Estados Unidos regresó esta semana al primer migrante solicitante de asilo que aguardará en Tijuana mientras se resuelve su caso. Esta acción da inicio a una política estadounidense que consta en retornar a México a quienes aspiren a la protección del país vecino, sin embargo, las autoridades mexicanas no quieran responsabilizarse de la situación jurídica de los migrantes.
Catardo Gómez, un hondureño de 55 años, fue trasladado a Tijuana el martes al mediodía como el primer paso de la aplicación de la política denominada Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
La iniciativa para restringir el acceso de solicitantes se basa en la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Fue presentada en diciembre por la secretaria de Seguridad Nacional Kristjen Nielsen y el secretario de Estado Mike Pompeo.
Gómez llegó a Tijuana por la Garita de El Chaparral y después subió a una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM) que lo llevó a un albergue.
El hondureño cuenta con la tarjeta de visitante por razones humanitarias desde noviembre pasado, lo que le permite entrar y salir de México.
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Rodulfo Figueroa, titular de la oficina de representación del INM en Baja California, informó el día de la llegada del hondureño que en los siguientes días podría haber más retornos por la garita de El Chaparral, como parte de la política MPP.
Figueroa dijo que de acuerdo a las disposiciones de Estados Unidos los retornados cuentan con una cita para presentar su juicio migratorio, sin embargo, aclaró que el INM no tendrá injerencia en este proceso, sólo vigilará la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
En el mismo sentido, la Embajada de Estados Unidos en México informó en un comunicado que a partir de la nueva política algunos individuos que llegaron o entraron a Estados Unidos por México —de manera ilegal o sin la documentación adecuada— serán retornados durante el periodo de sus juicios migratorios. Este plan no aplica para los mexicanos.
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El comunicado agrega que los migrantes cuyos argumentos sean determinados como válidos por jueces estadounidenses recibirán estatus de asilo y podrán permanecer legalmente en Estados Unidos bajo las obligaciones adquiridas ante la ley internacional. Los que no tengan argumentos válidos serán repatriados a sus países de origen.
De acuerdo con el documento oficial, la mayoría de solicitantes no cumplen con los requisitos necesarios para este trámite. Nueve de cada diez migrantes son rechazadas por un juez por no cumplir con los requerimientos.
Además, los migrantes que quieren la protección del gobierno estadounidense aumentaron en el último año. La cantidad de personas que pidieron refugio a Estados Unidos en 2018 por temor a ser regresados a sus países fue 70 por ciento mayor que en 2017, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
No obstante, el Gobierno mexicano no acepta del todo la decisión unilateral de Estados Unidos de devolver a los migrantes centroamericanos que iniciaron su trámite para solicitar asilo.
El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dijo el viernes pasado que el gobierno mexicano rechazó un acuerdo de tercer país seguro porque implicaría el compromiso de procesar todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos y responsabilizarse de lleno por la situación jurídica de los ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), tercer país seguro se refiere a los Estados que se comprometen a proteger a un individuo antes de que otra nación acepte su condición como refugiado.
En aparente contradicción, el titular del INM Tonatiuh Guillén informó el lunes que México tiene listo el programa de atención a los migrantes centroamericanos que serán devueltos por Estados Unidos a territorio mexicano durante el proceso para resolver su solicitud de asilo.
Desde la estación migratoria de Ciudad Hidalgo en Chiapas, Guillén dijo en conferencia de prensa que esta semana ingresarán los primeros 20 migrantes que serán expulsados de Estados Unidos por la nueva política.
El titular del instituto detalló que se trata de una recepción por razones humanitarias y en función de la vulnerabilidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, de entre 18 y 60 años
Aclaró que los migrantes sólo ingresarán por el Puerto Fronterizo de El Chaparral en Tijuana, Baja California. Un requisito para los centroamericanos es que tengan la tarjeta de visitante por razones humanitarias.
Si no cuentan con ella, el personal de la oficina en Tijuana del instituto les proveerá de una Forma Migratoria Múltiple (FMM), un nuevo recurso que permite el ingreso por razones humanitarias. Este tipo de acceso es válido hasta que reciban una resolución sobre su caso en los tribunales de Estados Unidos.
Este nuevo documento tiene una vigencia de 120 días, sin embargo, es renovable conforme a la fecha de los procesos en tribunales de Estados Unidos.
México como cómplice
Organizaciones civiles critican la nueva política de Estados Unidos. El grupo Pueblo Sin Fronteras denuncia que el gobierno estadounidense viola los derechos humanos de los solicitantes de asilo y no cumple con leyes internacionales cuando los expulsa a México.
“El gobierno mexicano es cómplice en esta violación al aceptar que se le entreguen solicitantes de asilo que huyeron de sus países”, cita el documento de la organización.
Pueblo Sin Fronteras también señala que es contradictorio aceptar la devolución de personas y a la vez decir que es una “decisión unilateral” de Estados.
En ese sentido, la organización comenta que el nuevo gobierno de México ejecuta una una política de tercer país seguro sin reconocerlo al aceptar el plan de Trump.
Agrega que esta nueva política pone en riesgo la vida de los solicitantes porque algunos ciudadanos de Tijuana no aceptan que los migrantes permanezcan en la ciudad fronteriza.
Por otra parte, Kennji Kizuka, investigador de la organización Human Rights First, dice en un comunicado que este es un nuevo intento de Trump para negar protección a la gente que huye de la persecución.
Es así como los migrantes centroamericanos ahora tendrán que residir en Tijuana mientras esperan una respuesta del gobierno de Estados Unidos.
