México y otros países de América Latina condenan los graves y reiterados hechos de violencia que se han producido en Nicaragua y que han provocado la muerte de 300 personas y centenares de heridos.
Estas naciones expresan sus preocupación por la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
“Los países firmantes de esta declaración especial condenamos los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos”, publicó Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, en su cuenta de Twitter.
Los países firmantes de esta declaración especial condenamos los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos. https://t.co/RtHW9MuPcg
— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 17 de julio de 2018
En una declaración especial que fue publicada hoy, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y México exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense, así como el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
Los países también instan a reactivar el diálogo dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua. Además, estas naciones solicitan el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en ese país.
Los gobiernos de estas naciones afirman que apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Estos países también hacen un llamado al gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país.
Entre estos desafíos mencionan el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
Para cerrar, los países agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Situación en Nicaragua
El informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como resultado de su visita a Nicaragua revela que al menos 212 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas sociales hasta el 19 de junio pasado.
Por otra parte, hasta el 6 de junio, de conformidad con los datos suministrados por el Estado, mil 337 personas resultaron heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad. Asimismo, cientos de personas han estado en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
Las 15 recomendaciones de la CIDH
Tras una visita de trabajo en Nicaragua del 17 al 21 de mayo del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado de Nicaragua a implementar las siguientes 15 recomendaciones iniciales:
- Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.
- Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
- Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
- Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
- Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
- Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
- Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
- Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
- Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
- Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
- Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
- Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
- Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
- Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
- Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.n
