El gobierno del presidente Donald Trump endureció sus políticas en contra de los migrantes. Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional emitieron este martes una regla provisional que obliga a las personas en situación de movilidad a solicitar asilo en un tercer país seguro antes de tramitar esta condición en Estados Unidos.
La medida se aplica a extranjeros que llegaron a Estados Unidos a partir de este martes, cuando entró en vigor la nueva norma, según el documento firmado por los dos departamentos.
Integrantes de organizaciones y abogadas explican que México, Guatemala y otras naciones de paso para llegar a Estados Unidos no pueden convertirse en tercer país seguro porque sus gobiernos no tienen la capacidad para garantizar la seguridad de las personas en situación de movilidad.
No debería aplicar porque no se dan las condiciones sociales, de seguridad y de derecho para que países como Guatemala y México puedan servir como receptores, entonces la medida es una violación a las leyes internacionales
De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra en 1951, una nación debe cumplir ciertas condiciones para ser considerada tercer país seguro.
El principal requisito es que el gobierno del Estado garantice que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen, es decir, que se respete el principio de “no devolución”.
Además, la administración del tercer país seguro debe asegurar derechos como la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación.
No obstante, la también titular del despacho Moreno Law en Boston puntualiza que las situaciones de inseguridad tanto en México como en Guatemala no hacen posible que estos países puedan mantener la integridad de personas que soliciten asilo antes de llegar a Estados Unidos.
“Sabemos que hay situaciones muy críticas en cuestiones de seguridad tanto en México como en Guatemala. Tenemos miles de solicitantes de asilo que son de Guatemala, un país que tiene altos índices de corrupción, persecuciones de grupos indígenas, entre otros problemas”, comenta la abogada.
En ese sentido, México registró un total de 17 mil personas víctimas de homicidios, incluyendo feminicidios, en los primeros seis meses del año, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard rechazó el lunes que México se convierta en un tercer país seguro y puntualizó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con la nueva norma estadounidense.
Guatemala se encuentra en una situación similar. El país centroamericano registró 2 mil 330 homicidios en el primer semestre de 2019, según las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) guatemalteco.
Además, el gobierno de Guatemala publicó un comunicado el domingo pasado que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a la nación de América Central en un tercer país seguro.
No obstante, la coordinadora de Agenda Migrante comenta que el gobierno estadounidense obliga a México y Guatemala a recibir a las personas en situación de movilidad con la nueva medida como si sus gobiernos hubieran firmado un acuerdo de tercer país seguro.
Ante esta situación, la abogada adelanta que algunas organizaciones ya interponen demandas por las violaciones a sus derechos que sufrirán las personas que serán forzadas a quedarse en un tercer país seguro antes de llegar a Estados Unidos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights interpusieron desde este martes una demanda en una corte federal en California contra la nueva normativa que restringe las condiciones para pedir asilo.
Acnur considera que la nueva normativa no está en línea con las obligaciones internacionales de Estados Unidos
Filippo Grandi, alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dijo en un comunicado que la nueva medida estadounidense pone en riesgo a familias vulnerables.
“Estamos preocupados por esta medida que pondrá a familias vulnerables en situación de riesgo y minará los esfuerzos que están realizando los países en toda la región para la puesta en marcha de respuestas colectivas y coherentes… Se trata de una medida muy dura y no es el mejor camino a seguir”, añadió Grandi.
En el comunicado, Acnur puntualiza que esta normativa restringe el derecho a solicitar asilo, obstaculiza la protección ante la devolución y no está en línea con las obligaciones internacionales.
Lizbeth Mateo, abogada en temas migratorios que trabaja Los Ángeles, comenta que la nueva medida no tiene efectos a largo plazo y que para cambiar la ley migratoria es necesario la aprobación del Congreso de Estados Unidos.
Para cambiar las leyes de migración o cualquier ley en este país se necesita pasar por el Congreso y el organismo legislativo no fue el encargo de aprobar esta nueva medida
La abogada considera que la nueva regla provisional será calificada como ilegal en las cortes de Estados Unidos cuando las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes presenten procesos para frenarla.
María Elena Abraham Garfias, abogada en derecho migratorio del despacho Santamarina y Steta, recomienda que los migrantes se protejan mediante los convenios internacionales que no obligan a las personas en situación de movilidad a pedir refugio en otro país antes de llegar a Estados Unidos.
Los migrantes se pueden revestir de la protección de los convenios sobre refugiados que no consideran obligatorio pedir asilo en un tercer país, pero si Estados Unidos eleva esta orden a ley no habrá mucho que hacer
Consecuencias de ser tercer país seguro
Abraham Garfias añade que la nueva medida puede provocar que los recursos destinados a la migración legal se dirijan a los solicitantes de asilo en las naciones que se conviertan en tercer país seguro de facto como México.
“Este medida nos afectará porque los recursos se dirigirán al grupo de migrantes que en un principio solo pasaba por México y ahora se quedará para pedir refugio”, comenta la abogada.
Abraham Garfias añade que el gobierno de México tendrá que inyectar más recursos a los refugiados y descuidará los procesos de migración que representan un sustento importante para el desarrollo económico de México como la movilidad de directivos de empresas y sus familiares.
“Se puede descuidar la atención a las empresas extranjeras que generan empleos en todo tipo de sectores”, concluye la integrante del despacho.
México ni Guatemala aceptan firmar un acuerdo de tercer país seguro, sin embargo, ante la nueva normativa, el secretario de relaciones exteriores mexicano informó que el domingo se reunirá en Ciudad de México con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos para discutir sobre migración, comercio y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
