en vigencia”, explicó el procurador Jordán Rodas, quien argumentó que el acuerdo se firmó bajo amenazas de Trump.
“El artículo 52 de la Convención de Viena señala que es nulo todo tratado o acuerdo cuya celebración se haya obtenido bajo amenazas”, detalló.
El pacto fue alcanzado después de que Trump amenazó al gobierno guatemalteco con imponer una serie de castigos al país centroamericano como la prohibición de viajes a los guatemaltecos, la aplicación de un impuesto a las remesas o una tasa de aranceles a todos los productos de ese país exportados a Estados Unidos.
Las amenazas se produjeron después de que el presidente Jimmy Morales canceló un viaje a Washington a principios de julio después de que la Corte de Constitucionalidad recibiera al menos tres acciones de amparo para evitar que la nación se convirtiera en tercer país seguro.
Antes de la acción del procurador, la organización Acción Ciudadana también presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del acuerdo al igual que el abogado Marco Antonio Mejia, quien lo hizo a título personal.
No todas las acciones fueron intervenciones legales. Durante el fin de semana también se registraron manifestaciones en frente de Casa Presidencial en rechazo a la firma del acuerdo que convierte a Guatemala en tercer país seguro.
Aún no se aplica acuerdo de tercer país seguro
Los funcionarios del gobierno de Trump han dicho que el acuerdo entrará en vigor en las próximas semanas. Sin embargo, hay varios obstáculos importantes en el camino.
Los detractores, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, ya comenzaron a presentar impugnaciones jurídicas que podrían retrasar, modificar o acabar con el trato.
La oposición al acuerdo es generalizada en Guatemala, donde la Corte de Constitucionalidad decidió que el gobierno guatemalteco necesitaba la aprobación del congreso para firmar un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos.
El viernes pasado, el presidente Morales trató de eludir la decisión de la corte al evitar el uso del término tercer país seguro en la declaración para anunciar el acuerdo, no obstante, el gobierno de Trump sí usó el término, lo que comienza a impulsar impugnaciones jurídicas en Guatemala.
Además, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses tendrían que certificar que Guatemala tiene un sistema de asilo completo y justo y que puede proteger a los solicitantes de asilo de otros países.
Por otra parte, la internacionalista Norma Soto Castañeda asegura que este acuerdo surge como una estrategia política en un momento en que los dos países se encuentran cerca de su periodo electoral.
Se está firmando en una coyuntura especial. Guatemala entra en un periodo de elecciones al igual que Estados Unidos. Estos acuerdos dejan un antecedente en los dos gobiernos para controlar la ola migratoria y para que tengan mejoras al interior
El gobierno estadounidense emplea a la par otras estrategias para frenar la migración. Las autoridades migratorias detienen cada año a más personas en la frontera suroeste del país, de acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La dependencia registra que la Patrulla Fronteriza arrestó 94 mil personas en junio de 2019 y 34 mil en el mismo periodo de 2018.
¿Guatemala segura?
Guatemala no cumple las características necesarias para funcionar como un tercer país seguro. Una nación debe cumplir ciertas condiciones mínimas para ser considerada de esta forma, tales como asegurar el derecho a la vivienda y los servicios médicos, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra en 1951.
El principal requisito es que el gobierno del país logre garantizar que los solicitantes de asilo no serán retornados a su país de origen, es decir, que se respeta el principio de “no devolución”.
La administración del tercer país seguro también debe asegurar los derechos a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación, así como la garantía a la reunificación familiar.
Guatemala no cumple estos requisitos porque no es un país seguro ni para las personas que viven en su territorio en la actualidad. Aunque los homicidios cayeron un porcentaje pequeño en el último año, la nación centroamericana aún es de las más peligrosos del mundo.
Guatemala registró 2 mil 330 homicidios en el primer semestre de 2019, apenas un 1.7 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala.
Entre enero y junio pasado el país redujo en 41 casos los asesinatos, pues en el primer semestre de 2018 hubo 2 mil 371 homicidios.
La institución también registró que los crímenes con arma de fuego se redujeron un 3 por ciento en Guatemala en 2019, mientras que los feminicidios en un 12.2 por ciento.
Entre enero y junio de este año murieron por heridas de bala mil 618 personas y en el mismo periodo del año pasado fueron mil 669, detalla el organismo forense.
El país centroamericano no cumple las características necesarias para convertirse en tercer país seguro por sus niveles de violencia y problemas económicos
No obstante, la violencia se mantiene como uno de los grandes problemas que los gobiernos no han podido erradicar debido a la falta de empleo, la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población guatemalteca y la presencia de las pandillas y los grupos del crimen organizado, como el narcotráfico.
Además, el propio Departamento de Estado de Guatemala ha emitido alertas sobre la violencia y el frágil sistema de justicia del país.
“Los delitos violentos como el robo a mano armada y los homicidios son habituales. Las actividades de las pandillas como la extorsión, los delitos violentos en las calles, el tráfico de drogas son un problema generalizado. Es probable que la policía local no cuente con los recursos necesarios para responder de manera eficiente a incidentes delictivos graves”, menciona el Departamento de Estado en sus advertencias sobre viajes a Guatemala.
También problemas económicos
Norma Soto Castañeda, maestra en negocios internacionales, asegura que el país centroamericano también tiene problemas económicos.
“La pobreza extrema que tiene es un obstáculo para que sea tercer país seguro. Es un país pequeño que tiene algunos recursos que le permiten estar bien económicamente, sin embargo, la falta de educación, la pobreza y el comportamiento de algunos grupos no le permite crecer económicamente”, explica la docente de la Universidad La Salle.
Además, los acuerdos de tercer país seguro por lo general han demostrado ser difíciles de aplicar por diversas razones prácticas y jurídicas, de acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias. Dichos desafíos han incluido comprobar que el solicitante de asilo transitó por el país seguro en primera instancia.
