La violencia de Ecuador a un año del asesinato de Fernando Villavicencio

En el primer año de la muerte del aspirante a la presidencia, el gobierno del presidente Daniel Noboa sigue con la guerra contra las organizaciones criminales
Fernanda Muñoz Fernanda Muñoz Publicado el
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Hace un año, Ecuador estaba conmocionado por el asesinato de Fernando Villavicencio, aspiarnte a la presidencia que recibió cuatro disparos al salir de un mitin político.

Villavicencio era un renuente luchador en contra de la violencia y la inseguridad en su país, razones por las que perdió la vida, dejando un caso que sigue sin resolverse.

A un año del asesinato del también periodista, hay cinco personas condenadas como autores y cómplices del ataque por su presunta relación con sicarios de Colombia para que cometieran el magnicidio.

Uno de los condenados es Carlos Angulo, alias “Invisible”, señalado por la Fiscalía como el autor intelectual que dirigió el asesinato desde prisión. De acuerdo con las investigaciones, él fue quien autorizó a Johan Castillo dispararle a Villavicencio, otorgándole 34 años de cárcel. El resto de los procesados recibieron 12 años y multas económicas por ser cómplices.

La familia de Villavicencio se dice lejana a la investigación no por su voluntad, sino porque la Fiscalía enfrenta restricciones en el acceso a la información del caso.

Respecto a las investigaciones, los familiares del político temen que la Fiscalía solo considere la hipótesis de que el expresidente Rafael Correa haya estado detrás, cuando Villavicencio no solo denunció al exgobernante, sino a muchas otras esferas del poder.

La relación de Correa con el asesinato de Villavicencio se expuso con el testimonio de un testigo protegido, quien declaró a las autoridades que por asesinar al entonces candidato presidencial había una recompensa de hasta 200 mil dólares y lo había ordenado alguien cercano a la administración del exmandatario.

Villavicencio resaltó entre la esfera política de Ecuador por sus investigaciones en contra del gobierno correísta, llevando al exjefe de Estado y a algunos de sus colaboradores a ser investigados por presuntos sobornos.

Cuando se dio a conocer el asesinato de Villavicencio, Correa declaró que su muerte fue un complot de la derecha para afectar a su aspirante, Luisa González, y cambiar la realidad electoral de ese momento.

Los niveles de violencia, retos para Daniel Noboa

Aunque en lo que va de este año los homicidios intencionales en Ecuador muestran una reducción del 19 por ciento a diferencia del año anterior, de acuerdo con las autoridades, el ascenso de la violencia en los últimos años en el país encendieron las alarmas internacionales.

De 2019 a 2013, el Observatorio Ecuatoriano de Crímen Organizado (OECO) con datos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, registró un aumento de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 7.03 a 47.25.

En cuanto al promedio diario de homicidios intencionales, mientras que en 2019 se registraron 3.25, en 2023 fueron 21.93.

Los homicidios con armas de fuego, principalmente usadas por organizaciones criminales, aumentaron 126 por ciento en 2021, en comparación con 2020. Estos continuaron con su tendencia creciente en 2022, cuanto incrementaron 122 por ciento respecto a 2021, y en 2023 se apreció un crecimiento de 79 por ciento con respecto al año anterior.

Fueron las organizaciones criminales las señaladas por cometer el asesinato contra Fernando Villavicencio, quien antes de su fallecimiento habló de las amenazas quer recibió por parte de Los Choneros, liderados por José António Macías Villamar, alias “Fito”.

“Si yo sigo mencionando el nombre de ‘Fito’ y mencionando a Los Choneros, me van a quebrar”, llegó a declarar el político a medios locales.

En su informe Mundial 2023, Human Rights Watch especificó que, junto con Los Lobos, Los Choneros operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas en Ecuador.

“En su lucha por el control territorial, las bandas criminales han intensificado los actos de violencia extrema, incluyendo decapitaciones y desmembramiento, atentados con coches bomba y ataques, y asesinatos de jueces, fiscales, periodistas y candidatos a cargos públicos”, se lee en el Informe Mundial de la organización humanitaria.

Ante la violencia e inseguridad que representan los grupos criminales, el presidente Daniel Noboa reitera constantemente sus políticas de mano dura. Mientras que en marzo pasado robusteció la capacidad operativa y táctica de las Fuerzas Armadas con el apoyo de Estados Unidos, este mes decretó un toque de queda durante siete horas por la noche y madrugada en 20 localidades del país.

El último toque de queda impuesto por Noboa se dio tras darse a conocer a través de un estudio que la mayor parte de homicidios ocurrían entre las 22:00 y 05:00 horas locales de localidades específicas como Durán, considerada un refugio de criminales dedicados al narcotráfico, secuestros y extorsiones.

En noviembre pasado que Noboa tomó posesión, el presidente más jóven que ha tenido su Estado inició una guerra interna contra las bandas criminales, lo que lo llevó a ser comparado con Nayib Nukele, presidente de El Salvador, quien ha sido tanto elogiado como criticado por sus medidas de seguridad.

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