La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que no reconoce la legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela este fin de semana.
A través de un comunicado, la dependencia federal aseguró que se tomó esta decisión debido a que dichos comicios no cumplieron los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.
La @SRE_mx informa que no reconoce la legitimidad del proceso electoral desarrollado en #Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático. #México llama a Consultas a su Embajadora en este país. #Comunicado ✍? https://t.co/JP7ZBnN4hi pic.twitter.com/bgeJwWGEdL
— SRE México (@SRE_mx) 21 de mayo de 2018
De la misma forma que el gobierno mexicano, 13 países más desconocieron el resultado de las elecciones venezolanas y anunciaron que reducirán el nivel de sus relaciones diplomáticas con dicho país.
Dichos países son integrantes del Grupo de Lima y son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Los 14 países reiteraron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en la nación venezolana.
Lo cual, dijeron, “se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones y en la perdida de la instituciones democráticas, el Estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos”.
En ese sentido, el Grupo de Lima decidió presentar en el marco del 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.
Asimismo, consideraran la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región, especialmente los países vecinos, para atender el flujo migratorio de venezolanos.
Además de coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional.
Así como intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas.
