Liberación de Fujimori prevé protestas en Perú

Alberto Fujimori, expresidente de Perú, lleva cinco días en detención domiciliaria tras su salida de un penal de máxima seguridad.

Fue con la ayuda del abogado Elio Riera que el exmandatario abandonó la cárcel antes de lo pronosticado, pues en 2009 Fujimori había sido condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.

Con la condena inicial, se preveía que el expresidente saliera de prisión a los 96 años, pero con ayuda de sus defensores legales, y del exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, pasará el resto de su sanción junto a su familia.

A través de redes sociales, Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del expresidente, difundió imágenes de su padre junto a sus nietos y declaró a la prensa que acudió a las afueras de su casa que “no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido”.

Riera, defensor de Fujimori, aclaró que, de manera temporal, la familia no hará más declaraciones además de las que se hicieron la noche de la liberación del exmandatario, con quien se reunió personalmente en casa de su hija.

Parte de lo que ayudó a Fujimori a enfrentar su sentencia fue el indulto que le proporcionó el expresidente Kuczynski en 2017, lo que le permitió salir momentáneamente de prisión; sin embargo, un año más tarde regresó tras las rejas.

En 2018, el Tribunal Supremo de Perú anuló el indulto en favor de Fujimori por detectar irregularidades en su concesión.

La liberación de Fujimori “representa todas las políticas represivas de Perú”

Para el doctor Adalberto Santana, analista internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), la reciente liberación del exmandatario “representa todas las políticas represivas de Perú”

“Esa liberación implica la imposición del modelo que impuso Fujimori cuando llegó al poder y que (la actual presidenta Dina) Boluarte sigue respaldando”, opina.

Desde el punto de vista del latinoamericanista, a pesar de que el exmandatario se quedará en casa por su estado de salud, “se le protegerá por todos los sectores conservadores”.

Al cierre de esta edición, la Presidencia de Perú no emitió ningún comunicado sobre la liberación del exjefe de Estado; sin embargo, en 2021, cuando Boluarte competía por la vicepresidencia, manifestó su desacuerdo con la liberación de Fujimori.

“Nosotros tenemos las manos limpias”, declaró Boluarte sobre su candidatura junto a Pedro Castillo. “Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral Keiko Fujimori. Nuestras manos no será la mano dura”, expresó.

Aunque la postura de Boluarte durante la campaña y al inicio de la presidencia de Castillo se apegó al izquierdismo que representaron juntos, “la mano dura” por la que criticó a su opositora la implementó en las protestas que se organizaron en su contra a inicios de este año. Los manifestantes exigían su renuncia por no haber sido elegida por los electores.

Se avecinan protestas en Perú por las familias afectadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta

Tras la liberación de Alberto Fujimori, el doctor Santana prevé que se llevarán a cabo protestas para exponer el desacuerdo de gran parte del pueblo peruano con la decisión del Tribunal Constitucional.

“Hay una serie de familias afectadas por las decisiones del expresidente, sectores sociales que rechazan su liberación”, dice.

Además de cierto sector social, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional desaprobaron la liberación del expresidente. Mientras que la primera Organización No Gubernamental expuso que la decisión del Tribunal “representa una violación al derecho y justicia de las víctimas”, la otra detalló que “viola las obligaciones internacionales de Perú”.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, especificó que la liberación de Fujimori era “una bofetada a las víctimas de atrocidades”, haciendo referencia a los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

El primero sucedió el 3 de noviembre de 1991, cuando seis personas encapuchadas y armadas pertenecientes del grupo Colina irrumpieron una vivienda en Barrios Altos, matando a 15 de los presentes. El segundo fue el 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y desaparecidos. Un año más tarde sus cuerpos fueron encontrados sin vida.

De acuerdo con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) ambos casos llegaron a la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Estado peruano reconoció su responsabilidad por los hechos.

Con las protestas previstas por la liberación de Fujimori, se espera que a las manifestaciones se unan quienes piden el desencarcelamiento de Pedro Castillo, quien por intentar disolver el Parlamento fue detenido el 7 de diciembre de 2022.