Lesbianas secuestradas

La homosexualidad ha existido desde siempre. No es un fenómeno reciente –aunque sí lo es el término, como bien explica el filósofo Michel Foucault en su “Historia de la sexualidad”–. 

En mayo de 2010, El País revelaba en un reportaje que ya había documentada actividad homosexual en unas 450 especies animales. 

Tres años antes, la exposición “¿Contra natura?”, inaugurada en Oslo, explicaba que más de mil 500 especies de animales salvajes se aparean con individuos de su mismo sexo al menos en alguna ocasión en la vida.

La Federación de Psiquiatras de Estados Unidos eliminó a la homosexualidad del listado de patologías en 1972. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lo hizo en 1990.

Aún así, hay gente que sigue considerando esta orientación sexual como una enfermedad que es posible curar.

El diario argentino Página 12 se hizo eco el 30 de marzo de las denuncias de la activista Tatiana Cordero Velásquez, que lleva más de 10 años luchando contra las clínicas que pretenden “deshomosexualizar” en Ecuador.

Tatiana, según dice en su perfil de Linked In, es directora ejecutiva del Taller de Comunicación Mujer desde 1997 y anteriormente fue consultora del Programa Salud, Mujer y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud. Además, es abogada y especialista en cuerpo y diversidad sexual.

Lo que cuenta a la periodista del medio argentino Paula Jiménez y que ésta recoge en el reportaje titulado “Lesbianas anónimas” obliga a replantearse qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y pone en entredicho la tan cacareada noción de progreso.

Cordero denuncia le existencia de clínicas privadas de rehabilitación de adicciones o de problemas como la anorexia que se dedican también a internar contra su voluntad a personas homosexuales, principalmente lesbianas, con el fin de “curarlas”. En ocasiones, el anunciar que rehabilitan adicciones es únicamente para camuflar su verdadero fin y poder de esta forma quedar impunes de los delitos que cometen.

¿Cómo funcionan?

El proceso, explica, suele empezar con las familias, que no aceptan el lesbianismo de sus hijas y que dan con la clínica por el boca a boca. Una vez que se ponen en contacto con el centro, le piden ayuda. 

En este tipo de lugares, el lesbianismo se concibe como un vicio que se puede abandonar.

Las chicas llegan muchas veces allí engañadas y, cuando no es así, las familias recurren o bien a los cuerpos de seguridad de las clínicas o bien a la policía, lo cual es más grave porque supone la participación del Estado.

Una vez allí, las mujeres son sometidas a torturas psíquicas, chantaje emocional –Tatiana menciona como ejemplo la amenaza a las chicas de que si no “dejan” el lesbianismo su mamá se va a morir o su familia se va a enfermar–, torturas físicas, inanición o incluso violaciones del personal masculino que piensan que están llevando a cabo una práctica “correctiva”, como pasó en Sudáfrica.

Según explica Cordero, esta inhumana idea viene, por un lado, de ciertos sectores de la psicología y de la psiquiatría y, por otro, de diferentes religiones.

Una vez que ingresan a estas mujeres, se les diagnostica el impreciso “trastorno de conducta” y después, emulando al tratamiendo de Alcohólicos Anónimos, se les obliga  a reconocer que tienen un problema y que quieren tratarse.

Como señala Tatiana, “por supuesto que de fondo está el prejuicio lesbofóbico de que si eres lesbiana es porque no has conocido un hombre de verdad”.

¿Sólo en Ecuador?

No. Lejos de ser un fenómeno aislado, Tatiana Cordero menciona que conoce testimonios que hablan de la existencia de este tipo de centros en Perú, que también hay en Europa y que muchos de estas clínicas son sedes de centros que tienen su base principal en Estados Unidos y que se mueven por ciertas concepciones religiosas. 

Como fuente de este último dato cita al alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Uno de esos centros es Bachman&Associates Counseling Center, al que pertenece la candidata republicana Michelle Bachman. Su slogan reza así: “Donde nosotros podemos rezar y mantener a los homosexuales lejos”.

Por todo ello, Cordero insiste en que no se trata de casos aislados, sino de redes prolíficas que, además, hacen un negocio redondo porque operan al margen de regulaciones legales.

En febrero de 2011, el Taller Comunicación Mujer y el grupo Artikulación Esporádika presentaron un informe en el que reportaron que el 70 por ciento de las clínicas de “rehabilitación para adicciones” en el país presentaban una información acerca de su constitución legal y sus mecanismos de operación que contenía contradicciones, vacíos informativos e irregularidades, según el periódico ecuatoriano El Telégrafo.

De las 205 clínicas investigadas por el colectivo, 54.14 por ciento (111) no presentaban información al respecto, el 25.36 por ciento sí tenía y sí estaba calificada, el 11.71 por ciento no lo estaba y el 5.85 por ciento se encontraba realizando trámites para obtener la licencia.

De esos 205 centros, 27 fueron denunciadas ante el Consejo y el Ministerio de Salud Pública. Pero de todas esas denuncias, la Unidad de Procesos Especiales del Consejo Pichincha investigó únicamente una, también de acuerdo a El Telégrafo.

En marzo del año pasado, la entonces nueva ministra de Salud en funciones del país nombrada por Rafael Correa, Carina Vance, primera ministra además en reconocer abiertamente que es lesbiana, anunció una campaña para cerrar estas clínicas por violar derechos humanos. 

Aunque anteriormente se habían cerrado algunas, los motivos habían sido infracciones menores, pero la intención de esta campaña era reconocer la gravedad del asunto y no permitir que se volvieran a abrir. Aún así, aún queda mucho por hacer.

Un año después, los datos que da Tatiana no indican una gran mejoría: actualmente se contabilizan 227 centros en funcionamiento. Los tratamientos cuestan unos 2 mil dólares por mes y como sigue habiendo desregulación y falta de control por parte del Estado, resulta un buen negocio. 

Además, añade, prácticamente no hace falta ninguna preparación. Cualquiera, por extraño que pueda parecer, puede poner una clínica de ese tipo.

Aunque Cordero dice que los avances se dieron desde 1997 con la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador; con la Constitución de 1998, que incluyó por primera vez la no discriminación por identidad sexual; y con la llegada del gobierno de Correa, cuando se amplió la identidad de género y se tipificaron en el Código Penal los delitos de odio, aclara que “Esto no es una dádiva del Estado, aunque ciertamente ha habido apertura” y que a pesar de que ha habido reformas en los municipios y algunos cambios, el principal trabajo va de la mano de las organizaciones. 

Tatiana Cordero participó hace unos días en la primera audiencia temática dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para tratar la preocupante situación de las lesbianas en Sudamérica y analizar el patrón de discriminación y violencia hacia mujeres lesbianas que, en su conjunto, niega la existencia lésbica y sus derechos.

El caso de Paola Zirit

Entre los abusos que tuvo que sufrir esta joven de 28 años en un centro de Quito llamado, irónicamente, “Puente a la vida”, se destacan los insultos, los sexuales y las torturas.

Estar maniatada durante días, sin comer y recibiendo palizas mientras los guardias le tiraban orina y agua helada son sólo algunos de los peores sucesos. Además, según explica Jiménez, Paola pasó tres meses en total soledad, esposada a unos tubos en una habitación que llamaban “la sauna”, donde no había luz. 

En total estuvo dos años encerrada –según El Telégrafo, según CNN, 18 meses– y todo porque un familiar pagó por ello. Cuando los parientes iban a verla, estaba sedada.

Tras salir, se atrevió a contar su historia y a denunciar lo ocurrido como forma de iniciar su lucha contra este tipo de aberraciones.