Las secuelas de la emergencia en Ecuador
Ecuador se prepara para entrar a la nueva normalidad, aunque la recuperación no será tan sencilla debido al descontento social provocado por el aumento del desempleo y el rechazo a las medidas del gobierno para reactivar a la economía
Mara EcheverríaEcuador se encamina a la nueva normalidad. Tras ser uno de los países más golpeados por el Covid-19 y a cuatro meses del colapso por la emergencia sanitaria, la mitad de sus ciudades colocaron su semáforo en amarillo, por lo que se modificaron las normas de movilidad y se suavizó el distanciamiento social.
Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Santo Domingo, Machala y Loja son algunas de las 100 urbes que se encuentran en esta fase, dado que en los últimos días reportaron menos contagios que otras como Guayas, en donde los casos confirmados suman 14 mil 475 hasta el cierre de esta edición.
Con el semáforo en amarillo y tras once semanas de confinamiento, estas ciudades dieron paso a la apertura de comercios y fábricas, aunque deben cumplir con un toque de queda que va de las de 21:00 a las 05:00 horas. También está permitido realizar actividades físicas al aire libre bajo protocolos de seguridad y, en el corto plazo, reiniciarían las actividades en bares y restaurantes, que siguen restringidos para evitar aglomeraciones.
Este retroceso económico podría ser mayor a la crisis que Ecuador vivió en 1999, conocida como “El Feriado Bancario”, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 4.7 por ciento después de que bancos privados cerraran o iniciaran un proceso de rescate por motivo de un cambio en las reglas financieras en la nación latinoamericana.
La amenaza económica luce más complicada con el aumento del desempleo en los últimos meses a causa de la contingencia. Ecuador cerró 2019 con una tasa de desocupación de 3.8 por ciento y aunque no hay datos oficiales para conocer el movimiento de este indicador en lo que va de este año, las autoridades estiman que con la pandemia serán 508 mil personas las que pierdan su trabajo.
Para atender la emergencia, el presidente Lenin Moreno aplicó recortes al gasto, lo que causó pérdidas de empleos en el sector público y redujo el presupuesto para las universidades, situación que reavivó el descontento social y las protestas en el país.
Durante el 8 de junio, cerca de tres mil personas, entre estudiantes y sindicatos, marcharon para exigir la restitución de los trabajadores despedidos. También rechazaron los acercamientos de Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Ecuador mantuvo distancia durante la administración del expresidente Rafael Correa.
Las manifestaciones en contra de las medidas de austeridad del presidente no son nuevas en Ecuador. Desde la primera semana de octubre del año pasado, el país estaba inmerso en una crisis social que llevó a las autoridades a dictar Estado de excepción en Guayaquil y Quito.
Las protestas lideradas por el movimiento indígena nacional y organizaciones de transportistas se dieron después de que Lenin Moreno anunciara que el gobierno retiraría el subsidio a los combustibles, medida que tuvo un impacto en el alza del precio de la gasolina.
Los disturbios, saqueos y violencia obligaron al presidente Lenin Moreno a cambiar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, acción que activistas consideraron como una negativa del gobierno federal a establecer una mesa de diálogo.
Una vez que las manifestaciones cesaron, la administración presidencial firmó un acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas hacer uso progresivo de la fuerza durante las protestas, medida que también ha causado descontento entre la población.
Control de Ecuador en duda
Ecuador es uno de los países de América Latina que sufrió el colapso del sistema mortuorio con la emergencia sanitaria. Fotografías y videos que mostraban la acumulación de cuerpos en las calles se hicieron virales en el mundo.
Medios locales y prensa internacional hicieron eco de la situación que revelaba que las autoridades no tenían capacidad para retirar los cuerpos de las casas, mientras familias tuvieron que esperar hasta cuatro días para que personal especializado realizara el traslado de los cadáveres.
El ministro de salud añadió que la atención de enfermedades respiratorias en el servicio de emergencia de los hospitales disminuyó de cuatro mil 904 a mil 380.
El país andino enfrentó entre marzo y abril uno de los peores brotes del coronavirus en la región, y su pico máximo fue el 27 de marzo, cuando registraron 194 decesos, de acuerdo con las cifras oficiales.
Sin embargo, los datos sobre el total de muertos podrían ser engañosos, dado que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el 29 de febrero, seis mil 065 personas han fallecido, entre casos confirmados y casos con sospecha de Covid-19, por lo que activistas también exigen mayor transparencia respecto a las mediciones del gobierno federal.
“Avanzar en esta nueva normalidad depende de todos. Hemos recorrido un gran trecho. No retrocedamos por usted, por su familia y por su país”, dijo Juan Carlos Zevallos en un mensaje televisado.