El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, fue detenido este domingo como parte de la investigación por la controvertida ley marcial decretada el pasado martes por el presidente Yoon Suk-yeol.
Kim, quien dimitió el jueves, enfrenta acusaciones de traición y sedición relacionadas con su presunto papel en la sugerencia y aplicación de la medida, que generó una crisis política sin precedentes en el país. Según la fiscalía, el arresto de emergencia se justificó ante el riesgo de destrucción de pruebas.
La detención fue anunciada poco después de que Kim compareciera ante los medios para expresar su intención de colaborar con las autoridades. Durante el proceso, las autoridades confiscaron su teléfono como parte de las investigaciones.
Este hecho ocurre un día después de que fracasara en la Asamblea Nacional una moción para destituir al presidente Yoon, debido al boicot de su partido. Kim, considerado cercano al mandatario, había presentado su renuncia en reconocimiento de su responsabilidad en el caos derivado del estado de excepción.
La ley marcial y sus implicaciones han desencadenado una de las mayores crisis políticas en la historia reciente de Corea del Sur, con posibles penas de cadena perpetua para los responsables.
¿Qué pasó en Corea del Sur?
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció el pasado martes la implementación de la ley marcial en todo el país, acusando a la oposición política de llevar a cabo “actividades anti-estatales” y de intentar “erradicar las fuerzas pro-norcoreanas“.
En un discurso televisado, Yoon detalló que esta medida excepcional se toma con el objetivo de proteger el “orden constitucional” frente a lo que considera acciones subversivas por parte del principal bloque opositor, el Partido Democrático (PD).
El presidente surcoreano señaló que el PD, que ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional, está planeando “una rebelión” a través de la aprobación de presupuestos generales para 2025 con recortes significativos, así como la presentación de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, que supervisa las cuentas del gobierno.
Con información de EFE.
