Las dos caras de la politica en Colombia
La detención Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyentes de América Latina, mantiene a Colombia dividida en entre el amor y el odio. Fue la Suprema Corte de Justicia la institución que ordenó el arresto domiciliario del expresidente de Colombia para continuar una investigación en su contra por los cargos de soborno a testigo […]
Sergio Iván GonzálezLa detención Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyentes de América Latina, mantiene a Colombia dividida en entre el amor y el odio. Fue la Suprema Corte de Justicia la institución que ordenó el arresto domiciliario del expresidente de Colombia para continuar una investigación en su contra por los cargos de soborno a testigo y fraude procesal, el pasado 4 de agosto.
Uribe, el presidente con mayor aceptación en el país latinoamericano, con la decisión de la Corte se convirtió también en el primero en enfrentar un proceso legal de tal magnitud. El ahora senador del partido Centro Democrático se ha declarado inocente y asegura que detrás de su detención hay una persecución política que afecta a sus aliados.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
El político de 83 años es una de las figuras más destacadas en Colombia. Cumplió dos periodos en la presidencia del país, tiempo en el cual logró reducir los índices de inseguridad, en medio de señalamientos por violar derechos humanos, que poco afectaron la empatía de los colombianos.
Es por ello que la decisión de la Corte cimbró a la ya polarizada política de la nación y dividió en dos al país. De un lado están los miles de ciudadanos que han tomado las calles e hicieron cacerolazos para expresar su apoyo a Uribe, a quien consideran un líder dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en un contexto marcado por la guerra que el país enfrentó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el otro extremo se encuentran ciudadanos y líderes de la izquierda, quienes acusan a Uribe de ser un asesino y de perpetrar una guerra que dejó miles de muertos en la nación, muchos de ellos de la sociedad civil, con la aplicación de su plan de Seguridad Democrática.
“Como ser humano he aprendido a no desearle el mal a nadie. Espero que el expresidente Uribe pueda resolver su difícil situación. Como ciudadano y demócrata le exijo a la justicia plenas garantías y a los colombianos pleno respeto por la justicia”, dijo el también expresidente Juan Manuel Santos, tras conocer la orden de la Corte.
La polarización de Colombia
En Colombia, la influencia de Álvaro Uribe no es desconocida, como su respaldo para el ahora presidente Iván Duque, quien revivió la propuesta de reforma judicial, con la cual se podrían cancelar futuras detenciones que se consideren injustas.
“Hay un gran consenso en sectores políticos, en la academia y en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia que corrija fallas y ese no es un tema de coyuntura, es un tema estructural”, dijo el presidente a la prensa local.
Esta reforma, cuya discusión ha sido pospuesta por los diferentes grupos políticos en el país, podría ser impulsada de nuevo por el partido Centro Democrático, creado por Uribe en 2013, y el cual lo ha llevado a ocupar una curul como senador.
La Corte deberá determinar si el exmandatario participó en la manipulación de testigos que lo relacionan con grupos paramilitares
La realidad es que la detención del expresidente polariza más a los líderes y políticos de izquierda y derecha, que no han logrado cerrar una brecha después del proceso de paz en el país, que impulsó Juan Manuel Santos durante su administración.
Para algunos analistas políticos, con la jugada de la Corte colombiana ha quedado expuesta la fragilidad de un líder que parecía intocable por la justicia, dado que después de sus dos periodos en la presidencia logró evadir las acusaciones de financiar a grupos paramilitares para enfrentar a las FARC y otros movimientos de izquierda.
“Colombia era uno de los pocos países de la región donde los políticos parecían figuras intocables. Sin embargo, esta realidad dio un giro tan dramático como inesperado y llegó un momento que pocos creyeron posible con la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez”, escribió Felipe Restrepo Pombo, periodista colombiano.
El político llegó a la presidencia en 2003 tras ganar una elección en la que tuvo el respaldo del 54.5 por ciento del electorado. Entonces, el estandarte de su campaña estaba orientado a garantizar que debilitaría la estructura de las FARC.
Álvaro Uribe recibió un país en donde las manifestaciones por la desigualdad eran el pan de cada día. Los secuestros, bombardeos y bloqueos eran frecuentes, mientras la ciudadanía deseaba que un líder hiciera flaquear a la guerrilla.
En tanto, investigaciones realizadas por organizaciones en pro de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, revelaron que durante la administración de Uribe, los solados colombianos asesinaron a miles de personas inocentes, la mayoría campesinos, a quienes hacían pasar como guerrilleros con el fin de demostrar resultados respecto a la seguridad del país.
Ahora, la Corte deberá determinar si el exmandatario más querido por los colombianos participó en sobornos, fraude y manipulación de testigos para que el paramilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de una declaración que lo vincula con la creación de estos grupos de choque y las masacres que causaron.
La detención de Uribe polarizó a los líderes y políticos de izquierda y derecha, que no han logrado cerrar una brecha después del proceso de paz en Colombia
“Más allá de esta discusión y de los amores y odios que genera Uribe, su detención es histórica. La medida de aseguramiento es una respuesta a sus vínculos, voluntarios y desde hace décadas, con situaciones sospechosas por todo tipo de hechos fuera de la ley. Que la Corte Suprema haya tomado la decisión de actuar en contra de, tal vez, el hombre más poderoso de Colombia, marca un precedente en un país donde la impunidad parecía ser la regla”, escribe Felipe Restrepo.
