Maternidad forzada
Niñas son obligadas a tener hijos porque autoridades de provincias argentinas no facilitan el aborto. Las menores de edad no están preparadas psicológicamente para la gestación, sin embargo, un sector de la población impide la interrupción de los embarazos
Mariana RecamierUna niña argentina de once años pidió la interrupción de su embarazo, pero no fue escuchada. Fue obligada a dar a luz por cesárea el producto de una violación. Ahora su familia denuncia que el proceso para acceder al aborto fue obstaculizado para la menor hasta que dejó de ser una opción.
Lucía, el nombre que las autoridades le dieron a la niña para proteger su identidad, supo que estaba embarazada a pocos días de cumplir cinco meses de gestación. Desde el primer momento, la pequeña argentina expresó su deseo de abortar mediante una frase clara.
Sin embargo, las autoridades de la provincia de Tucumán tardaron semanas en dar respuesta sobre su situación, lo que provocó fuera forzada a someterse a una cesárea el 27 de febrero para dar a luz al bebé.
El caso de la niña tucumana se presentó semanas después de que, en otra provincia del norte del país, una niña de doce años tuvo que ser sometida a una cesárea para dar a luz a un bebé que vivió cuatro días.
La situación de las dos refleja el fenómeno de los embarazos de menores de edad en Argentina. Según los últimas estadísticas vitales del gobierno de este país, dos mil 493 bebés nacieron de niñas menores de 15 años en 2017, un 3 por ciento más que 2016, año que presentó 2 mil 419 casos bajo las mismas circunstancias.
Además, ocho de cada diez embarazos de niñas menores de 15 años en Argentina no son intencionales y la mayoría son consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación, según los datos del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019.
La ginecóloga y obstetra Rosa Karina Muñoz Velazco explica que la adolescencia es una etapa de crecimiento con adquisición de nuevas funciones en la esfera biológica, psicológica y social, sin embargo, los cambios no acontecen de manera simultánea y por eso la niñas pueden embarazarse, pero aún no desarrollan su capacidad en los otros dos ámbitos, lo que provoca que no siempre tengan gestaciones saludables.
“Las niñas no están totalmente desarrolladas en las esferas psicológicas y sociales. Quedan embarazadas porque están preparadas biológicamente y las otras esferas tienen un desequilibrio”, explica la especialista.
Muñoz Velazco añade que los embarazos de las menores de edad son de alto riesgo por el estado psicológico de alguien que no quiere ser madre ni sabe el proceso que enfrenta.
La especialista también identifica algunos problemas físicos en los embarazos infantiles. Comenta que en las niñas existen más probabilidades de desarrollar amenaza de aborto, parto prematuro, hipertensión durante la gestación, entre otras condiciones.
También el momento del parto es más riesgoso porque las menores no se preparan para la resolución del embarazo y porque psicológicamente no saben cómo enfrentar una situación así.
Ante estos problemas que enfrentan las niñas embarazadas, el caso de Lucía fue capaz de reavivar el debate sobre los derechos reproductivos en Argentina. El Congreso estuvo cerca de legalizar la interrupción del embarazo en todas las circunstancias hasta las catorce semanas de gestación el año pasado, sin embargo, los legisladores votaron en contra del proyecto de ley que lo hacía posible.
La respuesta por este caso que recuerda el bloqueo legislativo de 2018 se compartió en redes sociales mediante mensajes en los que las mujeres publicaron fotografías de ellas a los 11 años con la etiqueta #NiñasNoMadres.
Otra de las personas que compartió el mensaje fue Thelma Fardin, una actriz que en 2018 generó una conversación nacional sobre el acoso y abuso sexual, tras acusar a un coprotagonista de violarla cuando ella tenía 16 y él, 45.
El caso de Lucía
La historia de Lucía se hizo pública cuando acudió a una clínica rural en la provincia de Tucumán el 29 de enero después de sufrir dolores de estómago durante varios días.
Los médicos descubrieron que llevaba diecinueve semanas de embarazo y la refirieron a un hospital público en Banda del Río Salí. Las autoridades dicen que la menor resultó embarazada por violación de la pareja de su abuela, quien fue arrestado.
En el hospital, Lucía y su madre dejaron claro que querían interrumpir el embarazo. En los días siguientes la niña y sus familiares quedaron atrapados en la disputa sobre el aborto en el país, mientras los funcionarios locales y activistas intentaron que no se concretara el aborto.
El aborto no es legal en Argentina en todas las situaciones. Sólo se permite en casos de violación y cuando peligra la vida de la mujer embarazada, de acuerdo con una ley de 1921, que fue reforzada en 2012.
Los empleados del hospital también permitieron que activistas antiaborto visitaran la habitación de Lucía, donde la exhortaron a continuar con el embarazo y le aseguraron que de otro modo nunca iba a ser madre, según Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), organización que representa a Lucía y a su familia.
Los familiares enviaron un correo a Ni Una Menos, colectivo dedicado a combatir la violencia contra las mujeres y que se volvió una voz destacada en la lucha por la despenalización del aborto.
Los grupos por los derechos reproductivos presentaron demandas de emergencia para que el tribunal le ordenara al hospital realizar la interrupción del embarazo. Los médicos de ahí se rehusaron, al calificarse como objetores de conciencia.
Ante esto, dos doctores del sector privado acordaron interrumpir el embarazo a solicitud del hospital. Como la gestación ya estaba tan avanzada y la menor tiene el cuerpo pequeño, los médicos tuvieron que realizar la cesárea, según Cecilia Ousset, quien practicó el procedimiento junto con su esposo, José Gigena.
Cuando terminó la intervención quirúrgica a Lucía, un grupo de activistas antiaborto protestó afuera del hospital. Los colectivos que se oponen a la interrupción del embarazo se involucraron en el caso después de que el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, envió un mensaje de audio en el que reveló la identidad real de la niña y pidió a los fieles cuidar al feto.
Las autoridades provinciales en Tucumán negaron haber actuado de manera incorrecta. En un comunicado del ministerio de Salud local dijeron que la cesárea pretendía “salvar las dos vidas”, frase similar al eslogan de quienes se oponen al aborto legal.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pidió que se apruebe una ley que volverán a presentar en los próximos meses. La posible nueva legislación puede evitar que se repitan casos como el de Lucía.