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Aunque las vendieron como un paquete de medidas innovadoras, las reformas sociales que anunció China el viernes representan un intento de consolidar la oligarquía del Partido Comunista y mejorar su imagen a nivel internacional.
Las reformas fueron aplaudidas por el resto del mundo apenas dos días después de que China fuera duramente criticada por ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pese a su historial de represión.
“Es una respuesta prudente a las constantes críticas que el país recibe en cuestiones de violación de derechos humanos: ‘sabemos que el mundo nos está vigilando y lidiaremos con ello nosotros mismos dentro de nuestra estructura monopartidista’”, escribió ayer la periodista Jiayang Fan para The New Yorker.
Una de las medidas más controversiales fue la de ablandar la política del hijo único. Y a ella se suma la abolición de los campos de trabajo de reinserción social.
Mientras la primera se anunció como una política que permitirá terminar con el estricto control social, la realidad es que el Gobierno necesitaba que los chinos procrearan más de un hijo ante la escasez de mano de obra, manifestó la investigadora Flora Botton a CNN en Español.
“Hubo todo tipo de errores al pensar en esta política muy estricta, porque hace falta mano de obra masculina. Entonces, limitar el número de hijos que va a tener una familia campesina, también les limita su capacidad de cultivar esta tierra”, expresó en entrevista.
Los expertos también advierten que la política de eliminar los campos donde los delincuentes pagan su condena haciendo trabajos forzados no acabará con el opaco sistema de prisiones.
“El partido (comunista) todavía no ha abandonado la mezquina idea de que el Estado puede y debe controlar dónde vive la gente”, publicó el lunes el Financial Times.
Además, al mismo tiempo que presume de iniciativas sociales más laxas, China planea tener mayor control de Internet insertando propaganda oficial en línea y fusionando los medios electrónicos e impresos con los digitales.
Esto se sumaría a los 2 millones de trabajadores que actualmente emplea el Gobierno para vigilar la actividad de sus ciudadanos en la Red, según datos del diario Daily Mail.
