Las tres posturas inesperadas

Ninguno usó el término legalización o regularización. Prefirieron el más ambiguo de “políticas alternativas”. Pero está claro que los presidentes de México, Colombia y Guatemala, al hablar en sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de considerar nuevas fórmulas para la guerra contra el narcotráfico, pensaban en una legalización al menos parcial de la venta y el consumo de drogas.

Los mandatarios de los tres países —Felipe Calderón, de México; Juan Manuel Santos, de Colombia, y Otto Pérez Molina, de Guatemala— fueron muy cuidadosos al hacer su llamado y no hicieron propuestas específicas.

Se limitaron a decir, en tono diplomático aunque enérgico, que las políticas represivas de los últimos 50 años no estaban dando resultados y que era necesario considerar otras fórmulas.

Calderón, sin embargo, lo dijo con todas las letras: “Hay que explorar específicamente alternativas regulatorias o de mercado”.

Santos y Pérez Molina “suavizaron sus comentarios, (…) pero los dos han promovido abiertamente reformas fundamentales al régimen de prohibición”, afirmó Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Drug Policy Alliance, organización que aboga por el estudio de políticas alternativas en el tráfico de drogas.

Agregó, no obstante, que “nunca antes había habido presidentes que planteasen tan claramente ante las Naciones Unidas la necesidad de un análisis serio y de una gran reforma global a las políticas contra las drogas”.

Para Nadelmann lo más sorprendente fue el discurso de Calderón, “que osadamente exhortó a las Naciones Unidas a hacer una valoración profunda de los alcances y los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas”, pudiendo ser la primera vez que un discurso presidencial en las Naciones Unidas describe el sistema de control global de las drogas de ‘prohibicionista”, indicó.

Allan Clear, director de la organización sin ánimo de lucro Harm Reduction Coalition, dijo que la propuesta de los presidentes es un “gran paso” porque las políticas de ahora “no funcionan”.

Legalización total o regulada

Las organizaciones no gubernamentales que están pendientes del tema dan por sentado que el término “políticas alternativas” es sinónimo de legalización, parcial o total.

La legalización total elimina toda forma de control gubernamental, mientras que la segunda, la regulada, establece marcos estrictos para la venta y consumo.

La legalización regulada fijaría distintas restricciones, según el mayor o menor riesgo que conlleve la droga. Establecería requisitos en torno a las dosis, la publicidad, la edad del comprador o la cantidad de droga que se puede comprar, entre otras cosas.

“La regularización de la cocaína, por ejemplo, tiene que ser mucho más severa (que la de las otras sustancias)”, dijo Pérez Molina esta semana al explicarle a la AP los alcances de sus propuestas.

Reacción de la ONU

La reacción inicial de la ONU a las propuestas de los latinoamericanos fue cautelosa. El organismo está dispuesto a estudiar el tema, pero son los países los que deben fijar sus políticas.

La subsecretaria de Estado estadoundiense Hillary Clinton, cuyo país figura en este debate por ser el principal consumidor de las drogas producidas o que transitan por América Latina, no tocó el tema cuando recibió el jueves pasado a los cancilleres centroamericanos.

Las nuevas ideas de los mandatarios han ido tomando forma en 2012 desde la Cumbre de las Américas de abril.

La propuesta de Molina

En marzo, Pérez Molina lanzó la propuesta de crear una corte regional para despenalizar el tránsito de la droga y pedirle a EU que pague por el decomiso de estupefacientes. Además, agregó que el hecho de imponerle un pago a este país es un acto de “corresponsabilidad”, ya que goza de uno de los índices más altos de consumo de drogas.

Pérez Molina pidió asimismo establecer un marco jurídico para reglamentar aspectos como la producción y el consumo de drogas y planteó la creación de una corte regional que existiría mientras dure la lucha contra el narcotráfico y que se circunscribiría a delitos relacionados.
Propuso además crear un corredor de tránsito de propósito único al igual que establecer controles fronterizos para los debidos registros.

Qué motiva estas políticas

La noción de buscar políticas alternativas responde a dos inquietudes básicas: la convicción de que no se debe llenar las cárceles de personas que consumen drogas y la de que una legalización de ese negocio, parcial o total, ayudaría a eliminar el narcotráfico y la violencia que conlleva.

Calderón describió a las mafias de las drogas como “una de las mayores amenazas para la democracias en el siglo XXI” por la violencia que engendran y su capacidad de corromper funcionarios, sobre todo en países pequeños.

Irónicamente, los ahora abanderados de legalizar de algún modo las drogas son figuras que antes habían adoptado políticas bastante intransigentes sobre este tema.

Pérez Molina es un ex militar que llegó al poder con la promesa de aplicar mano dura para erradicar la violencia, mientras que Calderón se oponía firmemente a la legalización y decía que la legalización de la marihuana en California no había funcionado.

Pero ahora, tanto Pérez Molina como Calderón, llegaron a la conclusión de que mientras haya consumo, sobre todo en Estados Unidos, habrá narcotráfico y violencia, y de que es hora de buscar soluciones alternativas.

“Es importante que enfrentemos el problema como lo que es: un problema principalmente de salud pública, más que un problema de justicia penal”, dijo Pérez Molina ante las Naciones Unidas.

“Ofrezcamos tratamiento, prevención, protección social, oportunidades económicas y desarrollo para las familias y comunidades involucradas en los mercados de drogas.

“No llenemos nuestras cárceles y desgastemos nuestros sistemas de justicia en procesar miles de casos de jóvenes que podrían tener un proyecto de vida distinto si enfrentamos el problema de manera diferente”.

“Claramente está tomando fuerza en América Latina un desafío multilateral a la guerra contra las drogas de Estados Unidos y a un fallido régimen prohibicionista”, opinó Edelman.

“Es previsible que los presidentes hablen con más fuerza todavía cuando se congreguen en la próxima Cumbre Iberoamericana de Cádiz a mediados de noviembre”.

El caso Portugal

El país luso es el único en el que es legal el consumo y posesión de todas las drogas estupefacientes, incluida la heroína. Lo es desde el 2001 y, hasta ahora, los desastres anunciados no han sucedido. Un estudio del periodista Glenn Greenwald encargado por el Cate Institute encontró que, en 2006, el consumo de drogas de los jóvenes, las infecciones de VIH y las muertes por drogas duras se habían reducido al tiempo que se había duplicado el número de personas que buscaban tratamiento para la adicción.

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