Migrantes en el Darién carecen de protección por parte de Colombia y Panamá

El Tapón del Darién es una de las zonas de mayor peligro, y los gobiernos de Colombia y Panamá no están haciendo nada para proteger a los migrantes que atraviesan ese sitio.

El año pasado, más de medio millón de personas, incluidos 113 menores de edad, cruzaron el Darién a pesar de todos los riesgos que implica, como violencia sexual, robos, encuentro con grupos criminales y secuestros.

En el más reciente informe de Human Rights Watch, Desatendidos en la selva: Protección y asistencia inadecuadas para migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién, la organización comparte las deficiencias gubernamentales que hay para proteger y ayudar a los migrantes, así como para investigar los abusos que reciben.

Del lado de Colombia, por ejemplo, los investigadores encontraron que las autoridades carecen de una estrategia para salvaguardar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, lo que los deja desprotegidos de grupos armados como el Clan del Golfo, el cual controla el flujo de personas en el Darién y “se beneficia de sus desesperación y vulnerabilidad”.

En un informe previo, Abusos contra migrantes en el Tapón del Darién, Human Rights Watch detalló que miembros del Clan son quienes regulan las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, y deciden quién puede ayudarlos a cruzar.

Las personas que auxilian a los migrantes a atravesar el Darién les ponen precio a las rutas; mientras más cortas sean y con menos riesgos, más dinero piden.

La organización halló, por otro lado, que los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud resultan inadecuados, lo que afecta los derechos básicos tanto de los migrantes como de las comunidades locales que viven en marginación, altas tasas de pobreza y falta de oportunidades. Además, que en ambos lados de la frontera las autoridades no protegen efectivamente el derecho a la vida y la integridad física de los migrantes en tránsito y solicitantes de asilo, ni investigan las violaciones de manera “efectiva, rápida y exhaustiva”.

De acuerdo con los investigadores, la rendición de cuentas por crímenes como violencia sexual en gran medida no se investigan y quedan impunes debido a una combinación de recursos y personal limitado, falta de una estrategia de investigación criminal y mala coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas.

Al respecto, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, declaró que cualquiera que sea el motivo del viaje de los migrantes y solicitantes de asilo, tienen derecho a seguridad básica y respeto a sus derechos humanos a lo largo de su camino.

Muestra de la escasa atención que los gobiernos analizados tienen por la situación de los migrantes es que en marzo pasado Panamá suspendió el trabajo de Médicos Sin Fronteras al interior del país con el argumento de que el contrato con la organización había finalizado en diciembre de 2023; sin embargo, el organismo respondió que ha buscado una renovación desde octubre.

Con el respaldo de organizaciones como Médicos Sin Frontera, países como Colombia y Panamá, que rodean el Darién, reciben asistencia para cuidar del bienestar físico y mental de los migrantes, incluso de aquellos que atravesaron por violencia sexual.

¿Cómo Colombia y Panamá deberían reforzar su atención a los migrantes?

Ante lo que representa el Tapón del Darién en materia de inseguridad y violencia, Human Rights Watch sugiere a los gobiernos colombiano y panameño no restringir el trabajo de organizaciones como Médicos sin Fronteras al interior de sus países, pues hacerlo es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación.

Así también, sugiere que ambos países deberían nombrar a un asesor especial o un alto funcionario para coordinar su respuesta al creciente flujo migratorio a través del Tapón del Darién y, a su vez, reforzar la cooperación entre los dos gobiernos, con Naciones Unidas y otras agencias humanitarias.

“Ambos gobiernos deberían trabajar con organizaciones humanitarias y comunidades locales para establecer un sistema conjunto para rescatar a personas reportadas como desaparecidas en el Tapón del Darién e identificar y recuperar cadáveres”, se lee en el informe.

También, se les sugiere fortalecer los esfuerzos para prevenir, investigar y castigar la violencia sexual contra migrantes y solicitantes de asilo, y aumentar la capacidad forense en la región, priorizar las investigaciones de estos casos y abordar los obstáculos que dificultan que las víctimas denuncien los delitos.

Abordar la situación en el Darién también requerirá de los esfuerzos de otros gobiernos de la región, incluído Estados Unidos, a través del acceso al asilo y el respeto a los derechos humanos, así lo reafirman los investigadores.

El trabajo de Human Rights Watch en el Darién

Para conocer a detalle los abusos que viven los migrantes y solicitantes de asilo en su cruce por el Tapón del Darién, miembros de Human Rights Watch visitaron la zona entre abril de 2022 y junio de 2023, y entrevistaron a casi 300 personas. Entre los entrevistados hubo víctimas de abusos dentro de la zona en cuestión, trabajadores humanitarios y autoridades de Panamá y Colombia.

Entre enero de 2022 y marzo de este año, los investigadores también realizaron entrevistas telefónicas y virtuales, revisaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos, agencias de las Naciones Unidas; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas locales.

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