La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los migrantes que tengan antecedentes penales o que hayan sido declarados culpables de algún delito no pueden ser deportados inmediatamente.
Esto, bajo el argumento de que la ley federal que facilita la deportación de migrantes que han sido condenados por algunos delitos no se puede aplicar, porque es “demasiado confusa”.
La decisión fue aprobada con cinco votos a favor y cuatro en contra.
Uno de los jueces que votó por la invalidación de dicha ley fue Neil Gorsuch, recientemente nombrado miembro del tribunal por Donald Trump.
Ya antes un tribunal federal de apelaciones en San Francisco había anulado la ley por considerarla demasiado ambigua. Decisión con la cual hoy coincidió la Corte Suprema.
El tribunal de apelaciones basó su fallo en una decisión de la Corte Suprema en 2015, que anuló una ley similar que permitía imponer sentencias más largas a delincuentes reincidentes.
La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”.
La decisión es un golpe para el gobierno del presidente Donald Trump que, al igual que el de su predecesor Barack Obama, había defendido la ley ante la Corte Suprema. Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.
El caso examinado por el tribunal se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años. Tras ser acusado de robo en California, el gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos.
El caso fue debatido inicialmente en enero de 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido Antonin Scalia y no había sido reemplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4. Una vez que se incorporó el magistrado Neil Gorsuch, el asunto fue debatido nuevamente. En esta ocasión hizo partido con los magistrados más liberales al concluir que la redacción de la ley era demasiado confusa.
