Estados Unidos hizo realidad su advertencia: sancionar a funcionarios nicaragüenses debido a la falta de seguridad que hay el país centroamericano.
Este martes, el gobierno estadounidense impuso sanciones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo de Ortega, y a un asesor cercano, acusándolos de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos, un señalamiento que la administración centroamericana rechazó.
El Departamento del Tesoro norteamericano afirmó que la vicepresidenta tiene influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación que, anunció la dependencia americana, cometió asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros durante las protestas que iniciaron desde el pasado 18 de abril en contra del gobierno de Daniel Ortega.
“Murillo y sus operadores políticos han intentado desmantelar de forma sistemática las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control en el poder”, afirmó en un comunicado el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
Desde julio pasado, la administración de Donald Trump había anunciado que Nicaragua recibiría sanciones
Aseguró que su país está comprometido con exigir responsabilidades al régimen de Ortega por las protestas y la corrupción generalizada que ha causado la muerte de al menos 300 nicaragüenses.
Las sanciones del presidente Donald Trump implican el bloqueo de cualquier propiedad, o intereses en poseer alguna, que esté en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción norteamericana.
Además, prohíbe a cualquier ciudadano americano que realice negocios con Murillo de Ortega. La Casa Blanca anunció que la entrada de estos sancionados está suspendida en el país.
El 30 de julio pasado, Estados Unidos amenazó al gobierno de Nicaragua con imponerle potenciales sanciones, como revocar y restringir el otorgamiento de visados a las autoridades nicaragüenses que estén involucradas en la supuesta represión de las protestas antigubernamentales.
“Estados Unidos está demostrando que hará responsables de sus acciones a los oficiales del régimen de Ortega que autorice la violencia y los abusos o que roben al pueblo nicaragüense. Este es el comienzo de potenciales sanciones”, enfatizó en ese entonces la administración de Trump.
